Los nuevos planes del gobierno de Sebastián Piñera, que junto a las grandes empresas forestales (Arauco, CMPC y Masisa), lideradas por Corma (Corporación de la Madera, más conocido como “El Crimen empresarial de la Madera”), hoy pretenden duplicar su dominio forestal en aproximadamente 2 a 3 millones de hectáreas de plantaciones industriales, principalmente, sobre territorios indígenas.
Para cumplir con este objetivo el pasado 2 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó -con suma urgencia- al Congreso Nacional un proyecto de ley que “Modifica y Extiende el DL701 sobre Fomento forestal, en 20 años”.
El proyecto de ley anuncia “nuevas funciones” a las plantaciones, tales como “servicios ambientales, transacción de bonos de carbono forestal, manipulación genética”, con sus consecuentes: “comerciantes del carbono y alta demanda de volúmenes de súper agro tóxicos, entre otras transgénicos singularidades”.
Antes de ingresar este proyecto al Congreso, CONAF debió realizar una “Consulta indígena”, este año 2012. (Esto, porque organizaciones indígenas ya habían denunciado el 2010, en el Congreso, que la prórroga de dos años del DL701, se realizó sin consultar a las comunidades indígenas).
Hoy, el Director Ejecutivo de CONAF, Eduardo Vial, ha señalado en el Congreso que la Consulta indígena fue realizada en todo el país. Sin embargo, existen comunidades que no saben de la existencia de este proyecto o no fueron llamadas a esta supuesta “consulta indígena nacional”.
En estos instantes, el Director de CONAF junto al Subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, están presionando y realizando un fuerte lobby en el Congreso, para la aprobación urgente de este proyecto. En términos reales, este proyecto pone en jaque la supervivencia del pueblo mapuche -significa un exterminio encubierto-.
Lo que se concretará en un plazo de 20 años a partir del 2013 al año 2032. Estos son los planes del Crimen empresarial en Chile. Esta es una de las razones por las que, el gobierno ha aumentado la represión en territorio mapuche.
Ante la suma urgencia puesta por el gobierno, representantes indígenas -aliados en defensa del bosque ancestral- han exigido al legislativo retirar la suma urgencia.