Junto al pago de la multa, adjuntó un documento de 7 páginas que hizo llegar al superintendente Guillermo Larraín.
Redactado por José Tomás Errázuriz, el texto reafirma la defensa que ha hecho el también aspirante presidencial desde el 6 de julio pasado, cuando se conoció el dictamen en su contra: “Se trata de una medida discriminatoria y arbitraria”, reiteró.
Junto con recordar que la propia Superintendencia descartó el uso de información privilegiada, subraya que el hecho de haber sancionado “el deber de abstención” significa un cambio intempestivo de la normativa que el propio organismo ha aplicado desde 1981 -cuando comenzó a regir la ley- para casos similares.
“Como consta al superintendente, no existe ningún oficio, circular, dictamen o norma de carácter general emanado de la SVS que modifique o complemente dicho criterio, de forma alguna; y menos aun que sugiera o haga referencia siquiera al “deber de abstención” -prescindiendo de todo uso de información privilegiada- que fue ahora invocado por la misma SVS como único fundamento en mi contra”, dice parte del escrito.