El pasado 27 de agosto el país fue sorprendido por un anuncio que llegaba desde el Palacio de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos anunciaba que desde hacía seis meses el Gobierno venía desarrollando diálogos exploratorios con las FARC y que habían llegado a un acuerdo base para iniciar una Mesa de Conversaciones en Oslo y La Habana a partir de octubre del 2012.
La noticia causó asombró. Habían pasado diez años desde los diálogos rotos y la frustración del Caguán que marcaron un punto de inflexión para Colombia. El país dirigido por el expresidente Álvaro Uribe empezaba entonces una confrontación total contra la guerrilla como única opción para terminar con medio siglo de guerra en Colombia.
Diez años después los mismos actores, Gobierno colombiano y guerrilla de las FARC, vuelven a encontrarse, esta vez en Oslo, con igual intención: la terminación del conflicto. Sin embargo, el camino que los actores han recorrido desde las veredas de San Vicente del Caguán hasta las calles de la capital de Noruega no es el mismo y ambos atraviesan por realidades muy diferentes a las que vivían a finales de los noventa.
Fuerzas desiguales
A Oslo y la Habana el Estado colombiano llega fortalecido estratégica y militarmente frente a la guerrilla de las FARC. Una ventaja que no se evidenciaba desde hace décadas cuando el Estado se disputaba el monopolio de la fuerza con los carteles de la mafia primero y con los grupos guerrilleros después.
Hoy el Ejército tiene capacidad de acción sobre todo el territorio nacional y en los últimos diez años ha pasado de tener 300.000 hombres a 446.000. Igualmente, las Fuerzas Armadas han golpeado duramente la estructura de las FARC y en los últimos dos años logró la muerte de sus número uno y dos, ‘Alfonso Cano’ y el ‘Mono Jojoy’, así como de una veintena de comandantes de diferentes frentes. Además de 3400 judicializaciones de guerrilleros en los últimos 20 meses.
Una acometida que fue reconocida por el propio jefe de las FARC, ‘Timochenko’ quien durante el discurso que oficializaba el inicio de las conversaciones, advirtió que llegaban a la mesa “asediados por la ofensiva militar”.
“La Prosperidad de la Seguridad Democrática, que se instaló desde que Santos llegó al poder, es una estrategia dirigida a asfixiar a las guerrillas y que buscaba obligarlas a sentarse a una mesa de diálogo”, explica Ariel Ávila, investigador de la Fundación Nuevo Arco Iris.
Por su parte la guerrilla llega tras diez años de una guerra que ha ido perdiendo y que la ha obligado al repliegue de las filas y la disminución de sus hombres. Se calcula que a finales de los noventa las FARC contaban con cerca de 21.000 combatientes, una década después tiene menos de 9.000 guerrilleros, según estimación del Ministerio de Defensa.
Sus estructuras han perdido la capacidad de hacer tomas a las poblaciones o de cometer grandes ataques al Ejército como ocurría a finales de los noventa. Con la dejación del secuestro, por lo menos de manera oficial, su única fuente de financiación es el narcotráfico lo que conduce a una criminalización cada vez mayor de sus hombres.
Sin embargo, están lejos de encontrarse derrotados. “La debilidad de la guerrilla es una realidad, pero es relativa porque todavía tienen la posibilidad de hacer daño a la vida política, de controlar algunas regiones y de continuar con una guerra de guerrillas”, argumentan desde la Fundación Ideas para la Paz.
Con la necesidad de confiar
La lista de acercamientos para buscar la paz es igual de larga que la de frustraciones y desengaños entre Gobierno y FARC. Por eso la necesidad primordial de este proceso ha sido tener muestras suficientes que permitan confiar en la otra parte.
La primera de las señales fue el autocontrol y la resistencia a negociar a través de los medios de comunicación y haber logrado mantener en secreto durante más de una año el acercamiento entre las partes. “En procesos anteriores las partes no guardaban tal discreción y eso socavó la confianza”, asegura un analista del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP.
Otro gran obstáculo fue la muerte del líder guerrillero ‘Alfonso Cano’ por la Fuerza Pública, ocurrida durante la fase exploratoria de los diálogos, situación que no interrumpió las conversaciones.
