Archivo periodístico 2005–2019
Otra vez, la supuesta crisis humanitaria en Venezuela está en el centro del conflicto político. El día de ayer, desde un lado del cuadrilátero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, mostró de qué lado masca la iguana y deslizó la posibilidad de una incursión militar en Venezuela, con el pretexto de brindar ayuda humanitaria. Y desde el otro, el presidente Nicolás Maduro denunció esa asistencia como un show para justificar una intervención extranjera en su país.
Tras concluir la conferencia internacional sobre la situación política de Venezuela y propiciar el diálogo como solución pacífica, celebrada este jueves en Montevideo, capital uruguaya, la declaración final no fue adoptada unánimemente por los países participantes. Entre los países que respaldaron la declaración no se encuentran Bolivia, México ni los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom). Los representantes de México y Bolivia destacaron que la declaración plantea puntos injerencistas en los asuntos internos de Venezuela, ya que pretende imponer acciones que no son de su competencia. Según lo leído por el canciller uruguayo Nin Novoa, el grupo pretende nuevas elecciones presidenciales, desconociendo las celebradas en mayo de 2018. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela está integrado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. También asistieron los representantes de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Telesur
En la primera parte de esta nota, publicada hace unos días, realicé una descripción de los presidentes de los países que conforman este Cártel. Dejé para el final, por tratarse de nuestro país, al presidente Sebastián Piñera, quien, como dejé esbozado al final de la nota anterior, posee un prontuario que se asemeja bastante al de muchos de ellos e, incluso en algunos casos, los sobrepasa.
La Contraloría General de la República emitió el dictamen Nº 726 del 29 de noviembre de 2018, en el cual se declara la ilegalidad de 54 viviendas de lujo en el área verde Cerro Isla del Medio en comuna de Lo Barnechea.
El llamado Grupo de Lima es una “instancia de diálogo”, no un organismo reconocido por las Naciones Unidas. De hecho ha solicitado a la ONU intervenir en el conflicto venezolano, pero ha obtenido una respuesta negativa: para la Organización de las Naciones Unidas el Presidente Constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro. Sólo le cabe instar a superar los problemas mediante el diálogo.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dictó auto de procesamiento en contra de los oficiales en retiro del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973.
Indignación reina entre los habitantes de la Comuna de Pirque, luego que el Juez (S) de Policía Local, Javier Díaz de Valdés, amenazara con agarrar a puñetes al dirigente vecinal, Mario Soto Sánchez, quien estampó la denuncia en la Subcomisaria de la localidad.
Alemania, Francia y Reino Unido, con otros 17 países europeos, reconocieron este lunes al opositor Juan Guaidó como presidente encargado
de Venezuela, en una decisión celebrada por Estados Unidos.
Es innegable, todos lo comentan, nadie lo desoye: Venezuela es el país más importante del mundo. Tal es su peso que hoy es “asunto de Estado” en Gran Bretaña, Alemania, España, Paraguay, Papúa Nueva Guinea y Osetia del Sur.
Pese a las 54 mil visitas anuales a sitios de memoria en el país, estos espacios de reflexión sobre violaciones a los derechos humanos aún no cuentan con una política integral que organice, planifique y financie sus actividades. Hasta ahora sólo reciben aportes de convenios de colaboración y fondos concursables, sistemas de financiamiento cuestionados por expertos debido a que obliga a las organizaciones a competir, excluye a aquellas menos preparadas e impide otorgar continuidad a los proyectos. Una realidad que, según el informe elaborado por el INDH, impide que el Estado asuma su rol de garante en el cumplimiento de sus obligaciones de preservación y gestión de sitios de memoria.