La digna viuda de Salvador Allende,
nuestra Tencha Bussi nacional,
declaró el 11 de septiembre pasado
en La Moneda: ""Chile aun no
vive en plena democracia"(1).
intentado subirse al carro de la historia pretendiendo que él, y no
otro,(2) era el hombre de estado que había, ¡por fin!, abierto las
grandes alamedas poniéndole término al “momento gris y oscuro”
(sic) gracias a una “nueva constitución” (resic).
Lagos se hizo culpable ese día de dos pecadillos graves: primero, no
conocer las imborrables palabras pronunciadas por Allende al morir
defendiendo la Constitución legítima, y segundo, intentar vender el
texto mamarracho surgido de la mente fascistoide de Jaime Guzmán (con
algún maquillaje en plan “porque yo lo valgo”) como la culminación de
un proceso de democratización aun no concluido.
Lamentablemente, algunos días más tarde Michelle Bachelet se hizo eco
de esta estafa al declarar que con esta constitución “la transición ha
terminado”(sic). Puede que esta desafortunada afirmación tenga algo
que ver con su asesor Andrés Velasco, quién ha declarado admirar a
Jaime Guzmán y el sistema electoral binominal que le dio “estabilidad
al país”.(3)
El momento en que Lagos firmó -muy solemnemente- el texto mamarracho,
fue bien elegido. Durante las fiestas patrias el pueblo de Chile está
en otra y la estafa pasó “piola”. O al menos eso creen quienes se
felicitan del timo.
Por cierto, el modo en que el texto firmado por Lagos vio la luz del
día no tiene nada de glorioso. Prolongando el mal uso de las
tratativas de pasillo que le han permitido a la derecha conservar lo
esencial de la impunidad y lo fundamental del ordenamiento jurídico
legado por Pinochet, el maquillaje de la constitución del 80 fue
negociado, línea por línea, a espaldas de la ciudadanía. El
Parlamento, o lo que en la constitución pinochetera hace las veces de,
sirvió de tapadera.
De ahí que sea legítimo preguntarse:
¿Y el pueblo en todo esto?
¿Qué se hizo la soberanía popular?
¿Qué se hizo la voluntad general como fuente de legitimidad del poder?
En suma, ¿Qué se hicieron los derechos ciudadanos?
Desde luego no basta con utilizar, a guisa de preámbulo y en modo que
recuerda el coitus interruptus, una frase mal copiada del Contrato
Social: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.(4)
El crimen antidemocrático es de tal envergadura que conviene recordar
un par de cosas.
EL FIN DEL CONTRATO SOCIAL
Por Luis Casado
El pensamiento que condujo a establecer el derecho como el resultado
de convenios entre hombres libres es muy anterior a Jean-Jacques
Rousseau, aun cuando se le suele atribuir al pensador ginebrino la
paternidad del invento.
Aquellos que empezaban a sentirse estrechos en la monarquía de derecho
divino, asentada en el principio que todo derecho legítimo provenía de
Dios, propusieron una solución muy distinta, basada en el derecho
natural.
El hombre es libre dijeron, porque la naturaleza le hizo libre. Si el
hombre accede a someterse a las leyes, es porque él mismo participa a
su creación y aprobación. La ley no es sino la expresión de la
voluntad general, y genera derechos y deberes. Los hombres hacen las
leyes para evitar los amos, y mantenerse libres.
En su obra “El contrato social”(5) Rousseau expuso las ideas que
servirían de zócalo al orden civil instaurado por la revolución
francesa, y a las democracias construidas sobre las cenizas de la
monarquía absoluta.
“El hombre ha nacido libre, dice Rousseau, pero por doquier se halla
encadenado…” El derecho nacido de la fuerza no es legítimo, dice,
porque no ha sido libremente aceptado por el hombre libre. Si un
pueblo está obligado a obedecer… hace bien… pero en el momento en
que puede sacudirse el yugo… hace todavía mejor…”
Corrigiendo a Aristóteles, quién afirmó que algunos hombres nacen para
la esclavitud y otros para la dominación, Rousseau dice que el
filósofo macedonio tomaba el efecto por la causa. Y agrega, “Los
esclavos pierden todo con sus cadenas, hasta el deseo de liberarse de
ellas… Si hay, pues, esclavos por naturaleza, es porque hubo
esclavos contra naturaleza. La fuerza hizo los primeros esclavos; su
cobardía los ha perpetuado”.