“Se ha visto una serie de hechos que se pueden interpretar como parte de un proceso dirigido a desarrollar la confianza entre las partes. Estas actividades incluyen el pronunciamiento de las FARC, realizado en febrero a los pocos días del inicio de los diálogos exploratorios en La Habana, de un cambio de política respecto a la práctica de secuestro y la liberación de los 10 últimos militares y policías que las FARC aún mantenían en cautiverio”, recuerdan en el CINEP.
Respaldo mayoritario
Si bien no existe un acompañamiento del total de la sociedad colombiana hacia el presidente Santos ni de las FARC a su máximo líder ‘Timochenko’, existe un ambiente favorable para estos acercamientos.
Después de conocerse la noticia, una encuesta elaborada por SEMANA en alianza con RCN arrojó que el 77% de los encuestados aprobaba la decisión de Santos de adelantar negociaciones con las FARC. Un 23% no lo aprobaba, lo que representa a ocho millones de colombianos.
En el campo político la oposición es también mínima y todos los partidos políticos anunciaron su respaldo. Sin embargo, varias figuras públicas, siendo la más destacada la del expresidente Álvaro Uribe, han manifestado sus reparos al proceso que inicia.
Por el lado de las FARC, el ambiente es similar. Al interior del Secretariado General también existen voces contrarias y algunos analistas apuntan a que en el escenario de una desmovilización habría cerca de un 30% de guerrilleros que continuarían delinquiendo.
“Yo veo que en los últimos meses las FARC han mandando mensajes al país a través de videos y cartas que han buscado incidir en la sociedad”, dice Marc Chernick, profesor de Georgetown y experto en resolución de conflictos.
Con lecciones aprendidas
En el CINEP destacan como un factor muy importante la labor previa a la instalación de la mesa de diálogos que han realizado tanto el Gobierno como las FARC.
Se trata de un trabajo previo que incluye un año y medio de preparación, más seis meses adicionales de trabajo intensivo durante los diálogos exploratorios que han servido principalmente para avanzar en leyes e iniciativas que respalden los acuerdos a los que se pueda llegar con la guerrilla.
Desde su llegada a la presidencia, Santos impulsó la aprobación del Marco Jurídico para la Paz, así como proyectos reclamados históricamente por la guerrilla: reforma agraria, reparación a víctimas, y restitución de tierras.
Con el reloj en contra
El tiempo es un factor que ejercerá de presión sobre los dos actores. Políticos y analistas ya tienen la calculadora en mano para señalar que el Gobierno tendrá que mostrar resultados en 14 meses a más tardar, es decir febrero del 2014. Si bien es un plazo muy ambicioso para haber alcanzado un acuerdo definitivo que signifique el fin del conflicto, sí resulta un tiempo suficiente para conocer las verdaderas posibilidades de lograr un acuerdo.
Antes de esa fecha el Gobierno tiene la difícil tarea de mostrarle al país de que hay señales inequívocas del éxito del proceso, pues de lo contrario el costo político que deberá asumir será tan alto que no solo la reelección de Santos parecerá imposible sino que el país, al igual que en el 2002, volverá a radicalizarse y la idea de un acuerdo negociado se alejará. “Si en siete meses Santos se llega a parar de la mesa, será un cadáver político”, resume el congresista Miguel Gómez.
Pero el tiempo es un factor que también jugará en contra de las FARC. A pesar de que hay sectores que señalan que la guerrilla puede jugar con el tiempo, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, esto no aplica para este proceso. “Es muy conocida la tendencia dilatoria de este grupo guerrillero, lo que hace poco viable esperar un acuerdo en tan breve tiempo”, asegura el experto en seguridad Alfredo Rangel.
La dilatación exagerada y excesiva de la guerrilla podría ser tomada como una ‘tomadura de pelo’ tanto por la sociedad como por el gobierno y podría ser un motivo para interrumpir el diálogo, y terminar con lo que varias voces han catalogado como una oportunidad que no se puede desperdiciar.
Pero también hay otros factores que no admiten una prolongación indefinida. “Por un lado está la salud de Castro y Chávez, quienes han servido de apoyo crucial en el proceso pero que tienen una salud muy delicada y que en cualquier momento su situación podría cambiar”, destaca Juan Carlos Palou, experto en postconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. “Una prolongación innecesaria también sería perjudicial para la propia organización de las FARC que se vería amenazada por una mayor criminalización a su interior”, concluye Palou.
Las cartas están echadas y a partir de este jueves el país buscará alcanzar de nuevo la paz, esquiva durante largas décadas.
* redactor político de Semana.com de Colombia.