Un nuevo conflicto ambiental está por enfrentar el gobierno cuando haga pública, próximamente, la propuesta de desafectación del Parque Nacional Lauca en la región de Arica y Parinacota.
Hace ocho meses el Presidente Sebastián Piñera anunció que entre 5 y 15 por ciento de la superficie del parque sería desafectado para favorecer la actividad minera de cobre, oro y plata en la zona, que podría generar una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares.
De hecho, ya se habla de que estarían interesadas en explotar el área empresas como Codelco,
Luis Vega, integrante de la Red Ambiental del Norte, enfatizó que hay malestar entre las comunidades de la zona por este y otros proyectos que no son consultados con los propios afectados. “La Red Ambiental del Norte se opone a todos los proyectos que afecten el Medioambiente sin consultar a la ciudadanía. Este gobierno le ha entregado el control ambiental a las empresas sin que el Estado tenga injerencia sobre ello, dejando con todo el poder a las grandes empresas transnacionales que están operando en el país” declaró.
Por su parte Vilma Castro, de la comunidad de Surire, sostuvo que la desafectación implica un terrible atentado al medio ambiente y subrayó que la única comunidad que está a favor de esta medida, por motivos económicos, es Juan de Dios Aranda, de Putre, quienes en su mayoría viven en Santiago y no tienen apego por la tierra.
Vilma Castro planteó que las agrupaciones seguirán organizándose para manifestar su descontento, quien señala que “el agua está en juego porque al entrar la minería se arrasa con la naturaleza. Estamos organizados para hacer frente y sabemos que no será fácil, las leyes internacionales están siendo vulneradas, el parque Lauca está protegido por la convención de Washington y el salar de Surire tiene protección internacional, la cual no está siendo respetada”.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, insistió en que esta situación contraviene la legislación nacional y compromisos internacionales, quien criticó la inexistente sensibilidad ambiental del gobierno.
El ambientalista alertó sobre los antecedentes de las mineras que pretenden iniciar sus actividades en la zona desafectada al subrayar que “estamos hablando de empresas que tienen un alto prontuario ambiental. Está la empresa Southern Copper que tiene operaciones en Perú y que es responsable de uno de los mayores desastres ecológicos mineros, como lo es la intoxicación de la bahía de Itev y que también tiene conflictos en Arequipa y la frontera con Chile, estamos hablando de empresas con pésimos antecedentes”.
Luego del estudio jurídico del Ministerio de Minería la decisión estaría en manos de la Secretaría General de la Presidencia.