La evocación que hizo Ricardo Lagos de las gestiones reservadas del gobierno español frente a su detención en 1986 trajo un implícito mensaje: el reconocimiento del papel que está jugando la diplomacia chilena en el juicio que afecta a Andrónico Luksic en Perú.
En Santiago, las autoridades emitieron una serie de confusas señales desde que una sala de la Corte Suprema de aquel país dictara orden de captura internacional en contra de tres ejecutivos de Lucchetti, declarados en rebeldía contumaz en el proceso que se les sigue por tráfico de influencias. Del respaldo a los inversores chilenos, con expresiones a favor de su honorabilidad e inocencia, los voceros gubernamentales pasaron a la prevención de que no debía permitirse que un juicio, incoado conforme a las garantías de un Estado de Derecho, enturbiase las relaciones entre las dos naciones.
En ese predicamento se atrincheró el canciller Ignacio Walker, quien sabe, mejor que nadie, que cualquier palabra, incluso las emitidas por él antes de tomar sus funciones ministeriales, pueden acarrear problemas con los vecinos. Y en el caso del Perú, los conflictos se suscitan cíclicamente. En los últimos meses ocurrieron por un par de graffiteros chilenos en el Cuzco, un pasante peruano por la línea de la Concordia, el desentierro de las ventas de armas a Ecuador en 1995, un video exhibido en los vuelos de Lan, la elección de Insulza en la OEA y, en fin, por la vieja contienda de los límites marítimos.
Por eso no dejó de llamar la atención, a ambos lados de la frontera, la instantánea reacción oficial de aquí en favor de los compatriotas empresarios, que alegan ser víctimas de un trato injusto por el Poder Judicial peruano. Cuando los jóvenes graffiteros fueron aprehendidos, el Presidente Lagos también se permitió cierto desahogo ante el clima espeso que rodea todo juicio a un chileno en el país fronterizo, pero pronto todo se dejó en manos de un organismo no gubernamental, la Fundación Ideas, para obtener la libertad de los asediados rayadores de ruinas incaicas.
Ahora tocó que los Presidentes de ambas naciones coincidieron en Brasil, donde no dejaron de tratar el tema y de emitir sendas declaraciones a favor de un juicio justo. Es algo que, sin duda, alentó a los ministros que en Santiago acusaron el golpe de la hostilidad a un grupo empresarial importante. Para los gobiernos de la Concertación y, en especial, el del socialista Lagos ha sido siempre prioritario cuidar las relaciones con los empresarios, y en este caso, se da el agregado de que sus partidos han tenido muy buenas relaciones con el fundador de la dinastía, fallecido en agosto último, y sus descendientes.
Los suspicaces quisieron ver en la foto del Presidente Lagos almorzando con los banqueros un espaldarazo especial a Andrónico Luksic, quien compartía la mesa, en estos días de persecución, y así, por lo demás, lo quiso tomar éste en sus declaraciones a la salida. Pero la verdad es que el encuentro, aunque no el brindis especial que se le ofreció, estaba programado con anterioridad y sólo al afectado le correspondía decidir si restarse o no al acto.
Lo claro es lo que recordó después el Primer Mandatario: cuando el embajador de España empezó a abogar por él, en sus días de cárcel de 1986, advirtió que no haría declaraciones públicas ni lo visitaría en la cárcel, para no obtener el efecto contrario al deseado. Como en aquella ocasión,debemos ser muy cuidadosos, añadió el Presidente, admitiendo el uso de canales diplomáticos. Pero entonces no se estaba en un Estado de Derecho. Hoy, cualquier paso extrajudicial puede convertir el caso Lucchetti en el que existe un comprometedor vladivideo- en una nueva fuente de discordia en las siempre delicadas relaciones con el vecino que se acostumbró, desde el siglo XIX, a mirarnos con acritud.
