Sistema político y concentración del poder en Chile

La entrevista a Felipe Lamarca, de hace dos semanas, y la de Sebastián Piñera, en La Nación del 16 del presente, podrían ser un buen comienzo de un debate, siempre postergado, sobre el modo de hacer política, y sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo en nuestro país.

Es una paradoja que sean dos representantes de la elite quienes enciendan una luz roja sobre las consecuencias negativas de la concentración del poder en Chile. Aunque estas entrevistas no contienen elementos novedosos, el hecho de que estas opiniones críticas provengan de dos importantes líderes de la derecha empresarial y política les otorga una importancia especial. Y quizá podría estimular a dar su opinión a otros sectores intelectuales, de dirigentes sociales, e incluso de políticos de la Concertación.

El actual sistema político chileno, más allá de las graves deficiencias que mantiene la Constitución de 1980, recién depurada de sus mayores enclaves autoritarios, presenta dos graves deficiencias: el sistema electoral binominal, y la elitización y falta de autonomía de la autodenominada clase política respecto a los sectores empresariales.

La dictadura estableció este sistema electoral, único en el mundo para las elecciones parlamentarias. Este extraño y regresivo procedimiento exige crear y mantener coaliciones de partidos, y ha otorgado al sistema político una gobernabilidad, basada en las restricciones a la voluntad política de la mayoría. Y lo peor es que obliga a la mayoría electoral a cogobernar con la minoría Sus efectos negativos han sido considerables.

Otorga una sobrerepresentación a la coalición minoritaria, distorsionando la voluntad popular y el principio de mayoría.

La exigencia de crear coaliciones permanentes de partidos ha debilitado la identidad de éstos, y los ha obligado a potenciar sus acuerdos, minimizando sus legítimas diferencias. A la vez, ha estimulado la constitución de un amplio espacio de luchas de poder y hegemonía dentro de cada coalición. Esto hace que, en gran medida, la actividad política en Chile consista en los conflictos entre los partidos que forman cada bloque; los cuales carecen de mecanismos para ser resueltos.

Empobrece el debate público, pues dentro de cada coalición éste debe limitarse para mantener la cohesión básica. Cada una de ellas debe realizar una oferta política amplia e imprecisa, generalmente compuesta de eslóganes ambiguos, creados por especialistas en marketing político, para atraer la mayoría heterogénea de votantes.

Restringe el pluralismo político, puesto que de hecho excluye a los partidos que no pertenecen a las coaliciones; y dificulta enormemente la creación de nuevos partidos, y los que no forman parte de las coaliciones están casi imposibilitados de elegir representantes. Se produce así un congelamiento del cuadro partidario, y con ello disminuye las posibilidades de representación política, en una sociedad crecientemente diferenciada y diversa.

Asegura la elección de al menos un candidato de la coalición mayoritaria en cada circunscripción, por eso se asemeja más a un sistema de designación de parlamentarios que de elección de representantes. Este binominalismo es, en gran medida, el responsable del creciente desencanto de la democracia, y el aumento de la apatía política, especialmente en los jóvenes. Como ha dicho el historiador Rafael Gumucio, las elites políticas aprobaron la eliminación los senadores designados porque el sistema binominal constituye, en sí mismo, un sistema de designación de los parlamentarios.

El sistema político chileno presenta un alto grado de elitización de su clase política. Este proceso corresponde a la descripción clásica de Mosca: la clase de los gobernantes es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. La actual constitución establece un sistema en el cual el poder político está concentrado en el Presidente, un pequeño grupo de parlamentarios, tecnócratas, y jueces de la Corte Suprema. Paralelamente, todos los partidos políticos chilenos experimentan un profundo proceso de burocratización, similar al descrito por Weber, y de oligarquización organizacional. Los partidos están dirigidos, permanentemente, por un pequeño grupo de dirigentes profesionales que se alternan en los cargos principales, con escasa renovación. El sociólogo Alain Touraine ha dicho que los partidos políticos latinoamericanos no están asumiendo los problemas sociales; tienen directivas y aparatos administrativos, pero ya no tienen militantes. Su relación a la sociedad se realiza, básicamente, mediante el marketing intensivo de los períodos eleccionarios. En Chile, sólo un pequeño porcentaje de los ciudadanos está inscrito en los partidos, muy pocos de esos militantes tienen actividad partidaria, y, en general, su relación con la organización asume formas clientelísticas, especialmente ligadas al empleo y cargos público. Un dirigente de la Democracia Cristiana señaló que era necesario hacer esfuerzos para que su partido fuera algo más que una agencia de empleos.

