A
raíz del escándalo que se ha desatado a nivel internacional por la
participación del general chileno Eduardo Aldunate, actual 2º Comandante de las
fuerzas de la ONU en Haití, en uno de los servicios represivos de la dictadura
–la Central Nacional de Informaciones, CNI–, el responsable de operaciones de
paz de la ONU, Jean-Marie Guéhenno, ha decidido iniciar una investigación sobre
el caso.
Sin
embargo, tanto el Gobierno como el Ejército de Chile han insistido en afirmar
que las funciones de Eduardo Aldunate en la CNI fueron estrictamente
institucionales y profesionales. Incluso, el Presidente de la República,
Ricardo Lagos, ha llegado al extremo de afirmar que no se opone a que el
Comandante en Jefe del Ejército hubiera trabajado en la CNI y ha asegurado que
al tomar una decisión de esa naturaleza, se debe tener en cuenta las labores
que cumplió al interior del organismo, para lo cual él, como Presidente de la
República, tiene acceso a informes ‘muy, muy detallados’, lo que es en extremo
interesante pero probablemente falso, como veremos más abajo. En todo caso, si
ello es efectivo, tales informes deberían referirse a 13 miembros del actual
Alto Mando del Ejército que prestaron servicios a la CNI, el organismo represor
de la dictadura. Tales 13 miembros de un total de 36, incluyen a algunos de los
posibles aspirantes a conformar la quina de la cual saldrá el nombre del nuevo
Comandante en Jefe del Ejército que debe nombrar el Presidente Lagos en los
próximos meses. Por su parte, la presidenciable de la coalición de gobierno y
ex Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, ha afirmado en referencia a la CNI
que en los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973 ‘las promociones
completas pasaron por ahí’, como si eso hubiera sido algo perfectamente normal
desde el punto de vista institucional del Ejército.
Empecemos por esta última afirmación de la candidata Bachelet, que es la más
burda y demuestra la ligereza con que trata asuntos tan serios como el
planteado.
En primer lugar, contrariamente a su afirmación, la CNI ni siquiera existía en
los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, como todo el mundo en Chile
sabe, excepto la ex Ministra que con este nivel de ignorancia estuvo a cargo de
la cartera de Defensa y hoy aspira a sentarse en el sillón de O’Higgins. De
hecho, la CNI fue creada casi cuatro años después del 11 de septiembre de 1973,
con fecha 13 de agosto de 1977, para ser exactos. En alguna otra oportunidad,
cuando todavía era Ministra de Defensa, también dijo que ‘no sabía’ que Tejas
Verdes había sido un centro de detención y tortura, otra muestra de su
ignorancia en estos temas.
En segundo lugar, en ningún país del mundo los servicios de inteligencia están
abiertos a ‘promociones completas’ de efectivos militares. De hecho,
especialmente en una dictadura, los servicios de inteligencia sólo incluyen y
aceptan por razones obvias de seguridad interna, a los individuos mejor
seleccionados, los mejor probados, los más leales y los ideológicamente más
incondicionales a la filosofía del organismo y/o la autoridad que lo controla.
En el caso de la CNI, tal autoridad era el dictador Augusto Pinochet. Por
tanto, al menos los 13 miembros del actual Alto Mando del Ejército que
prestaron servicio en la CNI son pinochetistas y –potencialmente– golpistas que
se las han arreglado para mantenerse y ascender dentro de la institución
ejerciendo una cuota importante de poder interno –más de un tercio del Alto
Mando, al cual habría que sumar más de algún ‘simpatizante’ entre sus otros
pares.
Bajo estas circunstancias, resulta desde todo punto de vista incongruente que
el Presidente de la República, Ricardo Lagos, no oponga ningún reparo al
eventual nombramiento de un ex CNI como Comandante en Jefe del Ejército de
Chile.
Para entender mejor tal incongruencia, vale la pena recordar la filosofía y
naturaleza estrictamente política y represiva de la CNI y su antecesora, la
DINA. A tal efecto hemos extractado del sitio digital
http://chile.exilio.free.fr/chap05.htm/ los párrafos que incluimos a
continuación. Los énfasis en negritas y materiales entre corchetes son
nuestros:
El origen de la DINA tiene una larga data. Ya en noviembre de 1973 (y quizás
antes de esa fecha en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes)
existió un grupo de mayores y coroneles, esencialmente del Ejército,
cohesionado ideológicamente en contra de los postulados revolucionarios y
latinoamericanistas […]. Funcionó en la Escuela Militar después del golpe
como “Comité de Coroneles”, se prolongó en la “Comisión DINA” en noviembre de 1973,
y más tarde derivó en la DINA propiamente tal.
