Mientras
Alberto Fujimori, y tres personas más viajaban en un avión privado de Tokio a
Santiago el sábado 5 de noviembre del 2005, en el New York Times salía
publicado un artículo de James Brooke titulado “Líder desacreditado y exiliado
espera volver a dirigir el Perú” en la sección The Week in Review, página 2.
Dice Brooke, lo único que se levanta entre Alberto
Fujimori y una verdadera campaña para ocupar la presidencia del Perú son unos
16,000 kilómetros del Océano Pacífico – y una orden de arresto de la INTERPOL-.
Lo primero lo compró, lo segundo lo ignoró utilizando su pasaporte japonés y un
avión privado.
Al emitir el cheque por 350,000 dólares a la empresa que le alquiló el avión en
el viaje sin retorno, Fujimori estaba calculando que la INTERPOL no se
interpondría. Por las dudas no tomó un avión comercial en primera clase, que le
hubiera ahorrado 340,000USD. No se iba a exponer a un trasbordo. Dice Brooke el
sábado 5 de noviembre, “Fujimori promete volver en seis meses”. Regresó antes.
El 24 de octubre envió a Lima a Luis Delgado Aparicio, secretario general del
partido de Fujimori, Si Cumple, para que preparara su regreso. Ahora es asunto
de esperar cuándo y cómo llega a Lima.
La esperanza de los abogados peruanos de la cancillería era que apenas pusiera
un pie fuera de Japón, “lo recibirá un juez en el aeropuerto”, dijo Javier
Ciurlizza al New York Times. Al revés fue bienvenido por el gobierno de Chile
en su calidad de ex presidente del Perú, creándose un punto más de conflicto
entre los países vecinos.
La historia reciente
Cuando hace ocho semanas, el ex presidente prófugo de la ley entró al consulado
peruano para sacar un pasaporte nuevo, el plan de regreso al Perú se había
iniciado. La visita a Tokio en agosto del 2005 de César Nagasaki, su abogado
peruano acompañado del equipo legal desde Lima, anunciaba la intención final
del retorno.. Se interponía en este regreso la suma de 21 procedimientos
legales, tres de los cuales estaban por sentenciarse en la Corte Suprema en
octubre y estaban relacionadas a la asociación ilícita para delinquir a través
de la firma de 1,800 millones de dólares para la compra de armas a la mafia de
Montesinos. Dijo Fujimori en agosto a la prensa a través de su página web que
regresaría al Perú para presentarse a las elecciones del 2006.
El 18 de septiembre del 2005 el consulado peruano en Tokio le emitió un
pasaporte argumentando que fue “de acuerdo a la Constitución y al reglamento
consular vigente”, Según El País de Madrid del 19 de septiembre del 2005, el
ministerio peruano de Relaciones Exteriores había dejado claro que el hecho de
haber entregado el pasaporte al ex presidente no significaba que el Ministerio
fuera a paralizar el proceso de solicitud de extradición a las autoridades
japonesas.
Evidentemente entrar en territorio peruano en el exterior no fue causa para
detener a este prófugo de la ley, que abandonó el cargo de presidente de la
república y que está acusado en 18 casos de corrupción y en varios casos de
crímenes de lesa humanidad. Esa fue la primera prueba de fuego y la pasó
limpiamente. ¿Dónde estaba la policía peruana? ¿No había un agregado policial
para detenerlo? ¿un juez? ¿nadie en la embajada pensó que iría al consulado
peruano a recoger el pasaporte solicitado? Alguien no estaba pensando correctamente.
Es un delincuente al que hay que prever como tal.
Las inocencias sentenciadas y las previstas
Un mes mas tarde de obtenido el pasaporte, el 19 de octubre del 2005, hace
menos de tres semanas, El abogado peruano de Fujimori, Nagasaki logró que la Corte
Suprema sentenciara que no hubo asociación ilícita parea delinquir entre
Fujimori, el ministro de economía Camet y Vladimiro Montesinos para hacer estas
compras, sentencia que se hizo pública de inmediato. Con esto las acusaciones
de corrupción han comenzado a desmoronarse. Desbaratada la asociación ilícita
en estos primeros tres casos mayores, los demás caerán pos su peso.
Según el medio limeño de información jurídica Justicia Viva del 3 de noviembre
del 2005, dos días antes de tomar el avión privado a Santiago, “el abogado
Nakasaki exige –nada menos– que la declaración de nulidad de cuatro procesos
penales seguidos en contra de su patrocinado: los casos de violaciones a los
derechos humanos (Barrios Altos y La Cantuta), el caso de la entrega de dinero
a Héctor Faisal, el caso del “chuponeo” telefónico y el de la compra de
maquinaria china.
