“¿Por qué es tan
enigmático, señor?”, le pregunta una niña parisina al adusto personaje de un
reciente filme francés. “Porque soy chino”, le responde el aludido. “Chino”
para los peruanos, pero de padres venidos del Japón, Fujimori acaso pueda
cifrar en esa nación la clave de su posible retorno político al país vecino a
Chile.
Las
motivaciones de Fujimori para elegir el aeropuerto de Santiago como plataforma
de su virtual regreso al Perú se han dilucidado con el correr de los
días. A las declaraciones de su locuaz abogado César Nakasaki
proclamando a la justicia penal chilena como “la más segura de
Sudamérica” se unieron discretas –enigmáticas- movidas de la diplomacia
japonesa.
El
hecho que Alberto Kenya Fujimori Fujimori esté en una zona gris de doble
nacionalidad pone de relieve la complejidad de un caso en que el gobierno chileno
se adentró en intrincados senderos, al deponer la vía administrativa para
radicarlo en el ámbito judicial. Porque –más allá de lo que diga el abogado del
prófugo- está claro que en los cálculos de la “operación retorno” se guarda,
como carta de reserva, la japonesa.
Un
juicio de extradición podrá ya ser irritante para los ánimos de los
peruanos que quieren a Fujimori en sus cárceles. A las morosidades propias de
la justicia, tan distantes de las urgencias políticas, se unirán las sospechas
de siempre en contra de las autoridades chilenas, levantadas a todo color por
el propio vicepresidente del Perú David Waissman. Si, de acuerdo a lo calculado
por la defensa de Fujimori, la Corte Suprema deniega en Santiago la
extradición, las frustraciones al otro lado de la frontera no tendrán como
blanco a aquélla, sino al Poder cuyo jefe está en La Moneda.
La
dificultad adicional está en el posible estudio, por parte de Tokio, de un
pedido de repatriación del súbdito Fujimori o, más difusamente, de
acciones políticas que conciten incluso el apoyo estadounidense, tal como lo
dijo la máxima autoridad de esa urbe. Pese a que el canciller Walker ha
enfatizado que los representantes diplomáticos del país asiático sólo se han
interesado por verificar las condiciones de su detención, este solo hecho
levanta el asunto de la nacionalidad japonesa.
Que los misteriosos trascendidos orientales en pro del detenido, recogidos
rápidamente por la prensa limeña, tienen inquieto a Santiago, lo confirmó
ayer el propio Presidente Lagos, al evocar que las autoridades del Japón no
informaron a las chilenas sobre el viaje, en un jet privado, de un requerido
por la justicia y que –puntualizó- no ingresó con un pasaporte de esa nación.
De
haberse seguido la vía de la expulsión del molesto pasajero, cuando éste recaló
en Pudahuel, la interrogación entre paréntesis sobre el futuro de las
relaciones con Japón -con el que se negocia un tratado de libre comercio-, no
existiría. Pero sí la efervescencia con el vecino nortino. Porque, ¿qué hubiese
ocurrido si, al no aceptarse su ingreso al país, el ex gobernante continúa
vuelo, cual un derrocado Shah de Irán, hacia otro destino?, ¿o si se le retiene
sin orden jurisdiccional, para enviárselo a las autoridades peruanas? En este
último caso, se habría incumplido el tratado de 1932 sobre extradición. Y de
respetar los acuerdos entre ambas naciones es de lo que trata el alegato
chileno frente a la ley, aprobada la semana pasada en Lima, que fija las líneas
de base para el dominio marítimo del país fronterizo.
En
todo caso, el camino por el que se optó fue sobre la base de un hecho
consumado: dos funcionarios de Extranjería del aeropuerto visaron sin más el
pasaporte del pasajero que arribó a las 13.30 horas. Que se le franquearon las
puertas del país a un encargado tan notorio por Interpol con difusión roja sólo
lo supo el Presidente Lagos alrededor de las 15 horas y el canciller Walker a
las 4 y media de la tarde de ese apacible domingo, gracias a un telefonazo del
embajador peruano. Al final del día, el Jefe de Estado y sus ministros
políticos fijarían la estrategia para poner paños fríos a la controversia por
los límites marítimos. Hoy, en cambio, la tensa relación contaminó incluso el
proyecto de anillo energético cuyo anuncio se esperaba solemnizar en la cumbre
presidencial de diciembre próximo.