Formalmente, la DINA fue legalizada el 14 junio de 1974 por el Decreto Ley N°
521. Dotada de un enorme poder, la institución dependía de la Junta de
Gobierno, pero en el hecho respondió ante el Presidente de la Junta de Gobierno
y Comandante en Jefe del Ejército. Cuestionada nacional e internacionalmente
por su actuar secreto y por cometer numerosos y reiterados atropellos a los
derechos fundamentales –involucrada hasta en el asesinato en la capital de Estados
Unidos (1976) de un Ministro de Estado de Salvador Allende-, fue disuelta 13 de
agosto de 1977 por el Decreto Ley N°1.876 en vista a “la conveniencia de
estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias las atribuciones de un
organismo creado en situación de conflicto interno ya superado”.
El mismo día de la disolución de la DINA y mediante el Decreto Ley N°1.878 la
dictadura creó la Central Nacional de Informaciones (CNI). Este nuevo organismo
de inteligencia fue similar a su antecesor en cuanto a su definición,
características, funciones y objetivos. Recibió su personal y patrimonio y
funcionó hasta el año 1990. A diferencia de la DINA, dependió del Ministerio
del Interior y no de la Junta de Gobierno. Lo anterior muestra que estos
organismos estuvieron a cargo de la represión política y la contrainsurgencia
desde antes del golpe militar hasta el término mismo de la dictadura.
Los postulados de la DINA, de los grupos mencionados y de otros sectores
uniformados y civiles que surgieron antes y después de 1973 se caracterizaron
por un pertinaz antimarxismo y anticomunismo, lo que los vinculaba a la
contrainsurgencia regional. Propugnaban que la guerrilla es una verdadera
guerra, una guerra dirigida desde Cuba, que es hipócrita porque no se declara como
tal; que además es una guerra que no respeta ninguna ley bélica ni moral. En
vista a lo anterior, sostenían, los Estados deben responder mediante la
contrainsurgencia a nivel local y continental.
Entre las justificaciones para su actuar estos grupos destacaban que: a) el
contrainsurgente o luchador contra la guerrilla es una especie de héroe que
sacrifica su vida física y su integridad moral para que los demás puedan gozar
de ésta y de los beneficios de la sociedad libre; b) la seguridad nacional,
como valor supremo, estaría por encima de la ética, formulándose así una vuelta
a la antigua “razón de Estado” que como ésta autorizaría -en casos extremos
declarados subjetivamente por la autoridad- la violación de derechos
individuales por motivos de supuesto interés general.
Amparados bajo esos conceptos los servicios de seguridad cometieron todo tipo
de violaciones a los derechos de las personas dentro y fuera de Chile. Esto
último fue corroborado por el hallazgo [en Asución, Paraguay, en 1995] de
centenares de documentos que así lo demuestran y que evidencian la coordinación
que se estableció a partir de 1975 entre los servicios de inteligencia de
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y de alguna manera Brasil, para
eliminar la “subversión” en el continente, y de la iniciativa de la dictadura
chilena para la creación de esa alianza [conocida como ‘Operación Cóndor’, la
cual está judicialmente documentada en Chile].
El hecho de que la CNI dependiera del Ministerio del Interior de la dictadura
demuestra que era un organismo de represión política, independiente del
Ejército. En otros términos, la CNI no era ni nunca fue un organismo del
Ejército, institucionalmente hablando. Por tanto, en la medida que el Gobierno
y el Ejército de Chile no dicen esto y dan a entender que sí lo era, están
tratando engañosamente de lavarle la cara al organismo represor y las manos a
los efectivos que prestaron servicios en el mismo, entre los cuales se cuentan
Eduardo Aldunate, en actual misión internacional de naturaleza militar y
diplomática en su calidad de 2º Comandante de las fuerzas de la ONU en Haití, y
otro espécimen también bien conocido en la ONU, Pedro Bustos, @ ‘El Teta’, ex
Agregado Militar Adjunto de la Misión de Chile ante Naciones Unidas. Respecto a
éste último, una simple búsqueda en Internet arroja varios antecedentes que lo
implican en el asesinato de Alejandro Salgado y Hugo Ratier en la calle
Janequeo de Santiago, a principios de los 80. Actualmente trabaja a pasos de la
oficina de Juan Cheyre, el Comandante en Jefe del Ejército
Con todo, lo más interesante son las palabras del Presidente de la República,
Ricardo Lagos, cuando afirma que tiene acceso a informes ‘muy, muy detallados’
respecto a los eventuales ascensos de los ex CNI. Si es así, entonces el Presidente
de la República tiene que estar necesariamente en conocimiento igual de
detallado respecto a los individuos que estuvieron involucrados en los ilícitos
perpetrados durante la dictadura, al amparo de dicho organismo represor. Bajo
estas circunstancias y en su calidad de primer funcionario público de la
nación, el Presidente tiene la obligación legal de poner dicha información a
disposición de los tribunales de justicia. Sin embargo, no lo ha hecho. Y si no
lo ha hecho, es porque el Presidente de la República ha incumplido su
obligación legal, o simplemente trata de engañar diciendo que tiene informes
‘muy, muy detallados’ en circunstancias que realmente nunca los ha tenido y su
afirmación sólo tiene por objeto salvar una situación de vergüenza nacional e
internacional, como es el papel del ex CNI Eduardo Aldunate en calidad de 2º
Comandante de las fuerzas de la ONU en Haití, o –lo que es peor– pavimentar
el camino para el eventual nombramiento de un ex CNI como Comandante en Jefe
del Ejército bajo la presión soterrada de los militares. Sólo el Presidente
sabe. En todo caso, las posibilidades sólo son las dos señaladas, a menos que
supongamos que el Presidente de la República es un ingenuo que honestamente
cree que la información que le entrega el Ejército es fidedigna y completa, un
asunto sobre el cual volvemos más abajo.
La otra cuestión que es interesante, es la responsabilidad institucional del
Ejército en los crímenes de la CNI. Como la CNI dependía del Ministerio del
Interior de la dictadura, el Ejército no tendría ninguna responsabilidad
institucional. De hecho, éste es precisamente el argumento que desarrolló
Gonzalo Vial en el artículo ‘Responsabilidades institucionales’ publicado en el
periódico ‘La Segunda’ con fecha 14 de diembre del 2004:
A) La DINA, e igualmente su sucesora, la CNI, no formaban parte de ninguna
institución y dependían directamente de la Presidencia de la República.
Puede argüirse que las ‘alimentaban’ oficiales de todas las armas, pero:
A. 1. Esto no implica, salvo demostración, que la institucionalidad de
cualquier arma, su mando profesional conocieran lo que estaba sucediendo en la
DINA/CNI, ni menos que pudieran remediarlo.
¿No oirían, sin embargo, rumores, que merecieran una investigación?
Seguramente, pero:
A. 1. 1. No tenían manera de hacerla.
A. 1. 2. Están ampliamente documentadas las denuncias de dichos rumores en
consejos de generales, y de otras maneras.
A. 1. 3. Por los mismos documentos, sabemos que en los referidos consejos
muchos generales presentes se quejaban de que el jefe de la DINA, no obstante
la superioridad de rango que tenían sobre él, les negara sistemáticamente
información y los remitiera al Comandante en Jefe.
Ahora bien, si la argumentación de Gonzalo Vial es correcta, aunque los
archivos de la CNI hayan pasado secretamente del Ministerio del Interior de la
dictadura al Ejército, lo más probable es que el Ejército no tenga en su poder
toda la información relativa a la CNI y las funciones que cumplieron sus
efectivos dentro del organismo represor, especialmente considerando que en el
caso de las acciones criminales toda comunicación es, por razones obvias, de
naturaleza verbal. De esto se sigue de manera lógica y natural que es imposible
que el Presidente de la República tenga o reciba informes ‘muy, muy detallados’
respecto al papel de los ex CNI en el organismo represor, aunque de buena fe o
por iluso así lo crea o quiera creer.
Con todo, nuevamente, en el entendido que la información que tiene el Ejército
respecto a las distintas funciones que cumplieron los ex CNI en el organismo
represor es fidedigna y completa como el mismo Comandante en Jefe del Ejército,
Juan Cheyre, ha sugerido, tal información tendría que incluir necesariamente
los nombres de los efectivos militares involucrados en los crímenes de lesa
humanidad cometidos bajo la cobertura del organismo represor y Juan Cheyre
tendría la obligación legal de poner tal información a disposición de los
tribunales de justicia. Sin embargo, no lo ha hecho, incumpliendo un mandato
legal, pero como la información es secreta y la conoce sólo él –si es que
efectivamente la conoce– y los involucrados, no le importa ni le preocupa. Si
no la conoce, le importa y le preocupa aun mucho menos.
Bajo estas circunstancias, diga lo que diga Juan Cheyre en su calidad de
Comandante en Jefe del Ejército respecto a los ex CNI, ello carece
absolutamente de toda credibilidad. Si consideramos los argumentos arriba
desarrollados respecto a los presumtos informes ‘muy, muy detallados’ que
afirma manejar sobre el tema el Presidente Ricardo Lagos, la misma conclusión
resulta también inevitable. En consecuencia, tanto el Ejército como el Gobierno
no tienen ninguna credibilidad respecto a lo que digan en relación a ningún ex
CNI, incluido Eduardo Aldunate, actualmente bajo investigación por decisión del
Subsecretario General para Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Marie Guehenno.