La tremenda carga revolucionaria de los escritos de Rousseau le
granjeó algunas enemistades, y hay quién le acusó de difundir ideas
totalitarias. Pero como bien dice Enrique López Castellón,(6) no se
conoce ninguna dictadura que haya reclamado una inspiración
rousseauniana. Mal podrían hacerlo. Rousseau afirma que la fuerza es
un poder físico y a ese poder no se le puede atribuir ninguna
legitimidad porque “Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de
voluntad…”
La conclusión es demoledora: la fuerza no constituye el derecho, y el
hombre sólo está obligado a obedecer a los poderes legítimos. Las
convenciones, el contrato social, son la base de la autoridad legítima
entre los hombres.
Como ejemplo de convenciones libremente aceptadas por los hombres
libres se cuentan la Constitución y las leyes.
Dato que lleva a interrogarse sobre la legitimidad del derecho que
emana de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Dicha
Constitución nació del poder de la fuerza, fuerza ante la cual se
cedió como un acto de necesidad, no de voluntad.
Hoy en día nadie puede afirmar que la Constitución de 1980 responde a
la noción de Contrato Social.
El contrato social, ese convenio fuente de todo derecho legítimo, que
responde a la necesidad de “Hallar una forma de asociación que
defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y a los bienes
de cada asociado, y en virtud de la cual, al unirse cada uno a todos,
no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes”.
Nadie, repito, osa afirmar hoy en día que la Constitución impuesta por
la dictadura haya sido el producto de la voluntad general.
¿Qué justifica su pervivencia?
¿Qué razones conducen la sociedad chilena a continuar sometida a una
Constitución ilegítima?
“El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor”, nos dice Rousseau.
Para luego agregar que la soberanía del pueblo es “inalienable”. En
otras palabras, al ser la soberanía del pueblo el ejercicio de su
voluntad general, esta voluntad general sólo puede estar representada
por el pueblo, y en ningún caso por un sátrapa, un príncipe, un
dictador, o a fortiori por un parlamento domesticado cuyo trabajo
legislativo se hace a espaldas del pueblo soberano.
Rousseau agrega que la voluntad particular tiende por su naturaleza a
las preferencias, mientras que la voluntad general tiende a la
igualdad.
Al constatar la preeminencia de los intereses muy particulares del
gran capital, del mundo de las finanzas y de la inversión extranjera
por sobre la voluntad y los intereses generales del pueblo de Chile no
podemos sino preguntar: ¿Qué puede justificar el aparente
contentamiento con el que se acomodan a una Constitución impuesta por
la fuerza las autoridades nacidas de esa ley ilegítima?
Buscando una respuesta uno no puede sino citar a Rousseau: “La fuerza
hizo los primeros esclavos; su cobardía los ha perpetuado”.
A menos que concluyamos que el gobierno nacido de la Constitución
impuesta por la fuerza no es sino la expresión de una voluntad
particular, cuyo fin consiste en imponer determinadas preferencias en
contra de los intereses de los más, en contra de la voluntad general.
Por otra parte, el convenio, como fuente de todo derecho, afirma no
sólo la libertad de los hombres sino también su igualdad política.
Cada cual cede una parte de su propia libertad para someterse a la
autoridad de la ley común aprobada por todos.
Rousseau lo expone del modo siguiente: “Cada uno de nosotros pone en
común su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la
voluntad general, y recibimos además a cada miembro como parte
indivisible del todo”.
Se crea de este modo un ente social, un yo común, que en otras épocas
recibía el nombre de ciudad,(7) y que ahora es llamada república, o
Estado.
Respecto de los asociados, dice Rousseau, toman colectivamente el
nombre de pueblo,(8) y se llaman en particular ciudadanos en cuanto
participan de la autoridad soberana, y súbditos en cuanto están
sometidos a leyes del Estado.
