El gobierno decretó el Estado de Emergencia en las dos provincias, lo que implica la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos políticos de la ciudadanía. Tal medida fue recibida por la población con indignación, provocando que las movilizaciones radicalicen en sus acciones.
El sábado la provincia de Manabí se ha sumado al estado de emergencia. El decreto, difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, declara como “zona de seguridad” y suspende las garantías constitucionales en el cantón de Chone, provincia de Manabí, donde parte de la población exige la destitución del alcalde, al que acusan de corrupción.
Este sábado el gobierno de Ecuador informó que siete atentados en contra de la infraestructura petrolera provocaron derrames de petróleo cuantificados en 2 mil 600 barriles de petróleo. La fuerza pública endureció, a su vez, las acciones para restablecer el orden, tomar el control de decenas de pozos ocupados por los manifestantes y despejar las carreteras para habilitar la circulación.
El decreto, según la información de la Presidencia, suspende entre otros derechos los de opinión, expresión, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, el libre transito y las libertades de asociación y reunión con fines políticos. Además, se impone el empleo de la fuerza pública “para establecer las condiciones de seguridad requeridas por la finalidad de precautelar la integridad de la ciudadanía y la propiedad pública y privada”.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) ante la situación de represión de los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, informa que la situación de represión policial y militar es muy fuerte. Existe un número indeterminado de asfixiados y heridos contusos por bombas lacrimógenas, las ambulancias del patronato y de otros centros de salud privados han sido puestas a la disposición para el socorro. Entre los heridos hay niños, es grave la situación de niñas gemelas que se encuentran internadas por asfixia en Lago Agrio.
También se encuentran retenidas por militares entre 40 y 50 personas en las instalaciones de Petroecuador, estación norte. Se conoce que estas personas habrían sido golpeadas y estarían heridas por los incidentes mientras intentaban tomarse la planta. La situación en la Provincia de Orellana es todavía más crítica. Hay 6 heridos de bala y 3 por bombas lacrimógenas. Están desplegados 2500 militares de fuerzas especiales, de la escuela de selva Shanguilá, preparados para el combate en contra de la subversión y quienes están al mando de la represión. Niños y ancianos han sido evacuados a sectores apartados de la ciudad.
CEDHU hace un llamado a respetar la integridad física de las personas que participan en la paralización. Condena la violencia de la represión, “este es un hecho que atenta a los derechos humanos”. Hace un llamado al Gobierno ecuatoriano para que garantice las libertades públicas de todos los ciudadanos.
El paro de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana demandan la atención a una serie de necesidades básicas como la construcción y pavimentación de vías, obras de infraestructura y la salida de las transnacionales petroleras Occidental y Encana, por violación a la Ley de Hidrocarburos.
