El documento, firmado por los presidentes de los sindicatos, es indispensable para la entrega de los cheques. Luego del incidente la copia original fue devuelta a la notaría.
Jimmy Becerra, uno de los pescadores que protagonizó la quema y que además lideró la oposición a la construcción del ducto los años 1996 y 1997, afirmó:
“Siempre hemos dicho ‘el mar no tiene precio’ no lo vamos a vender ni transar. Celco hizo un negocio equivocado con personas que no viven en Mehuín, que trabajan en empresas forestales y madereras, y con Joaquín Vargas que creó un sindicato fantasma con puras mujeres. Todo esto nos da más fuerza”, indicó
El trabajador denunció además que representantes de la empresa forestal “han convencido a 9 de los pescadores de nuestro sindicato que son analfabetos y los trajeron para que firmen un contrato a mano que ni siquiera pudieron leerlo. Están trayendo gente de Punta Arenas y Aysén que ya no trabajan en Mehuín. Nosotros no vamos a transformar a nuestro mar en un basurero por tres millones de pesos”, subrayó.
El convenio compromete a la empresa a respetar el derecho de los trabajadores a su actividad pero, a la vez, los obliga a trabajar para que el emisario submarino se convierta en una realidad.
En el acuerdo se consigna que se cancelarán 3 millones de pesos a cada uno de los 99 trabajadores al momento de firmar su acuerdo. A ello se sumará 1,5 millón de pesos al finalizar la primera etapa de las mediciones y toma de muestras, e igual suma al finalizar la segunda. Además, se cancelará un millón de pesos por persona cuando la autoridad otorgue su aprobación al EIA y una suma igual cuando empiece a operar el emisario. En ese mismo momento se entregarán 5 millones de pesos adicionales a cada sindicato. Además, trimestralmente se pagarán “dos ingresos mínimos mensuales” (unos 288 mil pesos) hasta llegar a 120 cuotas.
Las negociaciones han generado reacciones entre los trabajadores, liderados por Joaquín Vargas y Eliab Viguera: el primero apoya el convenio, y el segundo anunció una resistencia como la de agosto de 2006, cuando la Armada denunció el uso de armas para sabotear barcos de la celulosa.