{mosimage}Santiago.- Las autoridades nacionales, regionales y municipales han destacado como un importante factor generador de empleos e ingresos la próxima instalación de 17 casinos de juego en diferentes regiones del país. Sin embargo, un análisis realizado por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) revela que el impacto en el empleo es muy limitado. De lo que ninguna autoridad ha declarado es de los posibles impactos sociales negativos de la masificación de los juegos de azar.
La nueva ley de casinos, impulsada desde 1999, entró en vigencia en mayo del 2005 y permitirá la creación de salas de juego e instalaciones turísticas anexas en 17 localidades del país. Hasta el momento se han presentado a licitación 48 proyectos, los que, una vez seleccionados, sumarán inversiones por unos 1.300 millones de dólares. Con los ya operativos, el número de casinos en el país ascenderá a 24.
La Ley Marco de Casinos permite entre una y tres salas de juego por región, con la sola excepción de la Región Metropolitana, en la que no se autoriza su existencia. De acuerdo al cuerpo legal, aproximadamente 18 meses después de su publicación deberían estar aprobadas las solicitudes para crear nuevos casinos de juego. Y luego, en un plazo de dos años, se deberían desarrollar los proyectos aprobados.
No son pocos los recursos que están en juego, lo que ha quedado demostrado por el entusiasmo de las autoridades municipales y regionales por conducir hacia sus territorios los casinos. Como emblema está el Casino de Viña, que generó durante el 2003 la suma de 22 mil millones de pesos, de los cuales cuatro mil millones fueron destinados al Fisco por concepto de impuestos. De los 18 mil millones de pesos de utilidades brutas, poco más de ocho mil millones habían ido a las arcas municipales. Según información reproducida por la prensa, el casino aporta cerca del 30 por ciento de los recursos anuales que el municipio de Viña del Mar requiere para su gestión. (La Nación)Los siete casinos en operación generaron el 2004 una recaudación de IVA por alrededor de 11 millones de dólares, cifra que podría triplicarse al incrementarse el número de salas.
Con la nueva ley, sin embargo, los aportes municipales sufrirán de ciertas alteraciones. Actualmente, como vemos en el ejemplo de Viña del Mar, este municipio recibió el 44 por ciento de los ingresos después de impuestos. Con la nueva ley, el municipio compartirá el 20 por ciento de los ingresos totales con el gobierno regional.
La nueva legislación estableció una autoridad de carácter nacional llamada Superintendencia de Casinos de Juego, a la que le corresponde la atribución de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación. De acuerdo a lo que dispone el cuerpo legal, a mediados de 2006 estarán asignados los permisos de operación y licencias y, aproximadamente, a mediados del año 2008 podrían estar operando los nuevos casinos, cuyas autorizaciones serán por 15 años, pudiendo ser renovadas.
Por su parte, los siete casinos en operación seguirán rigiéndose por las normas legales por las que se crearon hasta que se extingan los contratos de concesión o renovación. Las prórrogas para que puedan seguir operando podrán extenderse hasta el 31 de diciembre del 2015.
El principal argumento levantado por las autoridades a la hora de defender este tipo de inversión es su capacidad de generar empleo. Sin embargo, bajo esta lógica, sería natural hallar buenas tasas de empleo en las ciudades y regiones en las que en la actualidad operan casinos. Si se toman como ejemplos cuatro de los principales casinos chilenos – Arica, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas- podemos observar que no existe esta directa relación, y menos aún si se toman como referencia las principales ciudades en las que hoy operan casinos.
Con la nueva ley, los aportes municipales sufrirán de ciertas alteraciones. Actualmente, como vemos en el ejemplo de Viña del Mar, este municipio recibió el 44 por ciento de los ingresos después de impuestos. Con la nueva ley, el municipio compartirá el 20 por ciento de los ingresos totales con el gobierno regional. En un cálculo simple, la nueva ley disminuye los aportes por concepto de juego que reciben los municipios, no obstante éstos teóricamente aumentarían al multiplicarse el número de salas de juego.
Por último, hay un aspecto que no ha sido tenido en cuenta en este artículo, no obstante es necesario mencionarlo. La actividad de los juegos de azar ha estado siempre ligada a actividades propias de la economía sumergida y en no pocos casos ilegal. La fama de Las Vegas o Atlantic City no ha sido una invención gratuita. La atracción de un ‘turismo depredador’, presente en los grandes resorts como Cancún o Punta Cana, lejos de implicar una mejor calidad de vida para las comunidades locales y para los países, ha significado reconversión laboral forzosa y presiones migratorias internas. Tal es el caso de Pucón, por ejemplo, ubicado en la región de mayor pobreza del país.
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