El principal sustento de la petición es que Fujimori no ha tenido defensa
técnica, es decir, no ha contado con abogado defensor desde el inicio de los
procesos y que los abogados de oficio designados por el Poder Judicial para que
lo defiendan no han realizado una labor eficaz.” Es decir los casos de lesa
humanidad serían descontados si Nagasaki tiene éxito. Mientras tanto Fujimori
espera como ciudadano japonés sentado en una detención oficiosa en Santiago.-
Así llegará más rápido a Lima, cuando le declaren los casos nulos, o cómo
Schutz, a su país de pasaporte. Esa es la espera de Fujimori.
Mientras tanto el antecedente es que el gobierno chileno en estos cinco años
pasados no ha extraditado a ningún acusado de la justicia peruana. En el
cálculo del abogado de Fujimori y del propio AFF, el gobierno Chileno no lo va
a extraditar antes de que se declaren nulos los casos. Para el gobierno
chileno, lo cómodo sería regresarlo a su país de origen: Japón.
La estrategia seguida desde el inicio según la revista electrónica Justicia
Viva de Lima, es “que Fujimori definió que no sólo se mantendría en condición
de prófugo de la justicia, sino que además no presentaría abogado para ejercer
su defensa, para después denunciar que nadie lo ha defendido y sustentar que,
por lo tanto, los procesos que se le sigue son nulos.”
La búsqueda del argumento de persecución política fue deshecho por el abogado
defensor Nagasaki ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia
peruana en setiembre del 2005, cuando refirió que siempre “me he cuidado en
decir que no hay persecución política; Incluso me han reñido algunos compañeros
de Si Cumple (partido de Fujimori que reclamó hasta entonces la persecución
política), por no señalar eso”. A renglón seguido, manifestó “que no puede
señalar eso (decir que hay persecución política) en donde se ha absuelto a (la
congresista fujimorista) Martha Chávez, donde se ha respetado la libertad de
Carlos Boloña (ex ministro de Economía del anterior régimen)” según informa la
dirección de imagen institucional y prensa del poder judicial en Lima. El
camino es que los casos son nulos
Mientras tanto el Grupo Colina está en la espera de sentencia en diciembre de
este año mientras ha estado amenazando a los testigos, inclusive a algunos
miembros que decidieron ponerse a derecho y confesar los delitos cometidos,
según el Diario la República de Lima del 12 de octubre del 2005. Sobre esto
dijo Rolando Ames, ex senador y es miembro de la Comisión de la Verdad “ La
amenaza a testigos de hechos violentos, desapariciones y crímenes durante las
décadas de guerra interna expresa la dificultad de corregir conductas,
personales y colectivas, cuando la irracionalidad de la agresión de Sendero
Luminoso al país brinda la opción, que parece fácil, de justificarlo todo.”
Se recuerda que entre las acusaciones al grupo Colina y a Alberto Fujimori como
responsable directo está el haber entrado en una fiesta en el centro de Lima y
asesinado todos los participantes, incluyendo niños y animales; secuestrado,
asesinado, descuartizado e incinerado a nueve alumnos de la universidad la
cantuta entre otros.
¿Qué le pasó a la INTERPOL?
El vocal instructor peruano José Luis Lecaros anunció el 24 de enero del 2002,
que había dictado una tercera orden de captura internacional a la Interpol
contra el ex presidente Alberto Fujimori por el delito de peculado, por haber
dispuesto el pago de 15 millones de dólares a su ex asesor, Vladimiro
Montesinos, como indemnización por tiempo de servicios, según AgenciaPerú.Com.
Las primera dos órdenes de ‘ubicación’ del ex mandatario fueron por los delitos
de lesa humanidad, en el caso de la matanza de 25 civiles, durante los años
1991 y 1992 y por abandono del cargo e incumplimiento de deber.
En el más reciente pedido de captura se han presentado diferentes supuestos y
pruebas distintas, de modo que se esperaba que la Interpol hiciera caso al
requerimiento y ubicara y capturara a Fujimori, quien se refugió en ese país en
diciembre del 2000, amparándose en una nacionalidad japonesa, dijo Agencia
Perú.Com en enero del 2002. Ni siquiera la ubicaron (¡!) cuando entró al
consulado peruano a recoger su pasaporte.
