El Martes 21/02/2006, se realizó una manifestación delante de la embajada de Chile en Bélgica para protestar por la retención de Marco Paulsen en Chile, y entregar una carta abierta dirigida al presidente Ricardo Lagos, junto con una petición concerniente al conjunto de los exiliados que sufren una situación similar.
La carta con las peticiones fue entregada al primer secretario de la embajada, Francisco Verguño, por un exiliado, junto al encargado de prensa del Movimiento contra el Racismo el Antisemitismo y la Xenofobia (MRAX), ONG en la cual trabaja Marco Paulsen.
La carta con las peticiones fue entregada al primer secretario de la embajada, Francisco Verguño, por un exiliado, junto al encargado de prensa del Movimiento contra el Racismo el Antisemitismo y la Xenofobia (MRAX), ONG en la cual trabaja Marco Paulsen.
texto de la carta a Ricardo Lagos:
Con el Poder que usted dispone acaba de otorgar el indulto al funcionario del estado Manuel Contreras Donaire, quien degolló “cumpliendo órdenes” al sindicalista Tucapel Jiménez.
Hoy mientras se desarrolla la farsa electoral en Chile, para calmar a los que piensen que por el sólo hecho de haber elecciones, hay democracia, el gobierno de la Concertación continúa reprimiendo al pueblo.
El Martes 6 de Diciembre recién pasado el joven mapuche Pascual Pichún pidió el refugio político en Argentina, petición que fue acogida a tramitación.
En los últimos años, la familia Pichún ha sido víctima de una implacable persecución judicial y política, encontrándose al día de hoy encarcelados dos de sus integrantes: Pascual Pichún Collonao, lonko (jefe
tradicional) de la comunidad y Rafael Pichún Collonao, padre y hermano -respectivamente- del joven Pascual. Otros nueve ciudadanos mapuches cumplen severas condenas en las cárceles del sur de Chile, todos enjuiciados bajo la “Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas” creada por la dictadura militar de Pinochet para perseguir a opositores políticos. A ellos se suman otros cientos de ciudadanos mapuches procesados por la justicia civil y militar chilena en los últimos 5 años y que se encuentran bajo diversas modalidades de “libertad condicional” o “vigilada”.
Hace algunos meses su gobierno, intentaba infructuosamente de obtener la extradición de Sergio Galvarino Apablaza (Salvador), que fue rechazada por la justicia Argentina, que en una extensa resolución, criticó además, que Apablaza no contara con los derechos internacionales cuando se le declaró en rebeldía y se lo sometió a proceso, en su ausencia, sin que hubiera un abogado que rebatiera los argumentos que se dictaban en su contra.
En 1998 Suiza negó la extradición de Patricio Ortiz al gobierno chileno, después de una primera negativa en 1997, invocando el articulo 3 de la convención europea de derechos del hombre (l’interdiction de la
torture et des traitements inhumains) y “falta de garantías suficientes para su seguridad”. A pesar de la enorme presión que ejerció el gobierno chileno llegando casi al incidente diplomático.
En estos momento la política de persecución política en contra de quienes combatieron la Dictadura se prolonga en la persona de Marco Paulsen y en la de todos los exiliados. Incluso si Marco ha sido reconocido recientemente en un informe oficial del Estado como una de las miles de víctimas de la prisión política y la tortura practicada por el Estado durante la Dictadura de Pinochet, este mismo Estado le aumenta su condena con un proceso completamente irregular del cual no es culpable ni tampoco jamás fue notificado.
Paradojalmente el exilio de la democracia se prolonga por más tiempo que el sufrido durante la dictadura.
Numerosos chilenos viven actualmente una situación similar. Algunos viven clandestinamente en Chile desde hace más de 15 años, otros viven exiliados por todo el mundo, ya sea porque tienen aun juicios pendientes en tribunales militares (situación de quienes se fugaron de la prisión de la dictadura) o bien porque han debido aceptar el extrañamiento de 25 y hasta 40 años en conmutación de la condena de prisión. Son miles de chilenos que sufrieron la cárcel y la tortura y hoy están privados incluso de sus derechos civiles, impedidos de ir a votar.
Esta situación tiene que terminar. El gobierno es responsable del exilio y de la clandestinidad obligada de estos ex presos políticos. Es el Gobierno quien debe resolver rápidamente esta situación que afecta a decenas de combatientes de la resistencia.
Exigimos el fin de la represión al pueblo Mapuche
Fin del exilio y la persecución política a los que lucharon consecuentemente contra la dictadura
Colectivo Europeo Contra la Impunidad
Exigimos :
· La abolición del decreto ley de amnistía de 1978.
