Corrupción y política – El Clarín archivo

La ministra Gloria Ana Chevesich tiene la delicada misión de investigar, determinar los culpables y sancionar toda una operación irregular destinada a obtener fondos para financiar la política y mejorar los sueldos de funcionarios públicos de confianza. Una red dirigida por altos personeros de los gobiernos anteriores que tuvo como casa matriz al Ministerio de Obras Públicas, que extendió sus tentáculos a otras reparticiones del Estado e involucró a diversas empresas privadas del rubro de la construcción o que presuntamente se formaron en el papel para facilitar el defraude fiscal y las irregularidades denunciadas.

La Ministra ya ha dictado las primeras acusaciones formales y lleva a cabo nuevas diligencias en el encomiable propósito de resolver estos casos sin dejar cabos sueltos y sentenciar a todos los que resultaren culpables intelectual o materialmente de estas vergonzosas operaciones que, junto con afectar al erario público, evidencian un grave deterioro de la política y orada el prestigio internacional de un país que goza, merecidamente o no, del título de ser uno de los más probos de América Latina y del mundo.

A través de los medios de comunicación, felizmente se aprecia fracturada, ya, la granítica conspiración que manifestaran en un principio los imputados. Hay quienes se resisten a arriesgar penas para salvar la responsabilidad de sus superiores y prefieren ahora colaborar con la acción de la Justicia aportando documentos y testimonios que avalan la consecución de los ilícitos y ofrecen cada vez más certeza de que en ellos están involucrados las más altas autoridades de la época.

En mérito de la alta misión de representar a la ciudadanía y de la confianza que el pueblo le entrega a sus gobernantes, abogamos para que la ministra Chevesich se mantenga inclaudicable en su cometido, pese a la enorme cantidad de presiones y acusaciones que se le formulan abierta y encubiertamente. Su independencia y sagacidad pueden contribuir notablemente a mejorar la imagen de nuestros tribunales, entidades que todavía cargan con el baldón de su obsecuencia a los otros poderes del estado y estar integradas por jueces y magistrados que, muy a menudo, hacen “la vista gorda” de los despropósitos cometidos por quienes deben proponer o aprobar sus ascensos en la llamada carrera judicial.

Desgraciadamente, desde el mundo político hay quienes siguen exculpando a los presuntos responsables en su cometido de haber desviado fondos públicos, favorecido a operadores políticos y, lo que es todavía, más grave, haber confiado obras de infraestructura a empresas insolventes profesional y éticamente. Entre ellas, por ejemplo, las que se hicieron cargo de construir aquel puente que colapsó tempranamente, esas casas que se desmoronan en ante el primer invierno y esas pavimentaciones que de un año a otro están tanto o más deterioradas que las que fueron cubiertas. Operaciones criminales que han llegado al extremo de asaltar los recursos destinados a la construcción de viviendas populares y fomentar el empleo. Recién en estos días, uno de los primeros ministros de estado imputados de operaciones irregulares es reivindicado por su partido y se le entregan responsabilidades que marcan su regreso en gloria y majestad al “servicio público”.

De todas maneras, no nos hacemos tantas ilusiones respecto de que este largo proceso judicial concluya muy contundentemente. Sabemos que los expedientes y resoluciones de la Ministra recorrerán los intrincados vericuetos de las cortes superiores, donde la solvencia de algunos magistrados tropieza tantas veces con la decisión de los votos abyectos o con esas terribles “razones de estado” que se argumentan para dejar en la impunidad los delitos cometidos por la autoridad. En un país que, atónito con las graves crímenes contra los Derechos Humanos y las normativas tributarias, empieza a resignarse en el hecho de que Pinochet nunca será sentenciado y ejecutoriado. Por ahora, nos conforma el hecho de que los delitos cometidos empiecen a ser convicción ciudadana. Que más allá de las flaquezas de la Justicia, de sus debilidades y prescripciones, los chilenos castiguen políticamente la indecencia y derribe a los inescrupulosos de sus tronos mediáticos y liderazgos de sondeos.