
Necesariamente la participación de la Democracia Cristiana en la conjura que hace 40 años llevó al golpe de Estado -y luego su apoyo y colaboración con la dictadura militar-, sirven para identificar una política cómplice con la violación de los derechos humanos. Se dirá que fue por poco tiempo, pero fue el más brutal y sangriento.



La intención gubernamental de reformar la Ley de Telecomunicaciones desató la ira mediática en Honduras, “en defensa de la libertad de expresión”, ante un posible cambio del espectro radioeléctrico que contempla “una asignación de 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, Gobierno de la República y Gobiernos Municipales o Mancomunidades”, según informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.