Jean-Jacques Rousseau no nos dice como deben ser llamados aquellos
asociados tan especiales, y tan propios de la sociedad chilena, que
ejercen todos sus derechos pero no aceptan ningún deber, y en
particular no se someten a la ley común.(9)
Y no es que Rousseau se hiciese muchas ilusiones con relación a la
factibilidad de la democracia construida sobre la base de los
principios expuestos en “El Contrato social”, ya que preveía, intuía,
que la libertad y la igualdad políticas proclamadas como derecho
natural, no irían muy lejos sin la igualdad económica. Hecho no banal,
si consideramos que para Rousseau la desigualdad es el mal original,
el que engendra todos los demás.(10)
La previsión de Rousseau va siendo confirmada por los hechos: hoy en
día la desigualdad económica aleja progresivamente a los ciudadanos
del ejercicio de sus derechos más elementales, mientras que la
imposición de estructuras de reflexión y de decisión internacionales
perfectamente impermeables a la opinión ciudadana como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de
Comercio, el Foro de Davos, para no hablar de los Tratados de Libre
Comercio que maniatan a países ya controlados por las multinacionales,
termina por eliminar definitivamente la posibilidad para la voluntad
general de ejercer algún tipo de influencia en los temas que le
conciernen.
En su día, los nacientes Estados inspirados en las ideas de libertad e
igualdad expuestas por Rousseau eliminaron los privilegios
monárquicos, o bien los heredaron, y asumieron los poderes nacidos de
la voluntad general, es decir de la soberanía del pueblo.
Entre otros, el derecho de acuñar moneda (que hoy en día llamaríamos
la emisión monetaria), el derecho de cobrar impuestos (que hoy en día
llamaríamos política tributaria o régimen impositivo), el poder
legislativo o en otras palabras el derecho de establecer las leyes, la
capacidad de aplicar la ley, de imponer la justicia, el derecho
exclusivo del ejercicio de la violencia legítima, el derecho a
castigar los infractores de la ley incluyendo la privación de
libertad, la educación (rescatada de manos de la iglesia y de los
colegios e institutos reales), la responsabilidad de la sanidad
pública, la edificación y el mantenimiento de las infraestructuras
públicas, las relaciones exteriores, la administración del patrimonio
de la nación, la seguridad pública.
El Estado, y cada poder del Estado, nacieron pues de la voluntad
general, de la soberanía del pueblo. En esta concepción del orden
civil, el Estado supone representar el interés de todos, la voluntad
general.
Ahora bien, como decíamos más arriba, la realidad histórica nos ha
mostrado que el interés general suele confundirse con el interés de
unos pocos, y que la igualdad política dista mucho de tener una
relación de causa a efecto con la igualdad económica. La intuición de
Rousseau, a mediados del siglo XVIII, era cierta.
En pleno siglo XIX, testigo de la revolución industrial y del
desarrollo del capitalismo, Karl Marx desarrolló una tesis distinta a
la de Rousseau, en la que el interés general cede la plaza a los
intereses contradictorios, opuestos e irreconciliables, de sectores
sociales diferenciados por su riqueza, la posesión o la carencia de
medios de producción y el papel que desempeñan en la vida económica,
en el modo de producción.
Marx constata que la voluntad particular se impone a la voluntad
general, y en la concepción marxista la noción del Estado como
representante del interés general cede su lugar al Estado como
instrumento de defensa de los intereses de la clase dominante.
He ahí donde conducía la desigualdad económica prevista por Rousseau.
Al alba del siglo XXI, el triunfo del capitalismo primitivo y primario
que ahora llaman neoliberalismo, -y que suele disfrazarse bajo la
denominación de “economía de mercado”-, consagra la desigualdad
social, política y económica, destruye los cimientos mismos de la
democracia, e impone la derrota de la voluntad general.
El corolario es simple: si como consecuencia de la desigualdad
económica existe dominación de un sector de la sociedad sobre otros
sectores de la sociedad, tampoco hay igualdad política.
La igualdad política desaparece, aplastada por la desigualdad
económica.
Los derechos de los ciudadanos libres, aquellos de los cuales emana el
poder legítimo a través de la voluntad general, comienzan a
transformarse cada vez más en derechos puramente formales.
