Siguen las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Justicia como consecuencia del incendio en la Cárcel San Miguel que costó la vida de 81 reos. A la reestructuración en Gendarmería, anunciada por el ministro Felipe Bulnes, se suma un proyecto de ley que contempla diversas reformas para disminuir la población penal, que a fines de enero de este año, era superior a las 50 mil personas.
Según trascendió, el secretario de Estado sostuvo una reunión la noche del domingo junto al vicepresidente Rodrigo Hinzpeter y parlamentarios del oficialismo y la oposición para dar a conocer los principales puntos de la iniciativa y buscar apoyo transversal para su aprobación.
Entre las medidas más relevantes, que beneficiarían al 20 por ciento de la población penal en los próximos cuatro años, se encuentra la modificación del sistema de otorgamiento de la libertad condicional.
Los seremis de Justicia ya no decidirán sobre la libertad de los reclusos, por estimarse que actuarían influidos por razones políticas, sino que ésta será facultad exclusiva de los jueces de las Cortes de Apelaciones.
Además, las personas condenadas a menos de un año de reclusión quedarán con medidas cautelares, como arresto domiciliario o trabajo comunitario, y los enfermos terminales o mayores de 80 años podrán continuar su prisión en sus hogares.
Otra de las reformas establece que las personas que hayan cumplido su pena, pero que no tienen dinero para pagar la multa, puedan quedar en libertad con algún servicio a la comunidad.
Hugo Frühling, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, enfatizó que los estudios demuestran que las penas cortas son inefectivas y que hay pocas razones para mantener a las personas de edad avanzada en la cárcel, por lo que las modificaciones le parecen acertadas.
“En general estoy de acuerdo. Creo que la crisis penitenciaria es muy aguda, estamos viviendo un colapso del sistema, y en general ese colapso obedece a que se han adoptado políticas que no van en la dirección correcta y no son racionales, sino que intentan de alguna manera responder con populismo penal al clamor por una mayor seguridad. Intentan responder a la percepción de las personas más que tener una efectividad real dentro del delito. En consecuencia es algo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo”, explicó Frühling.
El abogado subrayó que se requiere una política permanente y “darle una prioridad real al tema carcelario, que hasta ahora ha sido sólo un invitado de piedra en la discusión sobre políticas de seguridad”.
Lucía Dammert, socióloga y doctora en Ciencia Política, valoró los cambios y manifestó su esperanza de que puedan concretarse, afirmando que “las diversas señales que ha dado el Gobierno en los últimos meses respecto de cómo va a enfrentar la crisis carcelaria presenta muy buenos auspicios, hace ver que estamos empezando a mirar como país el tema del delito, no como una cosa más sencilla, sino en su total complejidad. Esperamos que si hay una propuesta de indulto o de un sistema alternativo para cumplimiento de penas, no sea sujeto de un juego más bien político electoralista, sino que tomemos en cuenta las necesidades de la población, y sobre todo de largo aliento”.
La experta en seguridad ciudadana recalcó la necesidad de que en el corto plazo se fortalezcan o generen medidas alternativas eficaces y que la ciudadanía entienda que la infracción inicial no violenta se vincula a problemas sociales o incluso mentales que no deben ser respondidos con cárcel.
Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional Chile, también opinó que las reformas van en la dirección correcta, destacó la importancia de afianzar los trabajos comunitarios como un bien para la comunidad y para el propio reo.
“No hay una política pública concreta respecto de lo que debería ser la forma de reinsertar a los presos condenados dentro de su habitualidad, su contexto comunitario o social. Creemos que no han hablado de dineros, ni de políticas específicas respecto de cómo llevar a cabo esa materia”, destacó Vergara.
Estas medidas, junto a la reestructuración de Gendarmería, se suman al plan de acción que busca dignificar las condiciones de los reclusos en un plazo de tres meses, como parte de los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema penitenciario.
Estas medidas, junto a la reestructuración de Gendarmería, se suman al plan de acción que busca dignificar las condiciones de los reclusos en un plazo de tres meses, como parte de los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema penitenciario.
En tanto, parlamentarios de la Concertación han planteado sus suspicacias sobre el alcance del llamado “indulto masivo”, llamando a no beneficiar a violadores de derechos humanos.