Quienes posiblemente sí canalizan rabia, como ya lo han hecho en otras ocasiones, son los camioneros. El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Andrés Ovalle, advirtió durante la primera semana de enero que su gremio ha llegado “a un punto de no retorno. La autoridad no ha querido hacerse cargo de nuestras demandas y las autopistas dicen que cobran lo que la ley les permite. Entonces, como estamos en democracia, los transportistas de carga protestaremos y nos haremos escuchar con nuestras herramientas de trabajo, es decir, con los camiones”.
Pese a esta gran voluntad, el gobierno también tiene la suya. La decisión del alza ya es un hecho, y variará, según la hora, las circunstancias y la zona, hasta en un 99 por ciento, según calculó El Mercurio y publicó el domingo 7 de enero (como ejemplo, pone que en la Autopista Central, entre San Bernardo y Santiago, los viajes durante 20 días hábiles subirán desde 14.200 pesos a 28.306 pesos). Un reajuste mayor a cualquier otro servicio público y que viene a escorar aún más los presupuestos destinados a transporte. Según las estadísticas de inflación del año pasado, este sector, con un alza del 6,1 por ciento anual, lideró al resto de los rubros que forman la denominada canasta de precios.
Aun cuando no se han visto masivas manifestaciones ciudadanas en contra del alza de los peajes, ello pese a los llamados a boicotear a los concesionarios hechos por una asociación de “automovilistas unidos” y por el mismo vicepresidente del Senado, el socialista Jaime Naranjo (llamó a “boicotear estas carreteras para poner fin a la serie de abusos legalizados por el MOP. ¡¡Basta de abusos!!”), hay algunos antecedentes que podrían interpretarse como un rechazo, un enfrentamiento del usuario a estas concesionarios. El automovilista no ha dejado de usar las autopistas, pero muchos de ellos han dejado de pagar. No fue necesario ni los llamados de Naranjo, en tanto la recomendación de Bitrán parece totalmente innecesaria.
Una reciente información arroja los siguientes datos, los que no son simplemente una estadística numeral, sino que apunta hacia nuestro comportamiento social y también económico. Los juzgados de Policía Local de Santiago están saturados de infracciones por no uso de TAG en las autopistas urbanas concesionadas. A diciembre, estos juzgados acumulaban un millón 648 mil 73 infracciones, lideradas por Costanera Norte y Autopista Central. Un volumen ingente de faltas que queda en la impunidad: los juzgados, al no tener la infraestructura para absorber tal demanda de faltas, sólo cita al 15 por ciento de los infractores. Ante esta falencia jurídica o normativa se puede hacer el siguiente ejercicio. Si aumenta el número de infractores al sumarse muchos de ellos a un creciente boicot, los juzgados, proporcionalmente, citarían cada vez a menos conductores.
2.-La complejidad de la política posmoderna. Los socialistas en el gobierno, que es (ya no sabemos si por teoría, tradición, historia o marketing) la izquierda del espectro político, defienden las autopistas concesionadas, en tanto desde la ultraconservadora, ultraderechista y pinochetista Udi el senador Pablo Longueira ha prometido defender al automovilista chileno de los abusos cometidos por la autoridad (socialista). Tal como lo hizo el 2005, cuando puso una querella contra las concesionarias por la entonces intención de aplicar la tarifa por congestión, esta vez Longueira anuncia que seguirá pasos similares. Pero esta vez desarrolla sus argumentos en una singular lógica, la que tiene no pocos elementos de la lucha de clases. Durante la primera semana de enero, el senador Udi y posible candidato 2009 de la derecha, desplegó la siguiente y singular hipótesis para comprobar que la tarifa es discriminatoria: “Es lo mismo que pongamos una tercera tarifa en el agua y en la luz, de tal forma que hay chilenos que no puedan tener luz y agua para que hayan otros chilenos que sí la puedan tener”. Pero fue aún más claro en su neo socialismo. Para que no haya dudas, el ingeniero dijo: “Finalmente, si van a estar todos en el taco, estarán los ricos y la clase media en el mismo taco y a la misma hora”.
Sólo faltó incluir a los pobres, los que irán en el Transantiago; pero esa es otra discusión. El automovilista es la apetecida y muy disputada clase media, la que, según no pocas encuestas, es en términos subjetivos prácticamente toda la población. Todos nos identificamos con la clase media, aun cuando en la autopista unos viajen en un potente 4×4 climatizado y otros en un utilitario de comienzos de la década pasada. La clase media, el grupo al que apelan todos, desde Longueira a los socialistas como Naranjo y el mismo presidente del partido, Camilo Escalona, hoy viaja de forma masiva en automóvil. Salvando todas las distancias, hoy en día subir los peajes es como subir la locomoción colectiva, un alza tan sensible como lo fue algún día el reajuste del kilo de pan. Difícilmente es posible sostener y justificar un alza de hasta un cien por ciento de la noche a la mañana.
