En medios pluralistas e independientes como El Clarín, La Nación, El Mostrador y El Periodista hemos dado cuenta de las trampas detectadas en la Municipalidad de Las Condes para que los titulares de los proyectos inmobiliarios más lujosos del país paguen una mínima fracción de lo que les corresponde por concepto de derechos por la calidad de la construcción de sus obras, triquiñuela que produce ganancias para ellos e importantes mermas económicas a la propia municipalidad. De esta manera, por extensión, se perjudica a los más pobres de la comuna porque así “no hay plata” para gastos sociales.
También nos hemos referido a la argucia que propicia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien obliga a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago en orden a que el funcionario a cargo de los permisos de edificación “certifique” que los departamentos de las torres habitacionales que se construyen en el centro de la ciudad son “viviendas sociales” con lo cual, entre otras cosas, quedan exentos de construir estacionamientos y se obtienen beneficios tributarios.
Estamos hablando de los llamados edificios colmenas, cuyos compradores reciben un subsidio de UF 200 de cargo del Estado por concepto de “Renovación Urbana”, lo que en rigor debiera llamarse “Deterioro Urbano” porque al ser tan diminutos la mayoría de esos departamentos es imposible atraer a las familias a vivir en ellos. Esta situación está radicada en la Contraloría General de la República y en el Servicio de Impuestos Internos, órganos públicos que en un tiempo más tendrán que poner las cosas en su lugar, independientemente que, gracias a las publicaciones que se han hecho en los medios de prensa no amarrados al sector inmobiliario, la Comisión de Vivienda del Senado se abocará a conocer estos malabares.
Ahora bien, recientemente la Contraloría General de la República dictaminó que el ardid mencionado en el primer párrafo constituye un comportamiento no ajustado a derecho, por lo cual la Municipalidad de Las Condes deberá clasificar correctamente todos los permisos de edificación denunciados y le exigió al alcalde Francisco de la Maza que ordene su casa instruyendo a la díscola Dirección de Obras en orden a que en lo sucesivo utilice el cuestionario de atributos de la construcción oficialmente reconocido, aparte de ordenar la instrucción de un proceso sumarial para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Tales funcionarios pillines, a objeto de congraciarse con algunas inmobiliarias, habían modificado los formularios entregados por el Minvu, reduciendo la cantidad de atributos evaluables en terminaciones e instalaciones y sorprendentemente habían delegado (sic) su llenado a los propios inmobiliarios, los que en aras de la “eficiencia” comercial cometían errores para pagar menos. Todo lo anterior, como se estila en Chile, bajo el sacrosanto principio de la buena fe, como argumentan aquellos regalones cuando son descubiertos en sus ruindades.
La Contraloría General certeramente expresó al respecto “resulta cuestionable que la clasificación otorgada a todos los permisos analizados, sea aquella que efectivamente les correspondía” y sentenció que los anteriores “no se ajustan a la normativa vigente”. Para remediar las ilegalidades cometidas, el nuevo Contralor General le dio un plazo fijo al Alcalde de Las Condes para que le informe en detalle acerca del resultado de las medidas correctivas, plazo que venció el 7 de Junio pasado.
Pero lo más interesante es que, en base al artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el idóneo concejal Hugo Unda le entregó todos los antecedentes al Fiscal del Ministerio Público, ya que estamos ante una defraudación al patrimonio de esa municipalidad. El mencionado artículo establece que los funcionarios municipales son administrativa, civil y criminalmente responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esa Ley. Y tocó la favorable casualidad que el Fiscal que investigará el desbarajuste municipal será el conocido y probo Xavier Armendáriz, lo que significa que los políticos lobbistas de la plaza no tendrán cabida para arreglar el entuerto.
Estamos hablando de los llamados edificios colmenas, cuyos compradores reciben un subsidio de UF 200 de cargo del Estado por concepto de “Renovación Urbana”, lo que en rigor debiera llamarse “Deterioro Urbano” porque al ser tan diminutos la mayoría de esos departamentos es imposible atraer a las familias a vivir en ellos. Esta situación está radicada en la Contraloría General de la República y en el Servicio de Impuestos Internos, órganos públicos que en un tiempo más tendrán que poner las cosas en su lugar, independientemente que, gracias a las publicaciones que se han hecho en los medios de prensa no amarrados al sector inmobiliario, la Comisión de Vivienda del Senado se abocará a conocer estos malabares.
Ahora bien, recientemente la Contraloría General de la República dictaminó que el ardid mencionado en el primer párrafo constituye un comportamiento no ajustado a derecho, por lo cual la Municipalidad de Las Condes deberá clasificar correctamente todos los permisos de edificación denunciados y le exigió al alcalde Francisco de la Maza que ordene su casa instruyendo a la díscola Dirección de Obras en orden a que en lo sucesivo utilice el cuestionario de atributos de la construcción oficialmente reconocido, aparte de ordenar la instrucción de un proceso sumarial para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Tales funcionarios pillines, a objeto de congraciarse con algunas inmobiliarias, habían modificado los formularios entregados por el Minvu, reduciendo la cantidad de atributos evaluables en terminaciones e instalaciones y sorprendentemente habían delegado (sic) su llenado a los propios inmobiliarios, los que en aras de la “eficiencia” comercial cometían errores para pagar menos. Todo lo anterior, como se estila en Chile, bajo el sacrosanto principio de la buena fe, como argumentan aquellos regalones cuando son descubiertos en sus ruindades.
La Contraloría General certeramente expresó al respecto “resulta cuestionable que la clasificación otorgada a todos los permisos analizados, sea aquella que efectivamente les correspondía” y sentenció que los anteriores “no se ajustan a la normativa vigente”. Para remediar las ilegalidades cometidas, el nuevo Contralor General le dio un plazo fijo al Alcalde de Las Condes para que le informe en detalle acerca del resultado de las medidas correctivas, plazo que venció el 7 de Junio pasado.
Pero lo más interesante es que, en base al artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el idóneo concejal Hugo Unda le entregó todos los antecedentes al Fiscal del Ministerio Público, ya que estamos ante una defraudación al patrimonio de esa municipalidad. El mencionado artículo establece que los funcionarios municipales son administrativa, civil y criminalmente responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esa Ley. Y tocó la favorable casualidad que el Fiscal que investigará el desbarajuste municipal será el conocido y probo Xavier Armendáriz, lo que significa que los políticos lobbistas de la plaza no tendrán cabida para arreglar el entuerto.
Patricio Herman P.
Agrupación “Defendamos la Ciudad”