
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón, dictó auto de procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de José Edilio Flores Garrido, ocurrido a partir a partir del 11 de agosto de 1976.
Para los legisladores de la Nueva Mayoría que votaron en contra de esta propuesta, incluida en la agenda corta anti delincuencia, la norma retrotraía a tiempos pasados de mayor represión y avanzaba en discriminación de los habitantes de menores recursos del país. Sin embargo, también hubo voces desde este sector que refutaron el hecho y que estimaron inexplicable la oposición presentada a la norma.
En un comunicado público los ex presos políticos que “están en huelga de hambre de carácter indefinida, hasta las últimas consecuencias”, en la sede de COPEMCHI, señalan que ante el incumplimiento del gobierno de las demandas del 2015, los sobrevivientes de las torturas, acusan a las autoridades de gobierno “de insensibles, de relativizar las torturas que fueron objeto, de humillarlos y burlarse al desconocer los acuerdos. Están luchando por dignidad, verdad, justicia, memoria, reparación. En los últimos 10 años han muerto más de 8 mil ex presas y ex presos políticos”.
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deben purgar dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de sustracción del menor Claudio Venegas Lazzaro –de 16 años de edad al momento de los hechos–, crimen
La Cámara de Diputados analizó y votó, en una extensa jornada, las modificaciones del Senado al proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, más conocido como la Agenda Corta Antidelincuencia. Entre las materias rechazadas está el control preventivo de identidad (56 votos en contra, 55 a favor y 2 abstenciones); que definía su procedencia para mayores de 14 años en la vía pública, otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público.

A pocas semanas de que el proyecto de ley de “protección” de glaciares, termine de ser revisado por la Comisión de Medio Ambiente, las comunidades agrupadas en la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares[1] junto a diversos/as Diputados/as, llamaron a su rechazó por estar diseñada a la medida de las empresas. A su vez, exigieron la formulación de un nuevo proyecto que proteja y preserve realmente a todos los ecosistemas glaciares sin condiciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de su directora, Lorena Fries, reiteró su llamado al diálogo ante el agravamiento del conflicto intercultural que se vive en La Araucanía y las regiones aledañas.