La irrupción del también socialista, el ex senador Antonio Viera-Gallo en este debate, pero desde el bando de las concesionarias y como contrincante de Longueira, hizo aquella semana enfurecer a Escalona. Viera Gallo es abogado defensor de las empresas ante las demandas de los automovilistas, de la ciudadanía o ante las demandas –como ha de haber pensado Escalona- del gran electorado. Junto a su labor de defensor del sector privado, el ex senador es también asesor del Ministerio de Interior en seguridad ciudadana, pluriempleo que sólo en apariencia es contradictorio. Viera-Gallo no juega a dos bandas: sus intereses personales están en plena armonía con los intereses del gobierno. Y para ello basta recordar las declaraciones del ministro Bitrán, que en una entrevista el domingo 7 de enero amenazó a los automovilistas morosos en su pago del TASG con la cárcel: “Los deudores del TAG eventualmente irán a la cárcel”, sentenció el titular de Obras Públicas y hombre en el gobierno de las concesionarias.
3.- Socialismo para todos los gustos. Las concesionarias han recurrido, aparentemente con éxito, a otras herramientas normativas, las que podrían endurecer las penas. Hace unas semanas el Tribunal Constitucional evacuó una resolución a favor del artículo 42 de la Ley de Concesiones, lo que permitiría a estas empresas cobrar hasta 40 veces el monto que un usuario moroso o infractor tenga con la autopista.
Esta medida, que aún no está en vigencia, ha recibido el respaldo de los administradores de las carreteras. Herman Chadwick, presidente de la asociación de estas concesionarias, dijo en una lógica a toda prueba que si se ponen flexibles, las gente simplemente no va a pagar los TAGs. La pena, que parece extrema, está, como se ha mencionado, en la normativa en uso y sería la respuesta al millón y medio de infractores. Por cierto que también le restaría éxito a los intentos de boicot.
De estos argumentos participa el socialista Viera-Gallo, quien ha conseguido titulares en la prensa muy poco amigables con las intenciones de su partido. La nueva actividad del ex senador, que él defiende como el trabajo de cualquier ciudadano, encolerizó a Escalona precisamente cuando los escándalos de corrupción ahoga a la Concertación. En la oportunidad, y es bien probable que durante enero sucedan otras, Escalona dijo que la situación era muy compleja, de difícil explicación hacia la ciudadanía. “Cómo explicarle a la opinión pública que un militante socialista, ex senador, represente a las concesionarias frente a las demandas de los usuarios en relación al manejo abusivo del TAG y al mismo tiempo haga declaraciones diciendo cómo la Concertación maneja mejor sus asuntos”.
Escalona llevó el problema aún más lejos. Además de haber definido el evento como “una señal confusa”, advirtió que “si una persona va a dedicarse a abogado de las concesionarias, tiene que dedicarse a abogado de las concesionarias. ¡No puede tener un doble rol!”.
El siguiente paso fue intentar reflotar la discusión sobre el lobbying y las actividades que numerosos ex altos funcionarios públicos, incluso subsecretarios y ministros, realizan en el sector privado. No lo dijo con todas sus letras, pero era evidente que el presidente del Partido Socialista buscaba colocar un nuevo tema anexado a la corrupción en la agenda. Por cierto que cabe recordar que las actividades del sancionado PPD o en la actualidad ex PPD Jorge Schaulsohn no difieren en mucho de las de un clásico lobbysta.
4.- Nuestra diaria corrupción. El sociólogo Felipe Portales (ver PF XXXX) considera que la corrupción institucionalizada es la peor corrupción de todas. Es lo que le hace ver a Chile como uno de los países más corruptos del mundo. Es así como Portales sostiene la tesis de la corrupción ideológica. “Algo que deja de ser lo que es. Algo que se pudre”, sostiene Portales. “Cómo no va a ser corrupción que un liderazgo que sostuvo la lucha contra la dictadura sobre bases críticas del modelo social y económico de la dictadura ahora lo esté elogiando. Eso es corrupción ideológica de ese liderazgo que cambió en 180 grados. No es una corrupción económica, pero es ideológica y política”.
