Las elecciones municipales que se avecinan han abierto la discusión respecto a temas relevantes como lo es la seguridad ciudadana. Esta es la obligación del estado de garantizar la libertad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Cuando alguien no puede usar una joya, estacionar un auto, o debe llenar de rejas su negocio o domicilio por temor a ser víctima de un delito tenemos un problema de seguridad ciudadana.
Con todo, se debe aclarar que esta es una responsabilidad del Ministerio del Interior, el Ministerio Público, los Tribunales y las policías. El municipio puede colaborar, llamar la atención y proponer políticas de seguridad pero no tiene la responsabilidad principal.
Dicho esto hay que decir que P. Alto tiene un severo problema de seguridad. De acuerdo a los datos de la Subsecretaria de Prevención del delito del Ministerio del Interior el 36,4 % de los hogares de P. Alto señalan haber sido victimas de un delito en los últimos 12 meses en una año el índice aumento un 30%, hurtos y robos son los delitos dominantes, el 42,5 % son robos de vehículos. El índice de victimización (creer que se puede ser victima de un delito) es de un 51,4 % en el país es del 40,2%, percepción de vulnerabilidad (se siente inseguro en su barrio cuando oscurece) en P. Alto 60,2 % en el país 51 %.
Respecto de las causas los vecinos señalan primero “la falta de carabineros” y luego “la ocupación del barrio por grupos y pandillas peligrosas”. Durante 2011 se practicaron 2.231 detenciones y 1.192 procedimiento anti drogas, lo que es una baja del 31,5 % respecto del año anterior, en el país se aumentó en un 3,8 %.
Lo primero se resuelve desde el gobierno central lo cual supone un municipio resuelto a hacer respetar el derecho a la seguridad de sus vecinos. Lo segundo no es evitar que los jóvenes se junten, se trata de evitar que de allí salga una voluntad delictual. Aquí lo deportivo, cultural, educativo que pueda hacer el municipio es central, esta probado que es mas caro castigar un delito que prevenirlo. La reacción contra el delito, mostrando lo malo de ese camino incluso para el victimario, debe hacerse con la sociedad civil. Hay que instalar en los jóvenes la idea de que no es “rentable” delinquir.
Si el mensaje social a los jóvenes es “consuman” y el sueldo mínimo 200 mil pesos (en Argentina son 300 mil y en Venezuela 370 mil) el riesgo de tomar la decisióin equivocada es muy alto.
Llenar de cámaras la comuna no sirve pues de una parte se rompe la privacidad a que todos tenemos derechos y no se previene el delito sino que se persigue lo ya ocurrido. Esto fue útil en el centro pero no es aplicable a toda la comuna.
El fracaso de las políticas de seguridad del actual gobierno es claramente perceptible no sólo en cuanto al aumento del delito y de la victimización sino porque el uso irracional de la fuerza pública para reprimir la movilización social ha terminado desprestigiando a Carabineros de Chile. Esta institución estaba muy mal vista por la ciudadanía al término de la dictadura militar, una labor paciente de los gobiernos las reinstaló con legitimidad en la sociedad, en poco tiempo el gobierno actual despilfarró ese capital político. No hay política de seguridad exitosa que pueda ser exitosa a partir de una policía sin simpatías en la sociedad civil.
ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado