La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumple hoy su primera semana en funciones, en la que ha consolidado la imagen de gobernante laborioso y decidido, estableciendo con celeridad una administración de nuevo cuño. A muchos bolivianos les cuesta trabajo creer que apenas han transcurrido siete días desde que Morales asumió la presidencia tras la promesa de transformar al país, acabar con el neoliberalismo y establecer un nuevo modelo de desarrollo, con justicia y equidad.
Esa promesa la revalidó ante una gigantesca concentración popular y la misma noche cerró las celebraciones con una recepción en el palacio de gobierno, en la que advirtió a sus colaboradores que los esperaba al día siguiente, de madrugada.
Al estilo sencillo y ajeno al protocolo que impuso en la transmisión del mando -a la que se presentó si corbata y con un traje con aplicaciones de tejido indígena-, Morales sumó de inmediato el de gobernante laborioso e infatigable.
El lunes comenzó sus actividades con un contacto con sus colaboradores cuando el sol todavía no había salido, y a las cinco de la madrugada comenzó a recibir delegaciones extranjeras llegadas para la toma de posesión.
Durante la intensa jornada firmó una declaración conjunta, antineoliberal, latinoamericanista y contraria a la injerencia extranjera, con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien suscribió además ocho convenios de cooperación.
En la misma jornada, trató con el vicepresidente cubano Carlos Lage sobre la cooperación brindada por la isla, especialmente en materia de salud y educación.
A media mañana tomó juramento a su gabinete ministerial, cuya composición, de indígenas, luchadores sociales y profesionales y un empresario progresistas, impactó positivamente en la ciudadanía y sorprendió por su claro énfasis popular a sectores de derecha y centro que auguraban la posibilidad de un equipo de conciliación.
El carácter decididamente popular del gabinete evidenció que el gobernante ha asumido el claro mandato de las urnas como un aval a sus posiciones de izquierda.
En el gabinete destacan la nominación de los indígenas David Choquehuanca, Félix Patzi y Casimira Rodríguez como ministros de Relaciones Exteriores, Educación y Justicia.
También resaltan las designaciones de la ex senadora del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Alicia Muñoz, como ministra de Gobierno (Interior), y del veterano luchador social anti-neoliberal Andrés Soliz como titular de Hidrocarburos.
“Se acabó la fiesta, se acabó la luna de miel; ahora hay que trabajar para cambiar a Bolivia”, advirtió el mandatario a sus ministros -ninguno de los cuales fue jamás funcionario gubernamental- y encomendó a algunos de ellos sus primeras y urgentes tareas.
El elenco gobernante fue bien recibido por la ciudadanía y la prensa, aunque recibió críticas la designación del ministro de Defensa, Walker Sam Miguel, por antiguos vínculos profesionales con el proceso de privatización de las grandes empresas estatales.
La maratónica actividad presidencial parece desestabilizar a algunos reporteros encargados de su cobertura, y se expresó en una nueva sorpresa el martes, cuando renovó totalmente el alto mando de las Fuerzas Armadas.
La restructuarción dejó fuera de la cúpula militar a más de 20 generales y almirantes y ubicó al general de brigada Wilfredo Vargas como jefe de las Fuerzas Armadas, lo que motivó aisladas expresiones de descontento de algunos uniformados afectados.
En los días siguientes y con el apoyo de sus ministros de Defensa y Gobierno, lanzó la orden general de destinos -designaciones y traslados de jefes militares- y completó los nombramientos de decenas de viceministros.
En ese marco, se instaló un equipo de viceministros del Interior de trayectoria progresista, que refleja la decisión gubernamental de recuperar la soberanía nacional en los servicios de seguridad, penetrados por agencias norteamericanas, objetivo que prometió cumplir también el nuevo jefe de la Policía, Isaac Pimentel.
Uno de los viceministros, el de lucha antidrogas, es Felipe Cáceres, un ex dirigente de los cultivadores de hoja de coca, durante al menos dos décadas reprimidos, con decenas de muertos y cientos de heridos, por la aplicación de políticas al servicio de Estados Unidos.
Morales ratificó la promesa de defender la coca y buscar su legalización internacional y exportación con fines lícitos, y ratificó la decisión de combatir al narcotráfico junto al campesinado, sin atacar a este, términos bajo los cuales propuso a Washington un pacto antidrogas.
Complementariamente, designó embajador en Estados Unidos -a la espera de la conformidad diplomática norteamericana- al activista de los derechos humanos Sacha Llorenti, con la misión de gestionar la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada -acusado aquí de genocidio- y ampliar el comercio con ese país.
Infatigable, Morales y su gabinete aprobaron además un decreto que redujo en 57 por ciento el sueldo del mandatario y en 50 por ciento los de sus ministros, vicetitulares y directores generales.
El gesto contundente de austeridad cumplió una promesa electoral del MAS y motivó elogios, inclusive del crítico líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y el ejemplo tiende a extenderse al Parlamento, el Poder Judicial y otras instancias estatales.
El proyecto gubernamental de crear una red de más de 100 radioemisoras comunitarias al servicio de la comunicación popular, con fines de información y alfabetización, dio lugar a críticas mediáticas y derechistas.
El presidente salió al paso a las mismas y pidió a los comunicadores que ayuden al gobierno a hacer realidad el proyecto, necesario para que el pueblo tenga acceso a los medios de comunicación, que muchas veces agreden y criminalizan a las organizaciones sociales.
