El texto necesitaba de 69 votos para su aprobación, pero no se alcanzó el quórum necesario, ya que sólo hubo 57 votos a favor, siete en contra y una abstención. El texto define la desaparición forzosa como un delito común, además de establecer que debe ser juzgado por tribunales comunes y no por la justicia militar. Este tratado internacional es antecedente de la Convención de la ONU, que ya fue aprobada por el Congreso, argumento que esgrimió el gobierno para pedir su aprobación.
Pero la Alianza no dio los votos necesarios, situación que generó fuertes críticas por parte de parlamentarios oficialistas.
“Esta es la derecha más cavernaria y reaccionaria, no sólo de América Latina, sino que del mundo, una derecha pinochetista. Estamos hablando de gente que es capaz, así como hoy rechaza una convención de esta naturaleza, de volver a impulsar las políticas terroristas como lo hizo en alguna época con la DINA y la CNI”, acusó el diputado PS, Sergio Aguiló.
Pero este argumento fue rechazado por el diputado UDI, Claudio Alvarado, jefe de bancada, quien puso en entredicho al documento internacional.
“Si faltan votos es porque existen proyectos de igual naturaleza que siguen en trámite administrativo, y que son mucho más acordes a la legislación vigente y al sistema judicial chileno, por lo que esa crítica de la Concertación no tiene sentido”, aseguró.
La suscripción de esta convención implica no practicar ni tolerar estas prácticas en ningún Estado, sancionar en la respectiva jurisdicción estos delitos, prevenir que surjan estos casos y tomar las medidas para cumplir los compromisos.
El documento fue firmado en Belén Do Pará, Brasil, en 1994 y sirvió para elaborar la convención contra la desaparición forzada de personas por parte de la Organización de Naciones Unidas.
Con este rechazo, sólo en dos años más de podría volver a ingresar el proyecto al Congreso.