El ejercicio del poder en favor de la voluntad particular, a favor de
la clase dominante, va alejando a los ciudadanos de sus derechos más
elementales.
A pesar de su aguda intuición, Rousseau ni siquiera pudo imaginar
hasta que punto la desigualdad económica llevaría a la negación misma
del Estado que nació inspirado en sus ideas. Y a la negación de la
igualdad política, a la negación del hombre nacido libre por derecho
natural.
El desarrollo del capitalismo primitivo y primario, -rebautizado en
modo vergonzante con la expresión economía de mercado y que según John
Kenneth Galbraith (11) debiese ser conocido como el sistema de las
sociedades anónimas-, ha ido transformando al ciudadano, nacido libre
e igual, en un socio de segunda o tercera clase despojado del derecho
de inmiscuirse en lo que le concierne.
Después de abandonar los complejos de inferioridad que el capitalismo
desarrolló en razón de sus repetidas crisis económicas -y en
particular la crisis de 1929-, cuyas catastróficas consecuencias le
impusieron algo de pudor en la explotación de la mano de obra
asalariada, el capitalismo actual, el neoliberalismo como se ha dado
en llamar lo que no es sino capitalismo primitivo y primario de la
peor especie, impone leyes y reglas que se alejan definitivamente de
la voluntad general, del interés general, para no ser sino la
expresión de los intereses de la clase dominante.
Para utilizar la expresión de Samuel Huntington, los gobiernos son
“Residuos del pasado, cuya única función consiste en facilitar las
operaciones de la elite global”.
Dos fenómenos convergentes, la imposición del pensamiento único en la
economía, y la aceleración de la globalización, alejan continuamente
al ciudadano de los derechos cuyo origen Rousseau atribuía a la
naturaleza: los derechos de un hombre nacido libre e igual.
Los fenómenos mencionados van generando un problema mayor, cual es el
de determinar como se estructura la sociedad y el orden civil, el
problema de saber de donde emana la autoridad y la legitimidad del
poder y del derecho.
Quienes sostienen la indiscutible racionalidad del mercado, su
insuperable sabiduría, su predominio absoluto en todas las materias
que fueron de incumbencia ciudadana, no hacen sino desplazar la fuente
de la autoridad y de legitimidad del poder y del derecho al mercado,
significando con ello el fin del Contrato Social y consagrando la
dictadura del dinero.
EL MERCADO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE DEL ORDEN CIVIL
Por Luis Casado
De modo pues que, según el pensamiento dominante, el elemento
regulador de las relaciones sociales, del orden civil, la fuente de la
legitimidad del poder y del derecho es el mercado… La “racionalidad”
del mercado…
No obstante, cada día que pasa nos trae nuevas evidencias de la
“pérdida de confianza” en el mercado.
¿Adónde vamos a parar si ya no se puede creer ni en el mercado?
La Crisis, -así, con mayúscula-, es mayúscula.
Asistimos simultáneamente, por una parte, a un fenómeno de pérdida de
credibilidad de la política y de los políticos, (13) y por la otra, a
un desmadre de falta de confianza en los mercados. En estas
condiciones ¿a qué santo encomendarse?
Que la política y los políticos tengan, hoy por hoy, el mismo peso
específico que un paquete de palomitas de maíz se explica: la dimisión
colectiva que constituye la transferencia de buena parte de sus
prerrogativas al mercado, la irresponsabilidad reivindicada al darle
autonomía a los bancos centrales sin razón aparente y la mutilación de
las competencias del Estado por vía Constitucional bastan, por si
solas, para comprender que la política y los políticos se reservan la
potestad del vacío.
Lo que explica además que el discurso político conjugue
sistemáticamente sus verbos en tiempo futuro.
Pero que el mercado, sacralizado por esos mismos políticos, al cual le
asignaron poderes cuasi divinos, pierda toda credibilidad… plantea
un problema mayor.
Hubo una época no muy lejana en la cual se daba por sentado que cada
ciudadano debía respetar la ley -que nadie debía ignorar- generada en
un Parlamento compuesto por representantes elegidos democráticamente.
O sea la ley que surgía de la manifestación de la soberanía popular.
