Tras la victoria del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet advirtió impasible: “Los chilenos votaron que yo no siguiera, pero de ningún modo por un cambio de la Constitución. ¡No habrá cambios constitucionales!”. Pablo Longueira, en tanto, dirigente de la Unión Demócrata Independiente, (UDI), y hoy ministro de Economía, afirmó: “Chile entero fue derrotado por la demagogia y el engaño. El resultado no le da a nadie derecho a modificar ni una coma de nuestra Constitución”.
El ministro del Interior, Sergio Fernández, por su parte, insistió: “El gobierno no considera reforma ni en sus plazos, ni en sus efectos ni en ningún otro aspecto de la Constitución”. Así, la dictadura y sus partidarios más incondicionales, derrotados en las urnas, decidieron atrincherarse en la Constitución de 1980.
En la Concertación de Partidos por la Democracia, mientras, se inició una apresurada carrera por conseguir la nominación para la candidatura a la Presidencia, a las senadurías y a las diputaciones en las elecciones programadas para diciembre de 1989.
En Renovación Nacional, inquietos por el complejo escenario político que se avecinaba, una comisión integrada por Miguel Luis Amunátegui, Francisco Bulnes, Carlos Reymond y Ricardo Rivadeneira, se abocó a preparar un anteproyecto de reforma constitucional que estuvo listo a fines de noviembre de 1988, y que el secretario general del partido, Andrés Allamand, hoy ministro de Defensa, le llevó al flamante nuevo ministro del Interior, Carlos Cáceres. “Reforma va a haber de todas maneras. Ahora o después. Si es ahora, es con las Fuerzas Armadas en el gobierno; si es después, es con las Fuerzas Armadas fuera del gobierno. No tiene dónde perderse, Carlos. Convenza a Pinochet”, le expresó el joven dirigente de RN en la breve reunión con el jefe de gabinete.
Allamand mantenía un estrecho contacto y amistad con Gutenberg Martínez, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Ambos convencieron a sus respectivos presidentes -Sergio Onofre Jarpa y Patricio Aylwin- de llegar a un acuerdo para reformar la Constitución. Decidieron, entonces, formar una comisión técnica que elaborara una propuesta de reforma. La integraron Francisco Bulnes, Carlos Reymond, Miguel Luis Amunátegui, Ricardo Rivadeneira, Oscar Godoy, Enrique Barros y José Luis Cea, por RN y los independientes de derecha; y Francisco Cumplido, José Antonio Viera-Gallo, Adolfo Veloso y Carlos Andrade, por el PDC, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical, respectivamente.
Allamand ha recordado la importancia que para él y algunos de sus más cercanos tenía aquella iniciativa: “Pensaba que era el inicio de una nueva etapa de las relaciones entre la derecha -representada por RN- y el PDC. Si por el peso de la historia -reciente y remota- el PDC continuaba con la anomalía de aliarse hacia su izquierda, ambos partidos debían ser los soportes de la gobernabilidad. Más aún, si hacia delante la política discurriría en torno a dos coaliciones, rompiéndose así los tres tercios, los partidos mayoritarios de cada una anclarían el sistema en el centro. En una frase: aliados para construir una democracia estable, adversarios para disputar legítimamente el poder”.(1)
En los meses siguientes se desarrolló un intenso tira y afloja entre los tres actores en escena: la dictadura, RN y la Concertación. Nadie más: ni la Izquierda ni menos el pueblo.
En marzo, el entonces máximo líder de la izquierda concertacionista, Ricardo Lagos, declaró en una entrevista de prensa: “Francia después de la barbarie nazi se reconstruyó con un gobierno de Unidad Nacional que encabezó De Gaulle, y que tenía en el gabinete desde la derecha hasta los comunistas. Lo primero que hicieron fue una nueva Constitución…”.(2)
Lagos había descubierto que los altos quórums exigidos para reformar la Constitución no se aplicaban al capítulo XIV, que era el que contenía, precisamente, el procedimiento para reformar la carta fundamental. Bastaba con el 60% del Parlamento para hacerlo. El fundador del PPD creía posible conseguir ese porcentaje en los comicios de diciembre. En los meses siguientes, si embargo, ese “forado” fue tapado, exigiéndose a futuro los dos tercios de los representantes para modificar ese capítulo.
