Santiago.- El abogado chileno Alfonso Insunza pidió hoy a la OEA que designe un relator especial para que discuta con el Parlamento y el Gobierno las trabas que han impedido la indemnización que Chile se comprometió a pagar a la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976. Esta indemnización asciende a 1,5 millones de dólares, monto que Chile se comprometió, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a entregar a la familia Soria tras un litigio que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, el pasado miércoles, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno rechazó, por tres votos contra uno y una abstención, el acuerdo del Fisco con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo sobre el pago de la indemnización, que debe ser ratificado por el Legislativo, había sido aprobado en marzo pasado por la Cámara de Diputados.
El jurista presentó la demanda de un relator especial para este caso ante la abogada Cristina Cerna, del capítulo chileno de la OEA, quien también podría asumir la misión de relatora, según dijo.
“Los senadores están faltando a un acuerdo internacional que firmó en su momento (junio de 2003) la entonces canciller, Soledad Alvear, hoy candidata al Senado”, dijo Carmen Soria, hija del diplomático español.
Carmelo Soria, español residente en Chile desde el fin de la Guerra Civil española, era funcionario diplomático y trabajaba en el Consejo Económico para América Latina (CEPAL), con sede en Santiago, cuando fue secuestrado el 14 de julio de 1976. Su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Según consta en el proceso, archivado en 1996 y reabierto hace un par de años, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).