Curioso: el nombre de la función y el estatuto legal de la delegada o interventora del Servicio Médico Legal no están tan claramente definidos como en el caso del general Arellano, quien portaba un documento habilitante del máximo jerarca del Ejército para mostrarlo a los jefes de las guarniciones castrenses. Aparte de un cínico legalismo, el régimen militar mostró hasta ahora mayor eficacia para cometer algunos de sus crímenes que la transición democrática para darle un cierre lo más digno y mitigador posible a esta macabra herencia. Y decimos transición, porque el caso del patio 29, junto a la marginación de algunos sectores del sistema representativo, están indicando cuán alto es el déficit en derechos humanos y ciudadanos en Chile, dieciséis años después del fin de la dictadura. Esto incluye una deuda en la capacidad de las instituciones para saldar las cuentas pendientes del Estado con los familiares de los desaparecidos y ejecutados durante los años de plomo.
Surge así como legítima la pregunta de si hubo la suficiente voluntad política para suplir las deficiencias técnicas, profesionales, administrativas y judiciales que se asomaron, y a veces se mostraron plenamente, durante el proceso de identificar a las víctimas junto con establecer su paradero. Es cierto que se inyectaron ingentes sumas de dinero para modernizar la medicina forense, pero también lo es que no se tomaron medidas contra las autoridades de los servicios respectivos acusadas de ineficiencia y oscuros manejos de recursos humanos y financieros.
Hubo un voluntarismo por cerrar cuanto antes la dolorosa herida abierta en el cuerpo social, pero en el gobierno y la clase política ese afán se confundía con el deseo de forzar pasos que condujesen a una liturgia de la reconciliación, a través de actos artificiales donde las instituciones militares, y las instancias civiles que colaboraron con ellas, se estrecharan las manos con las víctimas, pero sin pedirles perdón.
Se produjo un cuadro en que se avanzó hacia la reparación y en hacer justicia en algunos casos emblemáticos, pero a costa de conformarse con no tener la verdad completa. Los victimarios, si bien quedaron identificados y a la vez muchos de ellos ocultos institucionalmente, nunca se allanaron a decir todo lo que sabían. Un paradigma de esta situación fue la declaración de la mesa de diálogo, que el conservador ex ministro Gonzalo Vial calificó de “anodina”: el Ejército terminó reconociendo que arrojó algunos cuerpos al mar, pero sin aportar pruebas de ello y sin que los nombres entregados correspondiesen a una verdadera identificación.
Hoy, con los 48 cuerpos del patio 29 todo es posible. Incluso -pese a lo que dijo el director del servicio médico legal, cuando pidió perdón a los familiares- que algunos de aquellos correspondan a los identificados originalmente. Lo que agregaría un baldón sobre baldón a instituciones que claramente no han funcionado, porque se equivocaron, lo que puede ser comprensible, o porque no hicieron bien sus tareas, lo que es, en todo caso, reprochable.
Las reacciones desatadas a partir del 20 de abril, cuando se destapó la verdad sobre la falta de verdad, revelan un desconcierto generalizado. La Presidenta actuó prontamente, pero sus ministros políticos, al ver que la marea crecía, se colocaron a la defensiva y ella misma debió salir a defender a los tres gobiernos precedentes. La frase “los muertos, los desparecidos no son nuestros”, del ministro Zaldívar da cuenta de una confusión en el análisis global que debe hacerse del fenómeno, en el cual caben enfoques no sólo propiamente políticos, sino también sociológicos, morales e históricos.
En realidad, los desparecidos y los muertos son de todos. Los mandos militares de la época -y sus acólitos civiles de entonces y después- son los victimarios y responsables. Estos actuaron sobre una sociedad paralizada y es a ella en su conjunto a la que hicieron daño. Por eso, los deudos no son únicamente los familiares y amigos, así como las víctimas sobrevivientes no son sólo aquellos que sufrieron prisión, tortura y ostracismo: también los que se salvaron, porque no hicieron o supieron nada, porque callaron o simplemente porque no les tocó. En cuanto a la responsabilidad política, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió, para ganar electoralmente, el compromiso de hacer justicia. Las cuatro sucesivas administraciones que ha producido esta coalición asumieron la representación del Estado que faltó a sus deberes y es en su nombre que el gobierno de Aylwin pidió perdón a las víctimas, tras recibir el Informe Rettig, por los crímenes cometidos por las autoridades que lo antecedieron.
Es en nombre del Estado también que se emprendieron iniciativas como la agilización de juicios, la escenificada mesa de diálogo, el estremecedor Informe Valech y la ley de reparaciones, todo lo cual parece hoy claramente insuficiente por las carencias y yerros revelados.
Que el episodio lleve a la derecha post pinochetista a proclamar que nunca hubo una superioridad moral de la Concertación sobre ella revela, una vez más, que no quiere asumir su responsabilidad histórica. Buscando un empate moral –y abriendo la UDI los fuegos de la discusión con una homologación de los detenidos desaparecidos por el Estado con el asesinato de Jaime Guzmán por un grupo de civiles particulares-, el grueso de la derecha confirma así una inferioridad moral no por estar necesariamente debajo de la Concertación, sino de las normas objetivas de la moral social y la ética política.
Nadie puede pretender escabullir sus responsabilidades. Los Fernando del Celare, los Tucapel de la Anef, los Arsenio de La Moneda y los campesinos de Paine reaparecerán, como ante Macbeth, en la mesa del tirano que los mandó matar y de sus subordinados que procuraron no dejar huellas y, en una extensión pesadillesca, también en el banquete de todos los que creen que no tuvieron nada que ver o que hicieron todo lo posible para dar por concluida la tragedia.