Lima.- El gobierno anunció el envío de más tropas a la región de Ica, afectada por un terremoto, ante los persistentes saqueos y pillaje que marcaron una tercera noche de temor, caos, hambre y desesperación en la zona. Al mismo tiempo, la cifra oficial de muertos se elevó hoy a 496, tras el rescate de más cadáveres entre los escombros, mientras recuentos no oficiales arrojan 550 víctimas y el sistema de defensa civil reportó 33 mil 200 familias que han perdido sus viviendas.
El ministro de Defensa, Allan Wagner, dijo que otros 600 militares serán desplegados en las principales ciudades afectadas, Pisco, Ica, Chincha y Cañete, y se sumarán a 400 que ya se encuentran en esas urbes, y la policía anunció igualmente el envío de más agentes.
Los refuerzos fueron anunciados luego que, anoche, el presidente Alan García afirmó que el Estado no permitirá la delincuencia y mantendrá el orden en la zona afectada, donde el mandatario permanece desde el jueves último para dirigir las operaciones de emergencia. García aseveró que quienes pretenden aprovechar la desgracia para cometer delitos se encontrarán con la firme acción del Estado y dijo que considera la posibilidad de ordenar restricciones del tránsito nocturno y reforzar la presencia de uniformados. Mientras el mandatario hacía la advertencia, grupos de delincuentes asaltaban tiendas, casas y hasta un hospital, este último en Chincha, que sufrió el robo de equipos médicos y fármacos. El problema de la delincuencia se agudiza en Chincha por la presencia de un número no precisado de presos fugados de la cárcel lugareña cuando la muralla que la rodeaba se desplomó por el sismo, y que han sido capturados en su mayoría, según el gobierno. A esa situación se suma la desesperación de pobladores por la falta de alimentos y agua, que da lugar a algaradas en las que la gente arrebata esos medios a los camiones o centros de distribución de ayuda. En medio de críticas a la falta de organización y de eficiencia gubernamental en la emergencia, el ministro del Interior, Luis Alva, negó haber recibido denuncias concretas sobre los incidentes y sugirió que son producto de “terrorismo blanco”, por lo que fue censurado por la emisora Radioprogramas. A contramano de las críticas, el presidente García sostuvo que el gobierno ha tomado en las 48 horas posteriores al terremoto las medidas necesarias, al evacuar a hospitales de Lima a 436 heridos y facilitar el entierro de las víctimas. Afirmó igualmente que el ejecutivo ha logrado establecer una forma ordenada de entrega de alimentos a los damnificados, criterio que muchos de estos y diversos medios de prensa no comparten y hasta hablan de pérdida de control oficial de la situación. El congresista Edgar Núñez, del gobernante Partido Aprista y que perdió en Pisco varios familiares en el terremoto, sostuvo también que no hay eficiencia en la distribución de alimentos en Pisco, la ciudad más afecada. Núñez dijo que no basta distribuir víveres y agua en los ocho puntos establecidos por el gobierno, porque esto es insuficiente para una ciudad de 170 mil habitantes, y reclamó también mayor seguridad ante la violencia.
Los refuerzos fueron anunciados luego que, anoche, el presidente Alan García afirmó que el Estado no permitirá la delincuencia y mantendrá el orden en la zona afectada, donde el mandatario permanece desde el jueves último para dirigir las operaciones de emergencia. García aseveró que quienes pretenden aprovechar la desgracia para cometer delitos se encontrarán con la firme acción del Estado y dijo que considera la posibilidad de ordenar restricciones del tránsito nocturno y reforzar la presencia de uniformados. Mientras el mandatario hacía la advertencia, grupos de delincuentes asaltaban tiendas, casas y hasta un hospital, este último en Chincha, que sufrió el robo de equipos médicos y fármacos. El problema de la delincuencia se agudiza en Chincha por la presencia de un número no precisado de presos fugados de la cárcel lugareña cuando la muralla que la rodeaba se desplomó por el sismo, y que han sido capturados en su mayoría, según el gobierno. A esa situación se suma la desesperación de pobladores por la falta de alimentos y agua, que da lugar a algaradas en las que la gente arrebata esos medios a los camiones o centros de distribución de ayuda. En medio de críticas a la falta de organización y de eficiencia gubernamental en la emergencia, el ministro del Interior, Luis Alva, negó haber recibido denuncias concretas sobre los incidentes y sugirió que son producto de “terrorismo blanco”, por lo que fue censurado por la emisora Radioprogramas. A contramano de las críticas, el presidente García sostuvo que el gobierno ha tomado en las 48 horas posteriores al terremoto las medidas necesarias, al evacuar a hospitales de Lima a 436 heridos y facilitar el entierro de las víctimas. Afirmó igualmente que el ejecutivo ha logrado establecer una forma ordenada de entrega de alimentos a los damnificados, criterio que muchos de estos y diversos medios de prensa no comparten y hasta hablan de pérdida de control oficial de la situación. El congresista Edgar Núñez, del gobernante Partido Aprista y que perdió en Pisco varios familiares en el terremoto, sostuvo también que no hay eficiencia en la distribución de alimentos en Pisco, la ciudad más afecada. Núñez dijo que no basta distribuir víveres y agua en los ocho puntos establecidos por el gobierno, porque esto es insuficiente para una ciudad de 170 mil habitantes, y reclamó también mayor seguridad ante la violencia.