
Los crecientes niveles de morosidad de los 4,5 millones de chilenos que se encuentran en esta categoría les están pasando la cuenta. Es que los procesos de liquidación de bienes de la persona deudora alcanzaron una cifra récord en noviembre de 2017 con 213 casos, el número más alto desde que se puso en marcha la nueva ley de quiebras a fines de 2016, según datos que fueron recopilados por Chiledeudas desde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.




Cuando en abril del 2016 fue publicada la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, quedó en evidencia algo que estuvo casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore para las grandes empresas transnacionales y grandes fortunas, cómo gestionan, hacen registros, conducen y operan una entidad en un país extranjero a fin de obtener beneficios financieros, legales y fiscales.

En la actualidad, los tomadores de decisiones en la Administración Pública, independientemente de su vertiente ideológica, recurren a la visión económica en un sentido tradicional y reduccionista, es decir, sin tomar en cuenta aspectos sociológicos, antropológicos y psicológicos. La omisión de estos aspectos genera, o bien puede conllevar, a desviaciones en los resultados esperados.