Y está también la cooptación. “Cuando a un ex ministro- señala Portales- se le da un altísimo cargo en un directorio. Eso en términos globales es una forma de corrupción, que se ha usado bastante en la historia de Chile. Los radicales eran convocados a formar parte de los directorios en los 40 y 50. Entonces uno ve una gran capacidad de la derecha económica para hábilmente ir cooptando a los sectores medios, a los liderazgos de estos sectores, para ir morigerando la protesta social”. Hoy en día esta es una práctica cotidiana, muy bien remunerada y hasta, en aquellos círculos, muy respetada. La correa transmisora entre el sector público y el privado, que pedalea en ambas direcciones, está en plena marcha.
Portales no está solo en su diagnóstico. En una reciente columna publicada en La Jornada de México y El Clarín de Chile (www.elclarin.cl) el sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Marcos Roitman Rosenmann escribe que la vida del socialista “era un aval para el comportamiento ético y tenía una carga de compromiso social inexcusable. En este último coincidían la crítica del capitalismo y el rechazo de la explotación del hombre por el hombre. Tal es verdad, que el capitalismo interiorizó esta premisa para demostrar su falsedad”.
La derecha, afirma Roitman, presentó al militante de izquierda como un ser ávido de compartir las mieles del capitalismo consumista. “Un ser con doble moral. Ser comunista y vivir como burgués. Con este argumento descalifica a la izquierda en los países occidentales y lo hizo en los países del Este en tiempos de guerra fría. En otros términos la carne es débil y se corrompe. Los comunistas quieren disfrutar de la buena vida solo posible en la economía de mercado. En este sentido, las fuerzas defensoras del capitalismo no tienen miedo en asumir conductas corruptas y realizar vilezas a cambio de aumentar sus cuentas bancarias y ejercitar el poder. Los capitalistas no se avergüenzan. Por tanto, que la izquierda caiga en las redes del vil metal, del oro, no es para tanto, poderoso don es don dinero. Es cosa de acostumbrarse. La primera vez duele, luego se disfruta. Compra voluntades, conciencias y desde hace algunos años proyectos políticos”.
Este mensaje lanzado desde la derecha tiene un lema sencillo, dice Roitman: “Disfruta el momento y no te dejes llevar por la conciencia. Hoy se firma un pacto de no agresión. Tú no sacas tus corruptos y yo no ventilo los tuyos. Una izquierda institucionalizada parece estar cansada de luchar, prefiere un pacto de no agresión, vivir en pecera ajena. Participar del festín, se conforma con un acta de diputado o senador. Prefiere tener coche oficial e influencias, lo necesario para medrar y hacerse rico”.
De estas afirmaciones y reflexiones, tan sólo podríamos decir que la realidad chilena se ajusta, caso a caso, a la perfección a tal diagnóstico, para lo que entregamos algunos de los casos más recientes sobre tal acomodo.
Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue designado por unanimidad como el nuevo presidente de las Instituciones de la Salud Previsional (Isapres). Aninat, quien tuvo también un cargo importante durante los últimos años en el Fondo Monetario Internacional, y fue hasta hace poco embajador de Chile en México, reemplazará en el cargo a Hernán Doren, quien no postuló a la reelección. El ex ministro desempeñará el cargo por los próximos dos años, con opción a ser reelegido.
Ximena Rincón, ex intendenta de Santiago, pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida, empresa que pertenece al grupo español BBVA. En aquel directorio también está el socialista y ex senador José Antonio Viera-Gallo.
Carlos Mladinic, ex ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Ruíz Tagle y presidente del Sistema de Empresas Públicas es hoy en día miembro del directorio de la privatizada Aguas Andina.
Fernando Bustamante pese a la polémica generada hacia finales de la década pasada, permanece bien apernado en sus cargos. Es miembros del directorio del Metro, que es pública, y también miembros del directorio de Telefónica.
Eugenio Tironi. El ex ministro secretario general de gobierno durante el período presidencial de Patricio Aylwin es hoy un connotado empresario de las comunicaciones y otros áreas. Es también, por cierto, un exitoso publicista del neoliberalismo en sus columna de El Mercurio, un lobbysta y miembro del directorio de Enersis.
Jaime Estévez, ex ministro de Obras Públicas y ex presidente del BancoEstado durante el período Lagos, hoy está en el directorio de Endesa.
Jorge Rosenblut, subsecretario de Telecomunicaciones durante los gobiernos de Aylwin y Frei Ruíz-Tagle, es hoy un hombre cien por ciento del sector privado. Es el presidente del directorio Chilectra, fue miembro del directorio de Smartcom (Endesa) y es director de la AFP Cuprum.
Ricardo Solari. Otro socialista, ministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos, ahora desempeña un alto cargo en el sector privado. Solari forma parte de Alsacia, la empresa colombiana que integra el Transantiago.