El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago despachó acusación judicial en contra de los oficiales de ejército Miguel Krassnoff Marchenko, Raúl Iturriaga Newman, Manuel Carevic Cubillos, Ernesto Urrich González y Rolf Gonzalo Wenderoth; contra el suboficial Basclay Zapata Reyes y los funcionarios de Investigaciones Eugenio Fieldhouse Chávez y Jorge Madariaga Acevedo. Todos ellos como autores del secuestro calificado de los integrantes de la dirección clandestina del Partido Socialista acontecido el año 1975. Entre las víctimas se encuentran Carlos Lorca Tobar, Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos Salinas, Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Peña Herreros, Mireya Rodríguez Díaz, Carolina Wiff Sepúlveda, Sara Donoso Palacios y Rosa Solís Poveda.
La Cancillería de Chile advirtió hoy a la Corte Suprema que las relaciones internacionales las lleva el Gobierno y no otros órganos el Estado, respecto de un inédito fallo del tribunal chileno que demandó a la OEA visitar a dos líderes opositores venezolanos presos en su país. “La conducción de las relaciones internacionales le corresponde al Gobierno (.) Otros órganos del Estado no están habilitados para intervenir en actos de la esfera internacional propios del Ejecutivo”, subrayó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Corte de Apelaciones de Santiago entregó la sentencia íntegra que rechazó la solicitud de incompetencia presentada por la defensa del senador Jaime Orpis para que el desafuero del parlamentario lo resolviera la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso y prisión preventiva a cuatro funcionarios en retiro del Ejército por los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y los apremios ilegítimos (torturas) a otros cuatro funcionarios del Hospital Regional, hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1973.
La Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad procesal presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la sentencia del máximo tribunal que acogió un recurso de protección presentado en favor de los ciudadanos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos recluidos en distintos penales de su país.