Las negociaciones finales -en mayo- las realizaron Cáceres, Jarpa y Aylwin. Este último asesorado de cerca por Edgardo Boeninger y Enrique Correa. El nuevo plebiscito se efectuó el 30 de julio. El Sí obtuvo el 85,7 de los votos y el No 8,2%. Sólo un ínfimo porcentaje de los que sufragaron sabían realmente sobre qué se estaban pronunciando. Todo estaba amarrado desde las cúpulas, que se esforzaban en no molestar de ningún modo a los sectores militares y empresariales.
En esa oportunidad se efectuaron 54 reformas a la Constitución. Las más significativas fueron la reducción del siguiente periodo presidencial a cuatro años, con prohibición de reelección para el nuevo presidente; incremento del número de senadores de 26 a 38; revocación de la facultad presidencial de disolver la Cámara de Diputados; supresión de la inhabilidad de los dirigentes sindicales y gremiales para intervenir en política y adherir a un partido; pequeña flexibilización de los mecanismos de reforma de la Constitución; eliminación de la facultad presidencial de expulsar del país durante el estado de sitio. Además, la derogación del artículo 8°, que declaraba inconstitucionales los actos de personas que propagasen doctrinas que propiciaran la violencia o un orden jurídico totalitario; aumento del número de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional y, una mayor relevancia a los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico del país.
MODIFICACIONES POSTERIORES
En 1991 se efectuó una segunda modificación constitucional con la aprobación de las llamadas “leyes Cumplido”, que eliminaron las trabas para otorgar indultos y libertades provisionales a procesados por delitos terroristas y transformaron ese tipo de ilícitos en delitos comunes. Luego hubo 15 nuevas reformas referidas a la duración del periodo presidencial, administración comunal, atribuciones del Poder Judicial y procedimientos para reformar la Constitución, entre otras. Nunca, sin embargo, se apuntó a modificar los aspectos sustanciales de la “democracia protegida” que propició Jaime Guzmán y que expresó, a través de la Constitución de 1980, la profunda desconfianza de la dictadura y sus partidarios respecto de la capacidad de la población de autodeterminarse políticamente.
Ya en 1994 el sociólogo Tomás Moulian percibió las trabas sociales y políticas que imponía rigurosamente la Constitución. En una entrevista al diario La Epoca, Moulian señalaba: “Nos encontramos en una sociedad que no profundiza su democracia, y que está además entrampada en una situación política de veto de minoría, donde hay que pactar con la derecha hasta un busto para Salvador Allende. Todo hay que pactarlo, lo que está generando cierta deslegitimación de la política, cierta indiferencia frente a la política, que resultan muy complicadas”.
Y agregaba: “El consenso ha significado que el tipo de sociedad que instaló Pinochet la vivamos como si fuera para siempre. El consenso consiste en tener que creer en la sociedad que impuso Pinochet, que tiene éxito macroeconómico, pese a los niveles de pobreza y pese a los niveles de infelicidad de la sociedad chilena. Eso es para siempre e indiscutible. Entonces, detrás de la idea de un consenso tenemos metida una idea del consenso de fines. No sólo hemos terminado por pensar que la sociedad capitalista -con este tipo de instituciones heredadas de Pinochet- es la sociedad posible, sino además es una sociedad buena. En eso consiste el consenso, en pensar como si ésta fuera una sociedad natural, emanada de la voluntad divina o de la razón, cuando ésta es una sociedad capitalista en un país periférico, con una enorme cantidad de pobres, con un movimiento obrero que tiene muy poca capacidad de negociación, con una serie de demandas que han sido postergadas, y, dentro de su propia lógica, con transformaciones que tampoco se han hecho”.(3)
En los albores del siglo XXI, primero con la detención de Pinochet en Londres y luego con el descubrimiento de cuentas bancarias secretas del ex dictador y su familia, un sector importante de la derecha empezó a distanciarse del mundo militar y se allanó el camino para nuevas reformas constitucionales. En 2005, finalmente, se lograron eliminar de la Constitución de 1980 los siguientes enclaves autoritarios: los senadores designados y vitalicios; la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; la facultad de las Fuerzas Armadas de “garantizar” el orden institucional y, el carácter y mayoría militar del Consejo de Seguridad Nacional, que se transformó en un órgano con mayoría civil y reducido a un papel de asesoría.