La elitización se expresa, asimismo, en la identificación de la clase política con los sectores de mayor ingreso. A diferencia de los dirigentes políticos del período democrático anterior a la dictadura que venían en gran medida de la clase media, e incluso una parte pequeña de sectores populares; la mayoría de los parlamentarios actuales son miembros de la elite social, económica y profesional, y provienen de algunos exclusivos colegios privados de Santiago. Asimismo, la mayor parte de los dirigentes políticos, parlamentarios y tecnócratas comparten el estilo de vida de los empresarios, frecuentan los mismos lugares y ambientes sociales, y se ubican en el primer quintil de ingresos y propiedad.

Parte importante de los dirigentes, no sólo de los partidos conservadores, sino de centroizquierda en el gobierno, incluyendo el ex presidente Frei, son empresarios profesionales dedicados, paralelamente, a la política. Asimismo, muchos de los dirigentes políticos se han hecho empresarios o poseen importantes intereses comerciales, como sucede con los hermanos Zaldívar. Gran parte de los senadores son dueños de sociedades comerciales o miembros del directorio de diversas empresas educacionales, de salud y otros.

El financiamiento de las campañas electorales favorece las conexiones e interdependencias entre dirigentes políticos y empresarios. Como se ha dicho, todos los partidos son financiados, en gran medida, por los grupos económicos y empresas. Y no parece probable que esta situación se modifique sustancialmente con la aplicación de la nueva y defectuosa ley de financiamiento de los partidos políticos. Un empresario ha dicho: nosotros contribuimos con todos los partidos (de gobierno) para que no nos coloquen en listas negras y para tener buena llegada. Esta situación crea compromisos espurios entre parlamentarios y alcaldes con los empresarios, lo que ha conducido a muchos casos de corrupción, como lo han mostrado un estudio del profesor Patricio Orellana (publicado en el número ocho de la revista Polis de la Universidad Bolivariana: www.revistapolis.cl).

Asimismo, los principales empresarios se han convertidos en relevantes actores políticos, especialmente los dirigentes de las mayores asociaciones empresariales. Ellos son consultados por el gobierno y los medios de comunicación respeto a cualquier tema. En muchos casos las decisiones, especialmente de política económica, son previamente acordadas con ellos. Más aún, han desarrollado un influyente discurso sobre los principales problemas de la sociedad chilena, incluido derechos humanos, educación, salud, seguridad ciudadana, desempleo, etc., el cual es difundido, cotidianamente, por los diversos medios de comunicación.

Otra modalidad de articulación entre dirigentes políticos y empresarios lo constituye la circulación de éstos entre el sector público y privado. Muchos ex ministros y funcionarios políticos de alto nivel pasan a cargos gerenciales en el área empresarial, y también empresarios y directivos de empresas son designados en importantes cargos públicos. En el actual gobierno, se produce incluso la anómala situación por la cual más de ochenta gerentes de empresas públicas son, simultáneamente, miembros del directorio de empresas privadas. Es un caso límite de articulación o íntima alianza.

Esta modalidad de circulación de las elites es una exacerbación de la que se produce en el sistema político norteamericano, analizada hace treinta años por Maurice Duverger como tecnodemocracia. Dice este autor: se forma una tecnoestructura política que se parece a la tecnoestructura económica. En ambas encontramos la misma asociación de expertos, técnicos, administradores, organizadores, y de quienes poseen el poder de zanjar las cuestiones: propietarios del capital, presidentes, ministros y jefes de los partidos.

Esta relación se refuerza, en el caso chileno, por la presencia de empresas de lobby creadas por ex dirigentes políticos que emplean -casi siempre, exitosamente-, sus influencias y contactos sobre el gobierno, sus ministros y partidos para favorecer a las grandes empresas trasnacionales o locales que desean impedir o inducir decisiones gubernativas. Su papel es similar al Dios relojero de Newton que cada cierto tiempo ajustaba el funcionamiento de la leyes naturales del universo. Lo sorprendente es que varios de estos lobbistas sean, a la vez, asesores del gobierno. En conclusión, se ha producido una profunda articulación entre políticos y empresarios que asegura que las principales orientaciones y decisiones políticas se adecuen al desarrollo del mercado, y los intereses de las grandes empresas. Sin embargo, todos estos complejos fenómenos son sólo una parte de un gigantesco proceso de concentración de poder y oportunidades que recorre toda la sociedad chilena, y que recién estamos empezando a analizar.