· Juicio y condena de todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en Chile.
· Anulación de todas la condenas por “Consejos de Guerra”
· .Anulación de las penas de exilio, y de los procesos en curso de todos los que participaron en la resistencia contra la dictadura.
· Reconocimiento del exilio forzado, como violación de los derechos humanos (situación que afecta a aproximadamente a un millón de personas.
· Anulación de la ley antiterrorista, que hoy es utilizada contra el pueblo Mapuche.
siguen las firmas.(un centenar)
Hoy mientras se desarrolla la farsa electoral en Chile, para calmar a los que piensen que por el sólo hecho de haber elecciones, hay democracia, el gobierno de la Concertación continúa reprimiendo al pueblo.
El Martes 6 de Diciembre recién pasado el joven mapuche Pascual Pichún pidió el refugio político en Argentina, petición que fue acogida a tramitación.
En los últimos años, la familia Pichún ha sido víctima de una implacable persecución judicial y política, encontrándose al día de hoy encarcelados dos de sus integrantes: Pascual Pichún Collonao, lonko (jefe
tradicional) de la comunidad y Rafael Pichún Collonao, padre y hermano -respectivamente- del joven Pascual. Otros nueve ciudadanos mapuches cumplen severas condenas en las cárceles del sur de Chile, todos enjuiciados bajo la “Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas” creada por la dictadura militar de Pinochet para perseguir a opositores políticos. A ellos se suman otros cientos de ciudadanos mapuches procesados por la justicia civil y militar chilena en los últimos 5 años y que se encuentran bajo diversas modalidades de “libertad condicional” o “vigilada”.
Hace algunos meses su gobierno, intentaba infructuosamente de obtener la extradición de Sergio Galvarino Apablaza (Salvador), que fue rechazada por la justicia Argentina, que en una extensa resolución, criticó además, que Apablaza no contara con los derechos internacionales cuando se le declaró en rebeldía y se lo sometió a proceso, en su ausencia, sin que hubiera un abogado que rebatiera los argumentos que se dictaban en su contra.
En 1998 Suiza negó la extradición de Patricio Ortiz al gobierno chileno, después de una primera negativa en 1997, invocando el articulo 3 de la convención europea de derechos del hombre (l’interdiction de la
torture et des traitements inhumains) y “falta de garantías suficientes para su seguridad”. A pesar de la enorme presión que ejerció el gobierno chileno llegando casi al incidente diplomático.
En estos momento la política de persecución política en contra de quienes combatieron la Dictadura se prolonga en la persona de Marco Paulsen y en la de todos los exiliados. Incluso si Marco ha sido reconocido recientemente en un informe oficial del Estado como una de las miles de víctimas de la prisión política y la tortura practicada por el Estado durante la Dictadura de Pinochet, este mismo Estado le aumenta su condena con un proceso completamente irregular del cual no es culpable ni tampoco jamás fue notificado.
Paradojalmente el exilio de la democracia se prolonga por más tiempo que el sufrido durante la dictadura.
Numerosos chilenos viven actualmente una situación similar. Algunos viven clandestinamente en Chile desde hace más de 15 años, otros viven exiliados por todo el mundo, ya sea porque tienen aun juicios pendientes en tribunales militares (situación de quienes se fugaron de la prisión de la dictadura) o bien porque han debido aceptar el extrañamiento de 25 y hasta 40 años en conmutación de la condena de prisión. Son miles de chilenos que sufrieron la cárcel y la tortura y hoy están privados incluso de sus derechos civiles, impedidos de ir a votar.
Esta situación tiene que terminar. El gobierno es responsable del exilio y de la clandestinidad obligada de estos ex presos políticos. Es el Gobierno quien debe resolver rápidamente esta situación que afecta a decenas de combatientes de la resistencia.
Exigimos el fin de la represión al pueblo Mapuche
Fin del exilio y la persecución política a los que lucharon consecuentemente contra la dictadura
Colectivo Europeo Contra la Impunidad
Exigimos :
· La abolición del decreto ley de amnistía de 1978.
· Juicio y condena de todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en Chile.
· Anulación de todas la condenas por “Consejos de Guerra”
· .Anulación de las penas de exilio, y de los procesos en curso de todos los que participaron en la resistencia contra la dictadura.
· Reconocimiento del exilio forzado, como violación de los derechos humanos (situación que afecta a aproximadamente a un millón de personas.
· Anulación de la ley antiterrorista, que hoy es utilizada contra el pueblo Mapuche.
siguen las firmas.(un centenar)