Escándalo, bochorno, error, desprolijidad. Cualquiera de estos calificativos usados para acusar la frustrada operación para licitar el litio no precisa la magnitud del evento. La malograda licitación de este mineral mediante CEOL (Contrato Especial de Operación del Litio) no se inscribe sólo en la impericia del actual gobierno, en supuestas irregularidades y ambiciones que condujeron al ilícito, ni tampoco es sólo el festín de burlas de políticos y operadores de la Concertación expresadas a través de las redes sociales.
La abortada operación de entregar el litio a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) fue una maniobra oscura desde el comienzo, que aún, pese a la renuncia del subsecretario de Minería Pablo Wagner y a las acciones judiciales emprendidas por los oferentes perdedores, no deja de tener efectos.
Ha sido un error estrepitoso, vergonzoso, amplificado tal vez por el mismo espíritu de los tiempos. No es que la opción del gobierno de licitar por un decreto el litio evitando toda discusión parlamentaria haya sido un mal comienzo, como tampoco que la explotación se haya finalmente adjudicada a una empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, en la que el subgerente es hermano del ministro de Minería, o que la empresa ganadora haya mentido al presentar sus antecedentes. Tal vez cada una de esas circunstancias, pero en especial la suma de todas ellas, ha sido el gran detonante de una explosión sanadora, que ha colocado en el centro de la visión ciudadana -cuando aún la basura y la mierda estaban en suspensión-, los métodos de hacer negocios entre el Estado y los privados durante los últimos veinte años.
Si algo beneficioso y purificador ha tenido este nuevo trance de corrupción es volver a colocar en la agenda los métodos empleados para las concesiones, licitaciones y también privatizaciones. Bajo el mismo oscuro mecanismo se ha entregado a los privados el cobre, los bosques, los peces, los ríos, los servicios públicos. Con estos mecanismos, pero especialmente con este espíritu corrupto, con esta relación cómplice y delictiva entre el gobierno y el sector privado se ha levantado el modelo económico que hoy aprieta a la gran mayoría de los chilenos.
FESTIN DE OBSCENIDADES
Vale recordar algunos de los más sombríos antecedentes de este evento. De partida, el gobierno insistió desde el comienzo en que el litio -pese a ciertas normas que establecían desde hace décadas a este mineral como “estratégico” y no concesionable-, era licitable, postura que se estrelló con la de especialistas, académicos y algunos políticos de oposición que sostuvieron era necesaria una discusión parlamentaria para crear una nueva ley para su explotación. El gobierno, fiel a su impronta neoliberal, también descartó desde un comienzo la participación de Codelco en la explotación, aun cuando tras las presiones públicas la minera estatal también compró las bases, más como formalidad que como estrategia de desarrollo minero.
SQM fue una empresa privatizada durante la dictadura a favor de Julio Ponce Lerou, yerno del general Pinochet. Hoy, la empresa es líder nacional en el rubro de los fertilizantes y el litio, tiene utilidades anuales por más de 500 millones de dólares, en tanto Ponce Lerou es multimillonario. Otra, y muy singular referencia, está en su administración: Patricio de Solminihac, subgerente de SQM, es hermano de Hernán de Solminihac, titular de la cartera de Minería, encargada de impulsar el proceso de licitación. Como la relación sanguínea era demasiado impúdica en este negocio, Hernán se inhabilitó durante el proceso, que delegó en el subsecretario Pablo Wagner.
SQM presentó una oferta que el comité de evaluación de la licitación consideró idónea, por lo que le adjudicó, tras ofrecer la suma de 40 millones de dólares (tres veces más que el segundo oferente y cinco veces más que el tercero), la explotación del litio durante los próximos veinte años, lo que la llevaría a producir cerca del 40 por ciento de la demanda mundial. Había, sin embargo, un aspecto que fue clave para el proceso: ninguna empresa con litigio pendiente con el Estado podía presentarse al concurso, detalle que SQM ocultó. Si no hubiese sido por una de las compañías que quedaron fuera del concurso, esta exigencia hubiese permanecido en la oscuridad.
Tras conocerse los resultados de la licitación, la empresa Li3 Energy Spa, que integra el consorcio Posco Consortium, presentó un requerimiento al gobierno al conocer que SQM mantenía litigios con el Estado chileno. Aun cuando los ejecutivos de SQM dijeron (no se sabe si con ironía o por un impenetrable cinismo) que el litigio era con el “Fisco” y no con el “Estado”, el argumento no prosperó. Fue indefendible. El comité de licitaciones tuvo que invalidar la adjudicación y Wagner, a modo de fusible, abandonar el cargo. Posteriormente otro de los perdedores, una compañía minera ligada al grupo Errázuriz, presentó una querella por perjurio en contra de SQM en un tribunal de Santiago. Era evidente que los ejecutivos de la empresa de Ponce Lerou participaron en la licitación sabiendo que no cumplían con las bases. ¿Creyeron tener santos en la Corte? ¿Pensaron que abultando la oferta el resto de los requerimientos pasaría soplado?
DE QUÉ SE BURLA
LA CONCERTACIÓN
De todo este estercolero ha salido algo muy beneficioso: poner en la agenda los procesos de licitación y, por extensión, de concesiones y privatizaciones. Mostrar de manera impúdica las relaciones pornográficas entre la política y el sector privado. Cuando las redes sociales se llenaron de expresiones sarcásticas de concertacionistas que observaban con placer esta nueva serie de errores gubernamentales, lo que hacían era defender su manera de hacer estas cosas. ¿Cuál es la fórmula? Es la misma, pero que no te pillen.
