En Marzo del 2006 se iniciaron las construcciones del megaproyecto inmobiliario Costanera Center consistente en 4 torres, una de ellas de 64 pisos, la más alta de Latinoamérica, según algunos y un centro comercial, con una inversión de 600 millones de dólares. Como en esa fecha no se contaba con un permiso de edificación que considerara todas las características de la obra en ejecución, lo que fue denunciado por nuestra organización, se nos respondió que la edificación se amparaba en un permiso del año 2001 que ampliaba y alteraba otro del año 2000, el cual a su vez modificaba uno del año 1991. Curiosa y extensa tramitación administrativa de 15 años, la que consideramos un nuevo récord de Guinnes para Chile.
En Junio de 2007 la Contraloría General de la República dictaminó que las obras no eran concordantes con los términos del permiso de edificación otorgado el año 2001 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Providencia, pero que las faenas correspondían a un anteproyecto aprobado en el 2006, el cual no había dado lugar al permiso de edificación correspondiente. Es decir, el titular del proyecto, empresa que considera insignificante adscribirse a la legislación vigente, actuó como Pedro por su casa porque no le gustan las “trabas burocráticas”.
También la Contraloría le impartió instrucciones precisas a esa Municipalidad y en tal sentido le espetó que cuando se otorgara el permiso definitivo era necesario regularizar aquellas situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, tales como la cantidad de estacionamientos previstos en la obra y con los estudios de impacto vial y ambiental. El ente fiscalizador le dio un plazo perentorio de 10 días a ese municipio para que le informara acerca de las medidas que iba a adoptar. Y ahí apareció el alcalde diciendo que el misterioso permiso existía y que se había otorgado el 30 de Marzo de 2007, lo que significa que la Contraloría no estaba al tanto de aquello. En todo caso, ese permiso que logramos conocerlo, no es válido.
Dada la enorme superficie construida que se contempla en el proyecto, es necesario disponer de unos 11.000 estacionamientos para vehículos, tal como lo manda la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero Costanera Center dice que va a construir sólo 4.500, que eran los aprobados el año 2003, cuando el proyecto era sustantivamente más pequeño. Y para no incomodar a ese simpático inversionista, el MOP está de acuerdo en que se reemplacen los estacionamientos faltantes por una solución de transporte público, lo cual nos parece acertado en líneas generales, pero inaceptable cuando lea más adelante la “fórmula”.
Nos hemos impuesto por la prensa que son muy amistosas las conversaciones entre ese ministerio y Paulmann para ampliar el Metro desde la Estación Tobalaba hasta el complejo comercial y oh sorpresa ! nos hemos informado que la armonía ha llegado a niveles francamente desusados porque se está pensando que el financiamiento de la extensión de la línea férrea sería compartida. Es decir, ante la libre decisión de un actor privado de edificar centenas de miles de metros cuadrados para comercio, el Estado con fondos públicos, lo ayudaría a facilitarle las entradas/salidas de sus clientes.
Por nuestra parte, sostenemos que en un sistema de libre mercado cada actor económico se hace cargo de sus propias decisiones y por ello la solución del Metro al Mall debe ser asumida íntegramente por quien decidió levantar el magno complejo mercantil en la zona ya saturada de las avenidas Tobalaba, Vitacura, Andrés Bello, El Bosque y Apoquindo, límite de las comunas de Providencia y Las Condes. Esperamos que esta vergonzosa experiencia sirva para que el Gobierno se atreva, de una vez por todas, a planificar el desarrollo de las ciudades, antes que sea demasiado tarde. Patricio Herman P.
Fundación “Defendamos la Ciudad ”
También la Contraloría le impartió instrucciones precisas a esa Municipalidad y en tal sentido le espetó que cuando se otorgara el permiso definitivo era necesario regularizar aquellas situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, tales como la cantidad de estacionamientos previstos en la obra y con los estudios de impacto vial y ambiental. El ente fiscalizador le dio un plazo perentorio de 10 días a ese municipio para que le informara acerca de las medidas que iba a adoptar. Y ahí apareció el alcalde diciendo que el misterioso permiso existía y que se había otorgado el 30 de Marzo de 2007, lo que significa que la Contraloría no estaba al tanto de aquello. En todo caso, ese permiso que logramos conocerlo, no es válido.
Dada la enorme superficie construida que se contempla en el proyecto, es necesario disponer de unos 11.000 estacionamientos para vehículos, tal como lo manda la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero Costanera Center dice que va a construir sólo 4.500, que eran los aprobados el año 2003, cuando el proyecto era sustantivamente más pequeño. Y para no incomodar a ese simpático inversionista, el MOP está de acuerdo en que se reemplacen los estacionamientos faltantes por una solución de transporte público, lo cual nos parece acertado en líneas generales, pero inaceptable cuando lea más adelante la “fórmula”.
Nos hemos impuesto por la prensa que son muy amistosas las conversaciones entre ese ministerio y Paulmann para ampliar el Metro desde la Estación Tobalaba hasta el complejo comercial y oh sorpresa ! nos hemos informado que la armonía ha llegado a niveles francamente desusados porque se está pensando que el financiamiento de la extensión de la línea férrea sería compartida. Es decir, ante la libre decisión de un actor privado de edificar centenas de miles de metros cuadrados para comercio, el Estado con fondos públicos, lo ayudaría a facilitarle las entradas/salidas de sus clientes.
El ministro Bitrán ha expresado que la ampliación del Metro a Costanera Center costaría unos 50 millones de dólares y que el privado debería aportar escasos 12 millones de dólares para construir la estación en su propiedad y que el Metro, es decir, todos los contribuyentes, debería asumir el costo de la línea y el material rodante que suman 38 millones de dólares. El representante de la presidenta Bachelet manifestó que esta proporción es “justa y lógica” (sic) para evitar los entorpecimientos de los flujos peatonales y vehiculares en ese colapsado sector de la ciudad.
Por nuestra parte, sostenemos que en un sistema de libre mercado cada actor económico se hace cargo de sus propias decisiones y por ello la solución del Metro al Mall debe ser asumida íntegramente por quien decidió levantar el magno complejo mercantil en la zona ya saturada de las avenidas Tobalaba, Vitacura, Andrés Bello, El Bosque y Apoquindo, límite de las comunas de Providencia y Las Condes. Esperamos que esta vergonzosa experiencia sirva para que el Gobierno se atreva, de una vez por todas, a planificar el desarrollo de las ciudades, antes que sea demasiado tarde. Patricio Herman P.
Fundación “Defendamos la Ciudad ”