El triunfo del capitalismo primitivo y primario que llaman
neoliberalismo, con su secuela de responsabilidades transferidas al
mercado, pretendido demiurgo de la estabilidad económica y del
progreso social, le dejó al Parlamento un campo de competencias
reducido, limitado a poca cosa más que a escuchar el mensaje
presidencial, cada 21 de mayo, o a aprobar Acuerdos internacionales en
la negociación de los cuales no tiene arte ni parte.
¡Desdichada soberanía popular! El mercado puede más.
A los mercados hay que darles garantías. A los mercados, ¡pobres de
ellos! hay que darles confianza. ¿Y como hacer si la política ya no
inspira ninguna o muy poca?
¿Que puede el ejecutivo, o el Parlamento, para darle confianza a los
mercados?
¿A esos mercados que ya no le inspiran confianza a nadie?
La retahíla de estafas, fraudes, engaños, timos, embelecos, desfalcos,
pillajes, rapacerías, hurtos y raterías cometidos por insospechables
multinacionales ligadas estrechamente al poder político
estadounidense, por los auditores encargados supuestamente de
controlarlas, y por los analistas financieros truhanes cuya sapiencia
ha servido para embaucar incautos en vez de esclarecer las decisiones
de los accionistas se está pagando muy cara.(14)
Políticos mezclados con intereses espurios determinados por el
mercado. Mercados espurios, comprando políticos para falsear los datos
del mercado.
Ecuación que da como resultado valores bursátiles inferiores a los
valores económicos.
Y decenas de millones de desempleados. ¿Pero a quién le importa?
Y millones de pensionados que ven desaparecer sus pensiones. ¿Pero a
quién le importa?
Falta de confianza que reduce las inversiones, que a su vez reduce el
empleo, que a su vez reduce la demanda, que a su vez reduce las
inversiones, que a su vez…
La racionalidad del mercado. Al que hay que “restituirle la confianza”.
¿Pero cómo devolver la confianza, si lo que se ha dado en llamar “la
comunidad de negocios” no sólo duda sino que sospecha fundadamente de
los datos que provienen de los agentes económicos?
¿Cómo acordarle alguna credibilidad a las cuentas de las
multinacionales cuya opacidad es insondable?
Tan insondable que las demasiado frecuentes malversaciones son
indetectables gracias a los cientos de filiales situadas en paraísos
fiscales, a participaciones cruzadas, a carteras de pedidos ficticias,
a facturaciones de favor de casa matriz a filial y viceversa, a
provisiones artificiosas, y a un sinnúmero de triquiñuelas contables
más o menos ilegales.(15)
Balances que no convencen ni a los propios accionistas, que hace ya
algún tiempo aprendieron a desconfiar de la pomada llamada “corporate
governance”.
¿Cómo pues, repito, devolverle la confianza a los mercados?
¿Privatizando más para abrirle el apetito a la inversión privada
nacional y/o extranjera?
Toda privatización trae consigo una pérdida de patrimonio para la
nación. Es decir empobrece al país.
Cuando el Estado decide vender una empresa se sitúa automáticamente en
posición de debilidad: si quiere vender debe hacerlo de modo que quede
en evidencia que quién compra hace un beneficio. Y, en lo posible, muy
rápidamente.
Si no es el caso, ¿para qué comprar? Es decir que el Estado debe
vender a un valor financiero inferior al valor económico. Por ello se
sub-evalúa la empresa que se va a privatizar. No solo en Chile. En
cualquier sitio en el que se privatizan activos públicos.
De ahí que la fiebre privatizadora aumentase rápida y
exponencialmente: era el mejor modo de hacerse rico en poco tiempo. Y
hay quienes compran y venden sus acciones en el mismo día para
concretizar rápidamente sus ganancias.
Pero privatizando, ¿se le devuelve la confianza a quién?
Desde luego no a los inversores.
¿Cómo podrían los inversores confiar en un Estado que se hace
esquilmar vendiendo a vil precio el patrimonio nacional? En otras
palabras, ¿Cómo confiar en un cretino? ¿O en un deshonesto?
Y tampoco se le devuelve la confianza al “factor trabajo”, ese que
suele ser el primer damnificado con las reducciones de personal, las
deslocalizaciones, las reducciones de salarios, la precarización.