El economista Julián Alcayaga escribió una columna que tituló El escándalo del litio, la que debe haber dejado a más de un ex funcionario de la Concertación con la sonrisa helada. Alcayaga no solo afirma que la licitación estaba cocinada desde un comienzo, por lo que el proceso ha sido un simple show para otorgarle cierta legitimidad. De eso se trató la participación de Codelco, que compró las bases, pero también del road show del subsecretario Wagner por Estados Unidos, ofreciendo transparencia y oportunidades de negocios en Chile. Tras el escándalo, sería interesante saber qué piensan no solo las dos empresas que ya reclamaron, sino las decenas de otros participantes.
El escándalo SQM es la punta del iceberg de un modelo de hacer negocios basado en la corrupción, un patrón que surge desde las mismas privatizaciones. No basta con apuntar al ex yerno del dictador, o a sus nietos en el directorio de SQM, sino es necesario hacer un catastro de esta manera de hacer negocios, la que ha creado una casta de multimillonarios en un país de clase media empobrecida y endeudada.
Es posible que SQM sea el paradigma de la corrupción, pero hay cosas durante los gobiernos de la Concertación que debieran por lo menos ruborizar a sus funcionarios. Bastan algunos ejemplos: “El gobierno de Frei Ruiz-Tagle traspasó el control accionario de EMOS a Aguas Barcelona y Lyonnaise des Eaux por 535 millones de dólares, siendo que la empresa tenía un valor accionario superior a 2 mil millones de dólares”, recuerda Alcayaga.
Hay más muestras. Porque un show parecido a la licitación del litio se efectuó en 1994, cuando Codelco “licitó” la privatización del yacimiento El Abra. “El consorcio ganador era el que tenía las relaciones más estrechas con el gobierno y los ejecutivos de Codelco de la época. La licitación internacional solo fue un show para que ganaran estas escogidas empresas. Pero eso no es todo. Posteriormente, Cyprus y Lacs Minerals alegaron que las reservas del yacimiento eran inferiores a las estimadas y pidieron rebaja en el monto licitado. El gobierno de Frei, en vez de anular la licitación, como lo hizo este gobierno con el litio, aceptó que estas empresas se llevaran El Abra por 330 millones de dólares, es decir 107 millones de dólares menos que lo licitado. Más de alguien debe haber recibido una suculenta ‘coimisión’ por esta multimillonaria e ilegítima rebaja.
Posteriormente, con el presidente Lagos, continuaron alegremente las privatizaciones y licitaciones, incluso de las carreteras a escogidas empresas ‘amigas’, que eran fiscalizadas gracias al famoso MOP-GATE. Con la presidenta Bachelet uno de los hechos más vergonzosos fue la forma como se aprobó la Central Campiche, y tan o más fraudulenta que eso fue la forma como se entregó el petróleo (mediante CEOP) a empresas extranjeras, lo que es peor que la licitación del litio, puesto que la concesión del petróleo no sólo la prohibe la ley sino que la Constitución. Es decir, los representantes de los cuatro gobiernos de la Concertación no tendrían moral para criticar la forma como este gobierno ha llevado a cabo la licitación del litio, porque hicieron cosas parecidas o peores”, relata Alcayaga.
PRIVATIZACIONES,
EL ORIGEN DE LA PESTE
Volvamos a SQM, que todavía parece contener la semilla de este mal. Cuando la periodista María Olivia Mönckeberg, autora del libro El saqueo, declaró en 2005 ante una comisión investigadora de la Cámara sobre las privatizaciones realizadas durante la dictadura, dijo que Julio Ponce Lerou se quedó con la empresa gracias a su situación personal y a los contactos que desplegó con los economistas y altos oficiales militares. “Se transformó de un simple ingeniero forestal a poseedor de una fortuna que hoy es pública y notoria. Para llegar a ello, fueron importantes en su vida personajes como el ex ministro Hernán Büchi o Juan Hurtado, quienes por años lo acompañaron en el directorio de Soquimich”.
La actual estructura del poder económico responde a ese proceso corrupto, que vuelve a repetirse como lo ha dicho Alcayaga. Hoy podemos comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden, en gran medida, a los técnicos que las diseñaron desde la Corfo o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo SQM, Roberto De Andraca con el holding CAP y otros, como José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa España con Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León o el grupo Penta, de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con la “diseminación de la propiedad” que se perseguía con la creación de las AFP.
Según información proporcionada por la Contraloría General, se estima que sólo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el periodo comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió más de 2.223 millones de dólares, lo que a 1990 correspondía al 6,4 por ciento del PIB. Si estimamos que el PIB de 1990 era de 34.650 millones de dólares, en cifras de 2004, año de la redacción del informe de la Cámara, las pérdidas llegarían a más de seis mil millones de dólares. Si lo extendemos a 2011, con un PIB de casi 250 mil millones de dólares, éstas subirían a 16 mil millones de dólares.
“Esta es una historia inconclusa”, comentó María Olivia Mönckeberg en esa sesión de la comisión de la Cámara. Y es también una triste historia. Porque la institucionalidad que ha creado la actual estructura económica chilena no sólo ha conducido a la peor distribución del ingreso en la historia económica moderna de Chile, sino que se trata de una institucionalidad cuyas bases son muy oscuras y corruptas. Aquellos grupos, dice la periodista, “surgidos al amparo del régimen militar siguen hoy fortaleciéndose. Ello afecta la vida de todos los chilenos, pues, por mucho que haya más progreso, se ha ido marcando cada vez más la brecha que separa a ricos y pobres”.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 768, 12 de octubre, 2012