Decir, por ejemplo que sólo a partir del año 2001, el año en que el gobierno de la época pidió a la Corte Suprema nombrar jueces especiales, se comenzaron a investigar realmente los crímenes de la DINA. El resultado de aquello es muy dispar, ya que si bien se ha avanzado notablemente en cuanto a la verdad, no es posible decir lo mismo en cuanto a la justicia. Hasta ahora no hay fallos sobre casos de ejecuciones, salvo para los llamados casos emblemáticos, como el de Tucapel Jiménez o los degollados. Varios jueces investigaron con dedicación los secuestros, pero muy poco de ellos, dieron el paso lógico: emitir sentencia. Los ministros Alejandro Solís y Joaquín Billard están entre aquellos que completaron el ciclo de la justicia. El juez Juan Guzmán, por el contrario, dictó muchas encargatorias de reo pero ni una sola sentencia, y luego de su jubilación, sus causas (Caravana de la Muerte, Operación Colombo, caso calle Conferencia y otros) pasaron al ministro Víctor Montiglio, que ya en dos oportunidades intentó sin éxito aplicar la amnistía.
Veinte años de impunidadPor su parte el actual ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, que se ha ganado una reputación como investigador, también hizo una verónica a su responsabilidad como ministro de fuero, ya que se fue sin dictar sentencia en el crimen del periodista José Carrasco Tapia, que esclareció luego de cinco años de investigación, con las respectivas encargatorias de reos y confesiones. En septiembre se cumplen 20 años de ese crimen, sin embargo el juez dejó inconclusa su tarea, e incumplido su compromiso formulado repetidas veces ante el gremio periodístico de hacer justicia, demanda que la orden ha reiterado cada año.
Por otra parte, recientemente se han conocido las condenas en primera instancia dictadas por el ministro Jorge Zepeda para Paul Schaeffer, el líder de Colonia Dignidad, de siete años en tanto que los ex jerarcas Kart Van den Berg y Kurt Schnellenkamp recibieron cinco años de condena. La sentencia afecta también al ex vocero del enclave, doctor Harmut Hopp, quien recibió 541 días de cárcel como encubridor. Se trata de sentencias de una benevolencia extraordinaria en relación a los crímenes cometidos: siete años por la tenencia y fabricación del más poderoso arsenal encontrado en Chile hasta ahora en manos de privados. A diferencia de lo que ocurre con los campesinos mapuche, en cuanto a Dignidad nadie habla de terrorismo y se aplica una ley que favorece al ex enclave alemán y que es elocuente sobre su pertinaz influencia y poder.
La negra cuenta de los juecesOtro hecho a anotar en la negra cuenta del poder judicial, es que algunos de estos ministros se están inclinando ahora en sus fallos de casos de derechos humanos, por la aplicación de la media prescripción -rebaja de pena de acuerdo a los tiempos en que prescribe un delito común- desconociendo los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Así lo hizo el propio Dolmetsch al fallar en el caso del asesinato de Jecar Neghme, lo que permitió a cuatro de los cinco criminales salir en libertad condicional.
La percepción de las familias directamente afectadas por la persistente denegación de justicia asoma en esta declaración de la familia Vergara dada a conocer a fines de agosto: “Los carabineros asesinos de nuestros amados hijos Eduardo y Rafael, Alex Ambler Hijonosa, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz Cifuentes, después de poco menos de un mes de ser encargados reos han sido dejados en libertad bajo fianza por $200.000. El cuarto integrante de la patrulla asesina, Jorge Marín Jiménez, el desgraciado que recibió la orden de rematar a Rafael de un disparo en la nuca con apoyo de arma en la piel, simplemente nunca se presentó para ser notificado ….Nosotros hicimos todo lo humanamente posible porque esto no ocurriera, advirtiéndole a los jueces el peligro en que nos ponen como familia si dejaban en libertad a estos asesinos. Ambler Hinojosa es un sujeto peligroso, es miembro de la CNI y además tiene mucho poder en la Institución de Carabineros, ya que desde un comienzo empezó quebrándole la mano al Juez Gajardo, no presentándose en los Tribunales de Justicia para ser notificado de su encargatoria de reo, sino que tuvo que presentarse la actuaria del Juez en el edificio de la Mutual de la Institución y en el anexo del Hospital de Carabineros para notificar a Toledo y Muñoz.”
