Instrumento que permitía a las fuerzas de seguridad actuar a sus anchas. Se encarceló y torturó a miles de ciudadanos bajo el pretexto de violar la propiedad privada, el territorio y ser enemigo interno de la patria. Tras años de lucha, cuando muchos han creído superados los años negros de la infamia, Ricardo Lagos mandará aplicar dicha ley contra el Pueblo Mapuche. Al hacerlo sitúa al gobierno de la concertación al mismo nivel de quienes la promulgaron. Lagos violó todos los principios democráticos de igualdad, justicia y dignidad. Bajo la condición de Yo: el supremo, el presidente condena al pueblo Mapuche al exterminio. Es la solución para acallar la voz reivindicativa de sus dirigentes en estos años de enfrentamiento a las políticas de usurpación y de no reconocer su condición de pueblo a efectos de otorgarles autonomía territorial.
Aplicar la Ley antiterrorista es parte de la solución final. Conlleva imputar a dirigentes mapuches su participación en actividades contra la seguridad del Estado y la propiedad privada. En la actualidad más de medio millar están en prisión por dicha ley. Para evitar ser descubiertos esta es la estrategia elaborada por el Estado chileno para provocar el etnocidio y garantizar su ejecución. 1)La mordaza comunicativa. Censura y control de los medios de comunicación. Nada debe conocerse sobre dicha actividad. La prensa privada también participa; 2) La oposición es cómplice con la política del gobierno; 3)Los terratenientes campan por sus fueros y no dudan en utilizar la fuerza paramilitar a sabiendas que las fuerzas de seguridad dejarán hacer; 4)El colonialismo interno es el mecanismo de explotación vigente de los pueblos mapuches e indígenas en Chile; y 5) las transnacionales esperan beneficiarse del etnocidio y alzarse como la máxima propietaria de las riquezas hidráulicas. La española ENDESA ya lo hizo en 1999 con la presa RALCO al quedarse con los territorios del pueblo Pehuenche y causar la desaparición del patrimonio cultural del mismo. Así, todos son parte de un festín propio de la globalización neoliberal no apto para demócratas.
La lucha fue dura. RALCO un punto de inflexión. Ahora se pasa al ataque final. En diciembre de 2001 se acusará de un incendio intencionado de pinos, propiedad de Forestal Mininco, a lideres de la coordinadora Arauco Malleco y comuneros mapuches. Se les aplicará la ley antiterrorista, entre otros a Héctor Llaitul, Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil, Patricia Troncoso y José Henchunao. Esta estrategia pueril es la forma de mostrar al pueblo Mapuche el descontento por su correosa defensa de los derechos territoriales. No deben levantar la cabeza frente al hombre blanco. Y si lo hacen, sufrir las consecuencias. El gobierno aplica la ley antiterrorista como montaje del Estado. Posteriormente simula un juicio donde los testigos de la acusación salen encapuchados , sin rostro, sin nombre real. Donde comuneros mapuches inculpan a sus compañeros tras torturas y amenazas de muerte a sus familias y allanamientos de sus domicilios. Y cuando superan el miedo y cuentan la verdad de los hechos, el juicio es suspendido sine díe por orden del Estado, pero no se paralizan las sentencias. Tras siete años y ante la ignominia, en octubre de 2007 viene una huelga de hambre. Hoy en 2008 Patricia Troncoso va a cumplir ochenta días. Esta a punto de morir. El resto de inculpados desisten esperando una rectificación por parte del gobierno. Su pliego de peticiones es simple: libertad presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin de los allanamientos policiales. La mediación del Obispo de Temuco parece no ser suficiente. Patricia ha perdido 22 kilos. Su carta a Bachelet es descarnada, aquí algunos párrafos: “Yo quiero preguntarle…. Usted que fue prisionera política. Usted que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Que siente usted señora presidenta?…¡Qué lastima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Quizá le servirá como referencia, pero, sabe qué: Usted con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan, hoy en día nos torturan condenandonos a una muerte silenciosa”.
El informe del relator especial de las Naciones Unidas y las libertades fundamentales de los Indígenas Rodolfo Stavenhagen, a dos años del caso, en 2003, recomendaría al Estado de Chile: no criminalizar y penalizar las legítimas actividades de protesta social de las comunidades indígenas, la no aplicación de la ley antiterrorista, la revisión del caso de los lonkos procesados, la reforma del proceso penal de testigos sin rostro, no aplicar el concepto de amenaza terrorista o asociación delictuosa para hechos relacionados con la lucha por la tierra o reclamos legítimos de los pueblos indígenas. Asimismo mostró en nombre del Comité la preocupación por aplicar dos leyes: la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado en las tierras ancestrales mapuches. Sin embargo, sus recomendaciones han quedado sin efecto y son desoídas. El exterminio del pueblo mapuche es el objetivo. El plan del gobierno de la Concertación y la oposición sigue siendo el exterminio. Para este objetivo, Chile desconoce tratados internacionales, no cumple convenios, ni respeta acuerdos. Sus mandatarios son poco fiables, rastreros y mentirosos. Esperemos que el Estado chileno no consume su crimen de lesa humanidad contra el pueblo Mapuche. Si lo hacen, los actuales dirigentes políticos entran a la historia como etnocidas. Van por el buen camino aplicando la ley antiterrorista.
