En el ámbito internacional se incuban acciones terroristas que nadie sabe dónde ni cuándo pueden aflorar con sus secuelas de muerte y dolor, como los recientes atentados en Yemen, Londres y Glasgow, obligando a las fuerzas de los países implicados a actuar como reacción a los ataques. Las naciones organizadas no han enfocado adecuadamente su lucha contra estas amenazas continuas y, poco a poco se va creando en el mundo una sensación de inseguridad pública de insospechadas consecuencias, precisamente uno de los principales objetivos de los terroristas: desestabilizar, confundir y causar pánico.
El terrorista no busca precisamente a sus víctimas, a las que ni siquiera conoce, salvo casos puntuales de acciones dirigidas contra determinados gobiernos, militares o grupos en conflicto, sino que se encuentra empeñado, bajo el pretexto de un fin superior, en políticas de largo alcance para terminar con el orden social imperante, creando condiciones que faciliten la obtención de sus objetivos, ya sea hacerse del poder, del gobierno o establecer una supremacía religiosa o étnica que domine sin contrapeso.
Frente a la realidad, los diferentes agentes en lucha contra el terrorismo no han comprendido o no han querido comprender, que acciones aisladas o conjuntas de respuesta a la fuerza por la fuerza están destinadas al fracaso, al apagar el incendio con combustible incrementando las llamas, produciendo reacciones contrarias a las buscadas. La única forma efectiva de lucha contra el terrorismo consiste en la adopción de planes globales de Derechos Humanos públicos, que delimiten la política de todos y de cada uno en un firme camino de prevención, de investigación y de sanción, con métodos que dejen de lado los abusos que se cometen en nombre de la “guerra contra el terrorismo”.
No es aceptable que a la hora de condenar violaciones a los Derechos Humanos se mantenga una doble moral que menoscaba el sistema colectivo de seguridad representado por el Derecho Internacional, respaldando la intervención armada y mostrándose indiferente con el cumplimiento de normas humanitarias mínimas; reclamando por lo que se hace en nuestros territorios, pero no por lo que hacemos en otros. Como ejemplo, baste con recordar las atrocidades en cárceles y lugares de detención -con mención especial para Guantánamo-, o la aparente preocupación por los sufrimientos de los civiles irakíes por el uso de armas terribles de impredecibles efectos, como las “bombas racimo” sobre zonas densamente pobladas.
Fortalecer el principio de la jurisdicción universal y respaldar a la Corte Penal Internacional, sin otorgar inmunidades a ciudadanos de países que no son parte ni han adherido al “Estatuto de Roma”; no permitir la venta de armas ni otorgar apoyo militar a involucrados en conflictos como el del Medio Oriente, reconocidos por la falta de respeto a los Derechos Humanos, aplicando cabalmente los principios de conducta vigentes; apoyar políticas de asilo, refugio, asentamiento y estabilización de desplazados que huyen; establecer políticas claras y definitivas sobre erradicación de la tortura; y hacer pública en todo momento la firme disconformidad de los gobiernos con medidas “antiterroristas” que violan derechos fundamentales, son algunas de las políticas que se hace indispensable implementar y adoptar sin contemplaciones, para lograr el interés común de terminar con las acciones que ponen en riesgo la vida de los civiles en el mundo, en todos sus aspectos.
Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central
Profesor de Derecho, Universidad Central
Coordinador Justicia Internacional y CPI, Amnistía Internacional-Chile