Más de 177 crímenes comprobadosSi bien los principales oficiales de la DINA cumplen una cómoda prisión desde el año 2005 en el Penal Cordillera, las penas son en general bajas, por lo que es necesario se dicten las sentencias pendientes por sus restantes crímenes. Quien encabeza el ranking de encargatorias de reo, con 177 encausamientos, es el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, que no cesa de idear maniobras para impedir nuevos fallos en su contra. Actualmente cumple dos condenas por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Sandoval y Diana Aron; apeló por otras 7 sentencias y está encargado reo en 177 causas de desaparecidos. Ya cumplió otra condena en Punta Peuco por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. De las futuras sentencias dependerá el tiempo de la estancia del otrora poderoso general en el Penal de la comuna de Peñalolén. Aun con privilegios, por ahora al menos está encarcelado como reo rematado sólo por dos causas de desaparición de miristas. Derrotada la tesis de la amnistía, Contreras y los otros criminales están procurando que se institucionalice la prescripción, un subterfugio que le permitió rebajar a la mitad la condena que Contreras debía recibir por el secuestro y desaparición de los socialistas Víctor Olea y el joven Mario Carrasco. La macabra cuenta de crímenes
Su subordinado, Miguel Krassnoff, el jefe de la Agrupación Halcón (Brigadier ejército (r)) cumple dos condenas, apeló en 5 sentencias y tiene otras 52 encargatorias de reo. Por su parte, Marcelo Morén Brito, coronel de ejército (r), Jefe de la casa de torturas de Londres 38 y del recinto clandestino de detención Villa Grimaldi, y jefe de la Brigada Caupolicán cumple también dos condenas, apeló de 8 condenas y tiene otras 98 encargatorias de reo. Otro ex miembro de la DINA, Fernando Laureani (brigadier de ejército, r) jefe de la Agrupación Vampiro, ya cumple una condena pero está encargado reo en otros 32 casos. Basclay Zapata (suboficial de ejército) y miembro de la Agrupación Halcón, no tiene condenas a firme y está apelando de 6 sentencias; tiene otras 43 encargatorias de reo.
Por su parte, Osvaldo Romo, señalado por sobrevivientes y familiares como uno de los más despiadados agentes, está encargado reo, entre otras causas, por 46 casos de la Lista de los 119 y cumple dos condenas (por Diana Aron y Jorge Espinosa), apela por 4 sentencias y tiene en total 89 encargatorias de reo. El pasado 2 de agosto, la Corte Suprema confirmó la condena de siete años de presidio para Romo por el secuestro calificado del militante del MIR Jorge Espinosa Méndez (“Abel”), ocurrido el 18 de junio de 1974, e incluido por la DINA en la Lista de los 119.
El joven secuestradoJorge Espinosa era estudiante de tercer año de Filosofía en la Universidad de Chile, y ex alumno del Liceo de Aplicación donde integró el grupo musical “Fenders”. Había sido indultado por el Presidente Allende el 4 de enero de 1971, junto a Dagoberto Pérez y otros líderes del MIR detenidos por acciones armadas de épocas anteriores a las elecciones en que triunfó la Unidad Popular. Jorge había estado ligado a las luchas poblacionales en la comuna de San Miguel, al sur de Santiago, donde participó en la toma de terrenos del campamento “Magali Honorato”. Durante el gobierno de Allende, ese campamento fue parte de la fundación de la población Nueva Habana ( hoy “Nuevo Amanecer”), un referente político de la lucha de los sin casa en esa época. Poco después de su detención fue secuestrado su hermano, “Juancho”, jefe de la Fuerza Central del MIR de esos años, quien sobrevivió. Jorge fue visto en la casa de torturas de Londres 38, y su madre lo buscó hasta su muerte en 1988. Falleció de cáncer, como muchas madres de desaparecidos. Algunos avances
El ministro Alejandro Solís anunció en agosto el cierre del sumario por el asesinato del General Prats y su esposa Sofía Cuthbert el 30 de septiembre de 1974, lo cual implica la pronta formulación de acusación contra el ex director de la Dina, Manuel Contreras y los brigadieres (r) Pedro Espinoza, José Zara y Cristoph Willike, el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, el suboficial Reginaldo Valdés y los civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann, todos procesados por el crimen.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones acaba de quitar el beneficio de media prescripción a los integrantes del Comando Conjunto responsables del secuestro de Carlos Contreras Maluje (1976). La Corte aumentó las penas que Fuentes dio a los inculpados, el general de brigada aérea Freddy Ruiz, el coronel (r) Juan Saavedra Loyola, el capitán de fragata (r) Daniel Guimper y los oficiales FACH Manuel Muñoz Gamboa y César Palma Ramírez.
