Santiago.- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) defendió en un comunicado el proyecto de Ley General de Educación del Ejecutivo, señalando que esta normativa es “un paso importante para avanzar en la construcción de un sistema escolar que asegure a cada niño y niña y adolescente el derecho a una educación de calidad y sin exclusiones”.
Asimismo, el organismo señala que la iniciativa está en concordancia con las exigencias y concepciones que demanda una educación moderna puesto que “sitúa a Chile en un nivel de debate acorde con las necesidades educativas del siglo XXI”.
En la misma línea, el delegado para el Cono Sur del organismo, Egidio Crotti, apreció este sábado a los micrófonos de Radio Cooperativa algunos de los puntos de este proyecto de ley, ya que se garantiza la equidad en la formación de los niños
“Como Unicef pensamos que este proyecto establece un marco en el cual por ejemplo se define lo que se entiende como derecho a educación en una visión moderna, que va más allá del derecho a tener acceso a un establecimiento. En esta ley se establece que no es solamente acceder a las escuelas, es permanecer. Se establece también el derecho a aprendizajes pertinentes y un concepto de calidad, pero muy relacionado con el concepto de equidad”.
A su vez, el Crotti valoró la posibilidad de que exista un diálogo porque demuestra que la sociedad chilena está muy interesada en la educación, sin embargo manifestó sus aprehensiones respecto que este debate cristalice posiciones de tipo ideológico.
La nueva Ley General de Educación tiene como objetivo derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) instaurada en la dictadura y dentro de los principales puntos de la normativa, que fue enviada este miércoles al Parlamento, se encuentra el fin del lucro en la educación estatal, dado que sólo podrán ser sostenedores de las escuelas que reciban aportes del Estado las corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro, una situación parecida a lo que actualmente ocurre en la educación superior y que hace compatible la participación de entes privados en la entrega del servicio educativo.