Momentos de máxima tensión se viven en Rapa Nui luego que un gran contingente policial se apostara este martes 11 de enero desde las 9 de la mañana en las afueras del Hotel Hanga Roa, ocupado por la familia Hito. Carabineros prohíbe la entrada al terreno y tampoco deja salir a las personas del Hotel lo que es denunciado como actitud propia de un régimen tiránico por la matriarca de la Familia Hito, Magdalena Hito.
Numerosos miembros de esta familia y de otras familias Rapa Nui han logrado escabullir la presencia policial y han podido ingresar al recinto para apoyar la justa demanda territorial que existe sobre el terreno donde se emplaza el hotel.
Cabe tener presente que este jueves 13 de enero es el “Día D” de este conflicto, ya que aquel día será la audiencia de formalización de 17 miembros del Clan Hito los que son acusados por el fiscal especial Guillermo Felipe de realizar una “usurpación” del Hotel Hanga Roa.
Quien debiera decidir si acepta la solicitud de formalización es el juez Bernardo Toro, encargado de la labor judicial en Isla de Pascua. Sin embargo, éste podría ser inhabilitado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que está tramitando una solicitud de recusación hecha por los abogados de la Familia Hito el pasado 8 de enero, debido a la elocuente predisposición negativa del magistrado a las justas demandas ancestrales del pueblo Rapa Nui.
Si el juez Toro da su visto bueno para la formalización, se prevé que pocas horas transcurrirían para un desalojo del Hotel Hanga Roa, de allí la masiva presencia policial y el operativo implementado hoy.
Asimismo, y tomando en cuenta el tenor violento de los anteriores desalojos, se espera para esta semana una nueva jornada gris en Isla de Pascua, con detenidos, heridos y escenas de suma violencia de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Si esto sucede, el gobierno de Sebastián Piñera sumaría un nuevo suceso de atropello a los derechos humanos y un nuevo atentado a los derechos legítimos de la etnia Rapa Nui, lo que sería visto negativamente por la comunidad internacional y concretaría la mirada inspectiva y sancionadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.