Desde siempre, salvo escasísimas excepciones, la ciudadanía no tenía opinión sobre las políticas públicas en el ámbito de las reglas del juego de la ciudad y por ello, aprovechando esa ausencia de contraparte, los actores privados que se desenvuelven en este sector de la economía hacían lo que querían, más encima si su principal asociación gremial empresarial, Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), influía desmedidamente en las decisiones que adoptaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio público que tiene la potestad para fijar y modificar a su libre antojo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) cuerpo normativo que es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estatuto creado en el año 1976, plena dictadura cívico-militar.
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