Santiago.- La Fundación Defendamos la Ciudad se ha visto en la necesidad de recurrir nuevamente a la Contraloría General de la República para que ésta haga imperar la ley con ocasión del megaproyecto Costanera Center de Cencosud, edificándose desde los inicios de Marzo de 2006, sin un permiso de edificación apegado al marco regulatorio urbano-ambiental.
Patricio Herman de la organización ciudadana expresó “una vez más las direcciones de obras municipales, en este caso la de Providencia, avalan que un agente privado inicie su proyecto inmobiliario violando la Ley Geneneral de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza, la regulación establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Ley Nº 19.300.
El titular del negocio, comenzó su magnífica y altísima torre de 62 pisos, más otras tantas, hace 20 meses y a la fecha no existe un permiso de edificación que considere las aprobaciones previas ambientales de la Corema, el análisis de transporte del Seremi correspondiente. Es más, esa díscola municipalidad se ha dado el lujo de impedir el libre acceso a este tipo de documentación de carácter pública, lo cual es gravísimo en un país democrático que dice combatir la corrupción. Lo que corresponde en rigor, es la inmediata paralización de faenas hasta que el titular resuelva con las autoridades competentes las tramitaciones de los permisos sectoriales”.
El titular del negocio, comenzó su magnífica y altísima torre de 62 pisos, más otras tantas, hace 20 meses y a la fecha no existe un permiso de edificación que considere las aprobaciones previas ambientales de la Corema, el análisis de transporte del Seremi correspondiente. Es más, esa díscola municipalidad se ha dado el lujo de impedir el libre acceso a este tipo de documentación de carácter pública, lo cual es gravísimo en un país democrático que dice combatir la corrupción. Lo que corresponde en rigor, es la inmediata paralización de faenas hasta que el titular resuelva con las autoridades competentes las tramitaciones de los permisos sectoriales”.
Por su parte, Jorge Cisternas, de la misma organización fiscalizadora manifestó “le hace muy mal al nuestro sistema económico de libre mercado estos comportamientos que ponen en entredicho a nuestro Estado de Derecho. Las autoridades centrales recurrentemente se vanaglorian, en términos que en nuestro país las instituciones funcionan. No concordamos con esa autocomplaciente posición y por ello denunciamos este tipo de hechos ante la autoridad autónoma que debe fiscalizar los actos administrativos, ya sea de las municipalidades, como de los servicios públicos del ejecutivo. Veremos cuál será el epílogo de esta nueva vulneración a la ley”.