Nueva York.- Pese a los enormes desafíos
sociales, económicos, políticos y militares que afronta Estados Unidos, el
debate sobre la incorporación del juez Sam Alito a la Corte Suprema de Justicia
parece reducirse a un solo asunto: el aborto. Para muchos, este debate se
refiere no sólo a la integración del tribunal, sino al modo en que la justicia
estadounidense manejará diversas cuestiones sociales, entre ellas las más caras
a la derecha.
Desde su nominación por parte del presidente George W. Bush
en octubre, Alito realizó visitas “de cortesía” a miembros del Comité
Judicial del Senado, que abrirá en enero las audiencias para decidir su
confirmación en el cargo.
En estas entrevistas, la palabra “aborto” fue
evitada cuidadosamente por la mayoría de los senadores, que prefieren emplear
eufemismos como “derecho a la privacidad”.
Pero la pregunta que realmente se hacen los legisladores,
tanto de derecha como de izquierda, es: ¿se puede contar con el juez Alito para
confirmar o desechar el fallo Roe versus Wade, con el que la Suprema Corte
reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a abortar?
La importancia del asunto quedó de manifiesto con la
renuncia a la candidatura de la jurista originalmente nominada a la Corte
Suprema, la asesora de la Casa Blanca Harriett Miers, cuestionada por la
derecha religiosa que constituye uno de los bastiones electorales de Bush.
Las dudas se referían al compromiso de Miers en torno del
fallo Roe versus Wade.
De ser confirmada su nominación por el Senado, Alito
reemplazaría a la jueza Sandra Day O’Connor, una “conservadora
pragmática” que renunció al cargo para retirarse y cuyo voto era a menudo
el que desempataba en fallos polémicos.
En el Senado, las señales de las últimas semanas parecen
claras: cuando los senadores republicanos conservadores salen de sus reuniones
privadas con el juez Alito, apenas pueden contener su regocijo.
“Este es el tipo de nominado que he estado
pidiendo”, dijo el senador Sam Brownback, republicano de Kansas y acérrimo
opositor al derecho al aborto.
Brownback, uno de los senadores que encabezó la exitosa
campaña contra Miers, se manifestó convencido de que el juez Alito estaba
“abierto a una revisión de casos”.
Senadores de centro se mostraron cautamente gratificados con
la nominación. Entre ellos, Joseph Liberman, ex candidato a vicepresidente del
Partido Demócrata que respalda el derecho de la mujer a abortar y que se
manifestó conforme con su diálogo con el juez Alito.
“Durante décadas, (el fallo) Roe (versus Wade) fue el
precedente en el que muchos confiaron, y por lo tanto merece gran
respeto”, fue lo que dijo el magistrado, según declaró Liberman luego.
Otros senadores demócratas se mostraron satisfechos de que
Alito muestre respeto por el precedente legal y por la “ley establecida”.
Organizaciones de presión, tanto de izquierda como de
derecha, se preparan ahora para una batalla mediática. La izquierdista Alianza
para la Justicia, por ejemplo, se opone a la nominación de Alito.
“Segmentos influyentes de la derecha radical
torpedearon la nominación de Harriet Miers porque no tenía un registro probado
de conservadora del ‘movimiento'”, como se denomina a las que se dedican a
“impulsar su agenda política en los tribunales”, dijo la Alianza.
“La derecha está entusiasmada ahora, porque Samuel
Alito tiene, indudablemente, ese registro. El juez Alito cambiará
fundamentalmente el equilibrio de la Suprema Corte, inclinándola en una
dirección que podría poner en peligro nuestros más caros derechos y
libertades”, declaró Nan Aron, quien preside la Alianza.
Pero desde la derecha religiosa, el fundador y presidente de
Focus on the Family Action, James C. Dobson, manifestó que “tal vez la
señal más alentadora (…) es que senadores liberales como Harry Reid y Charles
Schumer, y organizaciones izquierdistas como People for the American Way y
Planned Parenthood estuvieron haciendo fila para gritar que el cielo se está
cayendo”.
“Cualquier nominado que preocupe tanto a la izquierda
radical merece una consideración seria”, agregó.
Pero la posición de la derecha no es unánime entre las
organizaciones religiosas.
El reverendo Tim Simpson, de la organización progresista The
Christian Alliance, recordó que “la visión de justicia” de Alito
“incluye que una mujer debe obtener permiso de su esposo para tomar una
decisión sobre su propia salud reproductiva”.
“Es difícil imaginar cómo alguien que cree eso pueda
desempeñarse efectivamente como juez en el tribunal más importante de la
nación”, dijo Simpson a IPS, quien calificó las últimas entrevistas de
Alito con los senadores de “maquillaje moderado” que “no puede
ser tomado en serio”.
Si Alito se las arregló para convencer a la derecha y por lo
menos neutralizar a la izquierda respecto de sus ideas sobre el aborto, alguno
de los dos bandos está equivocado, según observadores.
“No pueden tener razón los dos”, dijo un destacado
profesor de derecho constitucional que se negó a ser identificado.
Una razón para la confusión radica en las escasas pero
variadas intervenciones judiciales de Alito en materia de salud reproductiva.
La más conocida de sus opiniones es la posición que defendió
en minoría en el caso Planned Parenthood versus Casey en un tribunal del estado
de Pennsylvania. Ese caso le sirvió luego a la Corte Suprema para modificar
algunos aspectos de la sentencia Roe versus Wade.
El tribunal de Pennsylvania mantuvo en su sentencia varias
restricciones al derecho a abortar entonces vigentes en el estado. Hubo
unanimidad en respaldar todas esas restricciones, excepto en una.
Alito fue entonces el único miembro del cuerpo en defender
el mantenimiento de esa regla: la obligatoriedad para las mujeres casadas de
informar a sus esposos sobre su decisión de abortar, sin importar si ellas
temían sufrir por eso abusos físicos, coerción psicológica o económica.
El juez argumentó que las mujeres casadas constituían una
minoría de las que deseaban abortar, y que aun más minoritaria era la porción
de las que pretendían ocultar su decisión a sus cónyuges. Por lo tanto, el
requisito no era excesivo y contemplaba el derecho a abortar en un sentido
amplio.
Pero, al menos en un proceso, Alito votó en favor del
derecho a elegir en una causa que dividió a su tribunal.
En 1995, el juez coincidió con reglas del seguro médico
federal Medicaid que, en contradicción con leyes de Pennsylvania, disponían el
financiamiento público de la interrupción del embarazo en caso de violación o
incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro.
De todos modos, es poco probable que las audiencias en el
Senado arrojen luz sobre la posición que adoptará Alito en casos relacionados
con el derecho al aborto.
El juez está facultado a abstenerse de contestar preguntas
sobre asuntos que la Corte Suprema pueda considerar en el futuro, y seguramente
hará uso de ese derecho. Por lo tanto, el Senado y los grupos de presión
tendrán que leer las hojas de té o apelar a otros métodos informales de
predicción.
Mientras, el aborto seguirá, al parecer, eclipsando asuntos
clave para la justicia y la sociedad estadounidense como la educación, la salud
pública, la pobreza, el vínculo entre Iglesia y Estado, las relaciones entre
comunidades raciales, el terrorismo, el conflicto en Iraq, el abuso de
prisioneros y el déficit fiscal.