En total se hicieron 58 reformas que pretendían cerrar el periodo de transición. Fueron aprobadas por el Congreso Pleno el 16 de agosto por 150 votos a favor, tres en contra y una abstención. Inmediatamente después, se trataron 25 vetos o modificaciones que envió el Poder Ejecutivo en materias como la referencia a los delitos de difamación y a la protección de la vida pública, la suspensión del derecho de sufragio, la vacancia parlamentaria, entrada en vigencia de los tratados internacionales, fuero parlamentario y conformación del Tribunal Constitucional. La aprobación de estos vetos, etapa final de la discusión parlamentaria, se efectuó el 17 de agosto de 2005.
El 26 de agosto de 2005, el Diario Oficial publicó la ley N° 20.050, y las reformas entraron en vigencia. Esta ley también autorizó al presidente Ricardo Lagos para que, en el plazo máximo de un año, fijara un texto refundido que integrara la actual Constitución y las reformas, para efectos de fluidez y concordancia, dado el gran número de cambios y de artículos derogados. Finalmente, la promulgación de ese texto refundido se hizo el 17 de septiembre de 2005 y fue publicado como Decreto Supremo N° 100, el 22 de septiembre de 2005.
Exultante, porque la Constitución de 1980 llevaría ahora su firma, el presidente Lagos expresó: “Tenemos, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile. Representa nuestro mejor homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Esta nueva Constitución constituye uno de nuestros más importantes legados para el Chile del bicentenario, para las nuevas generaciones a las que tocará tomar en sus manos la dirección de nuestra comunidad política y llevarla hacia un Chile más democrático, más justo, más libre e igualitario, para el bien de todos y cada uno de sus habitantes”.
Pese al entusiasmo de Ricardo Lagos y a las evidentes mejoras, la Constitución siguió manteniendo muchos, demasiados, rasgos de la Carta promulgada por la dictadura en 1980. Conservó el sistema binominal de elecciones y la obsesiva protección al derecho de propiedad privada, que contrasta con el casi nulo reconocimiento al derecho a la educación, a la huelga o al multiculturalismo. Mientras el constituyente de 1980 dedicó largos pasajes a proteger el derecho de propiedad contra eventuales ataques del Estado y sus regulaciones, apenas consagró el derecho al trabajo y estableció una abierta hostilidad contra las actividades empresariales del Estado, que sólo pueden desarrollarse si están previamente autorizadas por una ley de quórum calificado. También se privilegió la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación.(4)
Otro “candado” siguió siendo la legislación orgánica constitucional que la propia dictadura militar hizo aprobar antes de entregar el gobierno, el 10 de marzo de 1990, cuando introdujo una batería de leyes de última hora. En los hechos, el sistema constitucional impide que gobiernos elegidos democráticamente puedan eliminar la legislación heredada del periodo autoritario si no logran persuadir a una oposición que continúa comprometida con lo que denomina “la obra del gobierno militar”. Así, las leyes orgánicas constitucionales representan una especie de “constitución en la sombra” que, combinadas con el sistema electoral binominal, complementa el texto de la Constitución de 1980 con normas casi tan difíciles de modificar como ella misma.
Han pasado 32 años desde el fraude plebiscitario que aprobó la Constitución de 1980 y siete años desde las últimas reformas, efectuadas en 2005. Todas las modificaciones se han realizado entre cuatro paredes, a través de “consensos” que huelen a chantaje y negociaciones que más parecen acomodos de los partidos que integran las dos principales coaliciones que desde 1990 gobiernan el país. Hoy, la ciudadanía está exigiendo cambios, pero cambios verdaderos, reales, de fondo, con debate amplio, informado, donde pueda optar y decidir frente a diversas alternativas.
MANUEL SALAZAR SALVO
Notas
(1) Allamand, Andrés: La travesía del desierto, Ediciones Aguilar, 1999.
(2) Revista Análisis, 27 de marzo de 1989.
(3) Diario La Epoca, 31 de diciembre de 1994. Entrevista de Faride Zerán.
(4) Couso, Javier y Coddou: Las asignaturas pendientes de la reforma constitucional chilena, Working papers ICSO-UDP, Nº 2, 2009.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 767, 28 de septiembre, 2012