Negó que pretenda impedir las críticas a su gestión y dijo que las agradece, si están fundamentadas en la verdad y no en la mentira, aludiendo la feroz campaña de importantes medios de comunicación para impedir su inevitable victoria electoral.
Al estilo sencillo y ajeno al protocolo que impuso en la transmisión del mando -a la que se presentó si corbata y con un traje con aplicaciones de tejido indígena-, Morales sumó de inmediato el de gobernante laborioso e infatigable.
El lunes comenzó sus actividades con un contacto con sus colaboradores cuando el sol todavía no había salido, y a las cinco de la madrugada comenzó a recibir delegaciones extranjeras llegadas para la toma de posesión.
Durante la intensa jornada firmó una declaración conjunta, antineoliberal, latinoamericanista y contraria a la injerencia extranjera, con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien suscribió además ocho convenios de cooperación.
En la misma jornada, trató con el vicepresidente cubano Carlos Lage sobre la cooperación brindada por la isla, especialmente en materia de salud y educación.
A media mañana tomó juramento a su gabinete ministerial, cuya composición, de indígenas, luchadores sociales y profesionales y un empresario progresistas, impactó positivamente en la ciudadanía y sorprendió por su claro énfasis popular a sectores de derecha y centro que auguraban la posibilidad de un equipo de conciliación.
El carácter decididamente popular del gabinete evidenció que el gobernante ha asumido el claro mandato de las urnas como un aval a sus posiciones de izquierda.
En el gabinete destacan la nominación de los indígenas David Choquehuanca, Félix Patzi y Casimira Rodríguez como ministros de Relaciones Exteriores, Educación y Justicia.
También resaltan las designaciones de la ex senadora del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Alicia Muñoz, como ministra de Gobierno (Interior), y del veterano luchador social anti-neoliberal Andrés Soliz como titular de Hidrocarburos.
“Se acabó la fiesta, se acabó la luna de miel; ahora hay que trabajar para cambiar a Bolivia”, advirtió el mandatario a sus ministros -ninguno de los cuales fue jamás funcionario gubernamental- y encomendó a algunos de ellos sus primeras y urgentes tareas.
El elenco gobernante fue bien recibido por la ciudadanía y la prensa, aunque recibió críticas la designación del ministro de Defensa, Walker Sam Miguel, por antiguos vínculos profesionales con el proceso de privatización de las grandes empresas estatales.
La maratónica actividad presidencial parece desestabilizar a algunos reporteros encargados de su cobertura, y se expresó en una nueva sorpresa el martes, cuando renovó totalmente el alto mando de las Fuerzas Armadas.
La restructuarción dejó fuera de la cúpula militar a más de 20 generales y almirantes y ubicó al general de brigada Wilfredo Vargas como jefe de las Fuerzas Armadas, lo que motivó aisladas expresiones de descontento de algunos uniformados afectados.
En los días siguientes y con el apoyo de sus ministros de Defensa y Gobierno, lanzó la orden general de destinos -designaciones y traslados de jefes militares- y completó los nombramientos de decenas de viceministros.
En ese marco, se instaló un equipo de viceministros del Interior de trayectoria progresista, que refleja la decisión gubernamental de recuperar la soberanía nacional en los servicios de seguridad, penetrados por agencias norteamericanas, objetivo que prometió cumplir también el nuevo jefe de la Policía, Isaac Pimentel.
Uno de los viceministros, el de lucha antidrogas, es Felipe Cáceres, un ex dirigente de los cultivadores de hoja de coca, durante al menos dos décadas reprimidos, con decenas de muertos y cientos de heridos, por la aplicación de políticas al servicio de Estados Unidos.
Morales ratificó la promesa de defender la coca y buscar su legalización internacional y exportación con fines lícitos, y ratificó la decisión de combatir al narcotráfico junto al campesinado, sin atacar a este, términos bajo los cuales propuso a Washington un pacto antidrogas.
Complementariamente, designó embajador en Estados Unidos -a la espera de la conformidad diplomática norteamericana- al activista de los derechos humanos Sacha Llorenti, con la misión de gestionar la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada -acusado aquí de genocidio- y ampliar el comercio con ese país.
Infatigable, Morales y su gabinete aprobaron además un decreto que redujo en 57 por ciento el sueldo del mandatario y en 50 por ciento los de sus ministros, vicetitulares y directores generales.
El gesto contundente de austeridad cumplió una promesa electoral del MAS y motivó elogios, inclusive del crítico líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y el ejemplo tiende a extenderse al Parlamento, el Poder Judicial y otras instancias estatales.
El proyecto gubernamental de crear una red de más de 100 radioemisoras comunitarias al servicio de la comunicación popular, con fines de información y alfabetización, dio lugar a críticas mediáticas y derechistas.
El presidente salió al paso a las mismas y pidió a los comunicadores que ayuden al gobierno a hacer realidad el proyecto, necesario para que el pueblo tenga acceso a los medios de comunicación, que muchas veces agreden y criminalizan a las organizaciones sociales.
Negó que pretenda impedir las críticas a su gestión y dijo que las agradece, si están fundamentadas en la verdad y no en la mentira, aludiendo la feroz campaña de importantes medios de comunicación para impedir su inevitable victoria electoral.