‘La orden ya ha sido enviada a la sede de la Interpol en Perú para que ésta, a
su vez, lo remita a la oficina principal, en Francia, y sea distribuida a todas
sus dependencias en el mundo -pese a saberse con exactitud la ubicación del
prófugo- de modo que será la oficina de Tokio la que finalmente ubique y
capture al señor Fujimori’ señaló el vocal encargado de los procesos contra el
ex mandatario en el 2003. No fue en Tokio, de dónde el ciudadano japonés Kenya
Fuijimori pudo despegar en su costosa ruta privada, ni tampoco ubicado y
detenido en Tijuana, México o en el aeropuerto de Santiago, donde le
extendieron una visa de 90 días en su mismo pasaporte japonés. Vale la pena el
detalle de la publicidad de la empresa Aerocardal de Santiago, que con su
terminal de vuelos privados asegura que “los procesos de migración y aduana
resultan breves y funcionales en un terminal privado: no más de diez minutos
para un total de cinco a ocho pasajeros.”
El secretario de Gobernación de México Carlos Abascal dijo al diario Reforma,
el 8 de noviembre del 2005, que México no tenía solicitud de extradición y que
por eso no lo detuvo, confundiendo los tiempos de ubicación, detención y
extradición que son claramente diferenciados. Dijo Abascal en una nota de
prensa que “la autoridad mexicana no tenía las facultades para detener al
pasajero en escala técnica por carecer de la correspondiente orden de detención
con fines de extradición”. El gobierno peruano aún no le pide explicaciones al
gobierno mexicano una semana después de los hechos. Quien ha pedido
explicaciones es el PRD en el senado mexicano. ¿No tenía México acaso una orden
de detención de la INTERPOL? O lo tenían y lo ignoraron. ¿O el pasajero de
apellido japonés con pasaporte de ese país pasó desapercibido?
Las noticias del vuelo
A Santiago llegaron cuatro personas, y Luis Silva Santisteban. Sin embargo
según informaciones de la Fuerza Aérea del Perú, en Tijuana había tres personas
abordo, El administrador del aeropuerto de Tijuana, Enrique Valle Alvarez,
informó hoy 9 de noviembre que el nombre de Alberto Fujimori no figuraba en los
documentos del plan de vuelo a México del avión que traían al ex presidente
peruano desde Tokio: el ciudadano peruano Jorge Béjar, Arturo Makino amigo
personal del prófugo que se encargó de la administración de las donaciones japonesas
captadas por las ONG de la familia Fujimori, Apenkai y Aken, por donde se
filtraron millones de dólares a la familia y Nagato Katsukata, periodista de la
televisión nipona. No están ni Silva Santisteban, hombre de inteligencia que
fuera embajador en Bonn desde 1992 hasta 2000 y portavoz desde el hotel Marrito
en Santiago, ni Alberto Fujimori. Cabe recordar que Acapulco fue la última
escala de Fujimori cuando dejó el Perú en noviembre del 2000 en el avión
presidencial, antes de enrumbarse a Las Filipinas.
Mientras tanto, portavoces de la Fuerza Aérea de Perú informaron a EFE que el
vuelo de la empresa aérea chilena Aerocardal se realizó en un avión BD-700-1
A10, llamado Global Express fabricado por la empresa Bombardier que cubrió la
ruta Tokio-Tijuana-Santiago y que cuenta con una autonomía de 11.000 kilómetros
de vuelo. A un precio de 10,000 USD hora de vuelo, es un equipo costoso. Los
propietarios de Aerocardal, son empresarios chilenos.
Según el Instituto de Comunicaciones Globales de Japón, la tercera orden de
arresto global de la INTERPOL emitido el 9 de marzo del 2003 está vigente y
algunos países habían declarado la intención de arrestarlo apenas estuviera a
la vista. Estos países no incluyen a México, Estados Unidos o Chile.
Ir a Chile en un momento de tensión sobre los límites marítimos muestra de
parte de Fujimori no solo su sagacidad sino su persistencia. INTERPOL y los
mecanismos de extradición internacionalmente reconocidos han quedado expuestos
como inoperantes y la relación de Fujimori con la prensa internacional, como de
primer nivel. La única razón para una extradición que la justicia chilena
atenderá serán los crímenes de Lesa Humanidad si hay las presiones
internacionales adecuadas. De otro modo AFF será una carta más de la política
exterior del país del Sur.