El portavoz de la empresa Chiquita, Michael Mitchell, dijo que la empresa espera que el juez Lamberth acepte el acuerdo alcanzado por las partes, e insistió en que, para la empresa, la seguridad de sus empleados fue la “prioridad principal”.
“La seguridad de nuestros empleados siempre fue la principal prioridad de la empresa. Pensamos que un cese abrupto de los pagos podía haber puesto en peligro a los trabajadores”, explicó Mitchell.
Según el vocero, la compañía se puso en contacto con las autoridades de Estados Unidos en junio de 2004 al enterarse de que una ley federal de 2001 prohibía hacer negocios con agrupaciones terroristas.
Chiquita Brands, que tenía alrededor de 4 mil empleados en Colombia, vendió sus operaciones “con una pérdida sustancial” y ahora mantiene vínculos con “productores bananeros independientes” que venden la mayor parte de sus productos en Europa, explicó Mitchell.
Durante la audiencia el fiscal Jonathan Martin Malis indicó que los pagos realizados por Chiquita Brands a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por “servicios de seguridad” fueron aprobados por los altos cargos de la empresa, pese a que sabían que ese grupo era una “organización terrorista”.
Esa calificación ha sido adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de la lucha antiterrorista.
Según la acusación, Chiquita abonó a los escuadrones paramilitares de las AUC más de 100 pagos por un total de 1,7 millones de dólares para proteger sus operaciones en las zonas bananeras de Santa Marta (norte) y Urabá (noroeste).
Como parte del acuerdo, Chiquita Brands se compromete a establecer un programa de ética para garantizar la legalidad de sus prácticas empresariales en el futuro. Además, acepta cooperar con la investigación en curso.