Menudo problema al que están enfrentados los vencedores. Los
capitalistas primarios (neoliberales). Aquellos que escribieron “el
fin de la historia”.
Que la desideologización y la despolitización les importe un bledo, se
entiende. ¡Pero la pérdida de confianza en el mercado!… Eso debe
importarles.
Esa pérdida de confianza que hace temer a Felix G. Rohatyn que “el
capitalismo… no sobrevivirá”.
Menudo problema en verdad. Porque si el elemento estructurante de la
vida en sociedad ya no reposa en el Contrato Social, ni en la
racionalidad del mercado ¿la vida en sociedad se sustenta en qué?
La sociedad civil -los ciudadanos-, no logra encontrar una expresión
coherente en el Estado político.
¿Cómo se expresan las libertades ciudadanas para millones de pobres e
indigentes?
¿Qué significa el crecimiento para cientos de miles, millones de
desempleados?
¿O la seguridad para los pobladores víctimas de la delincuencia que
engendra la miseria?
¿De qué manera ven el progreso los estudiantes sin recursos?
¿Qué son los adelantos científicos para las familias sin servicios
médicos?
La Constitución legada por la dictadura transformó el Estado en
instrumento de los poderosos, para mantener a raya a los débiles y el
maquillaje operado por Lagos no hace sino perpetuar esa función.
El Estado no representa sino a quienes lo transformaron en la
alcahueta de sus propios intereses. Tal vez ello explique que casi 50%
de la ciudadanía no se inscriba, no vote, o vote blanco o nulo. Al
imponer el neoliberalismo en Chile la dictadura dio un gran salto
atrás: un salto atrás de siglos.
Cuando el Estado deja de representar los intereses de la nación, la
nación se desinteresa del Estado…
Por eso es conveniente preguntarse una y otra vez: si el elemento
estructurante de la vida en sociedad ya no reposa en el Contrato
Social, ni en la racionalidad del mercado… ¿La vida en sociedad, el
orden civil, se sustenta en qué?
NOTAS DEL AUTOR
(1)Durante el homenaje a Salvador Allende en el Palacio Presidencial.
(2)Patricio Aylwin, presente en la ceremonia, continua insistiendo en
que la transición terminó durante su mandato.
(3)Dicho sea de paso Jovino Novoa, líder de la UDI, piensa y declara lo
mismo.
(4)Capítulo I, Art. 1 del texto mamarracho.
(5)«El Contrato Social» – J.J. Rousseau – Ed. Mateos – Madrid, 1999.
(6)Enrique López Castellón. Prólogo a la citada edición del Contrato
Social.
(7)De ahí la calidad de “ciudadano”, miembro de la ciudad, y parte de
la soberanía ciudadana.
(8)Pueblo, y en ningún caso “gente”, que en el latín “genus” quiere
decir familia o tribu. El pueblo, del latín populus, es el conjunto de
ciudadanos que ejerce derechos y respeta deberes adoptados libremente.
(9)Pinochet y sus secuaces por dar un ejemplo…
(10)J.J. Rousseau. Op. cit.
(11)«Les mensonges de l’économie”; J.K. Galbraith. Ed. xxxx – Paris.
2004
(12)Modelo económico conocido impropiamente como neoliberalismo, y que
no es sino la imposición de las tesis del capitalismo primitivo y
primario.
(13)p.ej.: 50% de abstención, voto blanco o nulo, y/o de no
inscripción en los registros electorales en Chile. Para no hablar de
los USA. O de Francia en donde más del 60% de los menores de 35 años
no votó en las últimas elecciones parlamentarias.
(14)A la desaparición de Andersen, motivada por fraude, estafa y
prevaricación, se suman los centenares de millones de dólares de multa
pagados por Merrill Lynch y KPMG con el exclusivo fin de parar los
procesos que la justicia de los EEUU llevaba adelante precisamente por
fraude, estafa y prevaricación… Es lo que se llama la “transparencia”
de los mercados.
(15)Ya sabes: Enron, Worldcom, Tyco, Parmalat, Ahold, los
laboratorios, los bancos, las empresas de telecomunicaciones, y un
largo, larguísimo etc.