Condenas apeladasContreras y Krasnoff están apelando de las condenas en primera instancia que comparten por los casos de Luis Guajardo y Sergio Tormen, los hermanos M. Elena y Galo González, Dagoberto San Martín, Víctor Olea y Mario Carrasco, todos relacionados con la Operación Colombo o Lista de los 119. Krasnoff lo hace además por la pena que obtuvo por Manuel Cortez Joo y Jorge Espinosa, también de la Lista.
Además del crimen del ex comandante en jefe del ejército, que tuvo lugar en la calle Palermo de Buenos Aires, el ex jefe de la DINA y Miguel Krasnoff están enjuiciados por la Operación Cóndor, una asociación criminal internacional de la policía secreta chilena para asesinar en el exterior a opositores a la dictadura, con el apoyo de sus pares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Los dos altos jerarcas de la DINA fueron encausados por las desapariciones de Patricio Biedma, Jean Claudet, los dirigentes del MIR Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes, así como por Víctor Oliva, Juan Hernández, y Manuel Tamayo, detenidos en Argentina, y Paraguay y trasladados a Chile.
Los montajes mediáticosLa Operación Colombo fue un montaje mediático armado por la DINA con el fin de amedrentar y desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos, encubrir los secuestros presentándolos como hechos delictuales ocurridos en el extranjero, y desprestigiar la lucha de resistencia.
Contreras está encargado reo en 68 casos de la llamada Lista de los 119. Manuel Contreras fue encargado reo junto a Osvaldo Romo por el montaje de falsos enfrentamientos con cobertura de Televisión Nacional (en la voz del periodista Julio López Blanco) el 19 de noviembre de 1975, en los cerros de la Rinconada de Maipú. A ese lugar rural cercano a Santiago, fueron llevados los miembros de la familia Gallardo luego de ser interrogados y torturados en Villa Grimaldi. El procesamiento es por los homicidios de Catalina, Roberto y Alberto Gallardo, Luis Gangas, Mónica Pacheco. Este hecho está siendo investigado también por el tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, ante quien los familiares de los asesinados han interpuesto una demanda sobre el rol de la prensa en ese crimen. El año pasado la entidad que agrupa a los profesionales de la prensa sancionó a los ex directores de medios que participaron en el montaje de la Operación Colombo.
También está procesado el ex jefe de la DINA por el asesinato del dirigente socialista Ezequiel Ponce (1975), así como por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó y de David Silberman, hechos ocurridos en 1974. Marcelo Morén Brito también es reo por Lumi Videla y Llidó.
Otros episodiosEn las cales Conferencia con Alejandro del Fierro, en Santiago, 30 años atrás, el 12 de mayo de 1976, la DINA llevó a cabo un operativo que secuestró en el inmueble a miembros de la dirección del Partido Comunista y a otras personas que llegaron allí. Contreras, Krasnoff y Morén Brito son reos por la desaparición de Bernardo Araya, Jaime Avendaño, Lenin Díaz, Víctor Díaz, Uldarico Donaire, Elisa Escobar, Eliana Espinoza, Jorge Muñoz, Mario Zamorano y Marta Ugarte.
Manuel Contreras, Krasnoff, Morén Brito, Laureani, Basclay Zapata y Osvaldo Romo están además encargados reos por torturas en Villa Grimaldi (22 casos de sobrevivientes) y Contreras también lo está por torturas en Tejas Verdes (22 casos). Hasta ahora no ha habido condenas por tortura en los tribunales chilenos, que por largos años se resistieron a acoger causas presentadas por los ex presos políticos. Con posterioridad a la constitución de la Comisión Valech, que reconoció oficialmente que en Chile hubo torturados, se ha podido observar un cambio de actitud en algunos sectores judiciales. Ello pese a que el gobierno se negó a entregar la información sobre los torturadores al poder judicial y al país.
Nota:Un prontuario jurídico completo de los principales criminales de la DINA, que incluye los casos por los cuales están condenados o declarados reos, se puede consultar en el archivo adjunto.