Mientras en el interior del Crowne Plaza ministros de Estado y ejecutivos y propietarios de las principales empresas mineras y eléctricas avanzaban en fórmulas para fortalecer la “inversión” y la “competitividad”, en el exterior las organizaciones Patagonia sin Represas, Olca, el Observatorio Ciudadano, Ecocéanos, Acción Ecológica, entre otras agrupaciones presentes, acusaban que el gobierno en complicidad con el sector privado pretende “echar abajo” la institucionalidad ambiental.
Alto Maipo, Central Castilla, HidroAysén, Energía Austral, la recuperación del litio, el proyecto de ley Cuarta Urna por una Asamblea Constituyente. La representación de todos los proyectos más conflictivos y las luchas por las cuales se ha movilizado la ciudadanía fue la idea de la actividad “Porque Chile no es un botín, llamado a funar cumbre gobierno-empresarios para repartirse el país” que congregó este sábado al mediodía a unas 200 personas en las afueras del Crowne Plaza en Santiago. Dentro del edificio, un número similar de ministros de Estado y ejecutivos y propietarios de las principales empresas mineras y eléctricas avanzaban en fórmulas para fortalecer la “inversión” y la “competitividad”.
La iniciativa, convocada por Patagonia sin Represas que ha liderado la oposición a HidroAysén y Energía Austral, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) que ha apoyado la ofensiva en contra de la Central Castilla y el Observatorio Ciudadano, se convocó en rechazo al encuentro privado gubernamental en el cual los participantes acordaron 15 medidas pro competitividad e inversión, fuertemente cuestionadas por los dirigentes sociales y ambientales.
Un cumbre sin la ciudadanía
“El encuentro de hoy refleja la desesperación frente al avance que han tenido distintos movimientos en Chile. Sin duda el resultado de la lucha contra la termoeléctrica Castilla es un punto de inflexión en ese camino, pero es la acumulación de muchos movimientos, de muchas expresiones de rechazo a la expansión del modelo de nuestro país” expresó en la ocasión el director de Olca, Lucio Cuenca. Y agregó: “esto es una medida desesperada, porque a pesar que tienen una institucionalidad a su favor hoy quieren echar abajo lo poco que tiene nuestra institucionalidad para la protección ambiental y la defensa de los derechos”.
Al respecto el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, expresó que “la impresión de Patagonia sin Represas es que este es nuevamente un acto de repartirse el país a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía está aquí afuera clamando porque se escuchen sus demandas y adentro está el gobierno con un grupo de empresarios arrinconando al ministerio del Medio Ambiente para que no frene ningún proyecto, y puedan ponerle ruedas al país en los próximos 10 años”. Explicó que todo se centra en los posibles 100 mil millones de dólares de inversión en minería en la próxima década, “que es un delirio del neoliberalismo que quiere llevar al extremo el extractivismo que este país ya no soporta. Son recursos de todos los chilenos y ellos no se los pueden repartir. Entonces que no sueñen que van a lograr sus objetivos porque aquí la democracia va a poner en orden las cosas”.
Para Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, “esto muestra la verdadera cara de este gobierno, que no es muy distinta a la de los anteriores, donde lo que hacen es llegar a sus consensos sólo con los grandes empresarios, con los saqueadores de este país”. Y recalcó: “eso es lo que nosotros estamos repudiando y donde lo que exigimos es que estos temas sean discutidos en una democracia, en un Congreso elegido democráticamente y eso es el fondo de la lucha”. Coincidió Juan Carlos Cárdenas, de Ecocéanos, para quien el encuentro pro inversión “es la expresión más concreta de la alianza entre el poder político y económico que en estos momentos está tratando de apoderarse de los últimos recursos naturales que quedan en el país. Y la expresión más concreta de la forma en que tratan a la sociedad civil, a las comunidades locales… Se vienen a reunir acá gobierno y empresarios mientras la ciudadanía está en la calle luchando por sus derechos”.
También participaron en la acción ciudadanos que impulsan un cambio de fondo a la institucionalidad. “Siempre se ha sabido y cada vez es más patente una demanda por una Asamblea Constituyente. Muchos de los temas terminan o decantan en la necesidad de un cambio al marco normativo. No sólo por la necesidad de construir un nuevo pacto social sino también por hacer una protección real desde un rango constitucional a nuestros bienes comunes, a la forma anquilosada de protección a la propiedad que dejó la dictadura en la Constitución del 80” explicó Paulina Acevedo, periodista del Observatorio Ciudadano.
Acción de las fuerzas especiales
Luego de unos 90 minutos, los manifestantes se retiraron no sin antes convocar a diversas actividades preparadas para las próximas semanas en el marco de las movilizaciones por los diversos conflictos socioambientales aún vigentes.
En el momento que un grupo cortó por breves instantes el paso del tránsito vehicular, un guanaco instalado en las cercanías lanzó chorros de agua no sólo en contra de quienes ejecutaron la acción sino también contra de transeúntes y las vitrinas aledañas al Crowne Plaza.
Posteriormente fuerzas especiales intentaron infructuosamente desalojar a algunos jóvenes que pacíficamente estaban sentados en el lugar. Fue en este contexto que el efectivo al mando del contingente, el capitán Jaime García Muñoz, se trenzó en una discusión verbal con algunos dirigentes que expresaron su preocupación por la retención indefinida de la cédula de identidad de un joven participante.
En la ocasión los dirigentes cuestionaron la actitud del oficial en contra de sus conciudadanos, muchos de ellos menores de edad, situación que posteriormente calificaron de contradictoria con el celo demostrado por el efectivo hace un par de años cuando le correspondió comandar una delegación de fuerzas especiales destinada a proteger a extranjeros en Haití.