Con ocasión del largo feriado por la celebración de las Fiestas del Dieciocho de Septiembre mucha gente salió de sus lugares habituales de residencia para dirigirse en sus vehículos a otras ciudades y todos ya sabemos lo que aconteció en las carreteras concesionadas en los últimos años a empresas extranjeras.
Vimos en las pantallas de televisión unas brutales congestiones que consideramos inéditas y con irritación contenida constatamos que las empresas que obtienen lucros muy altos con la explotación de ese negocio cobraban el peaje de los automovilistas en forma manual, es decir, cada conductor tenía que sacar la plata del bolsillo, entregársela a un cobrador, recibir de éste en ocasiones el vuelto y siempre un comprobante que generalmente muchos botan en cualquier lugar.
Esta estúpida tramitación para recolectar el dinero, que no se justifica actualmente habida cuenta la existencia de los adelantos tecnológicos conocidos, producía unos tacos interminables que ocasionaron el airado reclamo de aquellos que se desplazaban a sus distintos puntos de destino. En el sector de Angostura, en la ruta 5 al sur, el colapso vial era insoportable.
Ahora bien, en relación a esta desagradable situación, excusándonos por la autorreferencia, consideramos necesario dejar el testimonio que a continuación damos a conocer a los lectores.
Hace casi un año atrás, exactamente en octubre de 2011, la Comisión de Obras Públicas del Senado invitó a diferentes actores públicos y privados para que, en un seminario ad hoc en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, entregaran sus opiniones sobre el desarrollo de las concesiones, ello con el propósito de mejorar esta política sectorial.
Recordemos que las concesiones se otorgan por acotados períodos de tiempo, generalmente 30 años.
Expusieron el Presidente de las empresas concesionarias, el Coordinador de Concesiones del MOP, el representante del Ministerio de Medio Ambiente, destacados académicos expertos en transporte, un senador de la República, un ex ministro de OOPP y quien suscribe esta columna.
En esa propicia ocasión, dado el creciente aumento del parque automotor y en razón a que sólo las autopistas urbanas operan con el sistema de pago automático de peajes (TAG), propuse que a la brevedad se pusieran de acuerdo las concesionarias con el MOP con la intención de que en forma gradual las autopistas interurbanas también dispusieran de ese eficiente sistema de pago con TAG. Lo anterior, ya que así, por razones más que obvias, se iba a mejorar sustancialmente la circulación vehicular.
También propusimos que en el mediano plazo, con el ánimo previsor que los distintos gobiernos chilenos no tienen, todos los vehículos nuevos se vendieran con el TAG instalado con la elemental idea de simplificar las cosas para los tiempos que vienen.
Al término de mi alocución hubo un interesante debate entre los asistentes al seminario y los expositores. Constatamos que nadie se opuso a la implementación del cobro automático en las autopistas interurbanas, lo que significa que tácitamente todos estaban de acuerdo con esa básica idea de sentido común.
Sabemos que en pocas ocasiones al año la gente utiliza masivamente las carreteras, también sabemos que el TAG no es la panacea absoluta porque los vehículos en circulación cada día son más y no es aceptable seguir ensanchando esas vialidades de alta velocidad, pero es evidente que con el pago automático de peajes se mejoraría en gran medida el desplazamiento de los mismos.
Las concesionarias se han negado sistemáticamente a instalar estos dispositivos invocando a su favor el hecho de que los contratos firmados con el MOP no las obligan a disponer del mencionado cobro automático, lo que es verdad y que denota la negligencia, por no decir flojera o desinterés por la ciudadanía, de los funcionarios del Estado que redactaron las estipulaciones contractuales.
En razón a que la situación ya es insoportable, ahora esperamos que esas empresas concesionarias de bienes nacionales de uso público, cumpliendo con la cacareada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se allanen a instalar a la brevedad esta moderna y necesaria tecnología en los puntos de mayor congestión y en tal sentido el MOP, con su mediático presidenciable Laurence Golborne a la cabeza, ejerciendo a cabalidad su rol público, tiene la última y concluyente palabra.
Estaremos atentos a ver quien gana en este “gallito” : los intereses privados de los inversionistas quienes no desean asumir el costo económico de la implementación del TAG, el cual por lo demás es reducido, o bien los intereses de la ciudadanía que tiene el legítimo derecho a circular sin reiteradas detenciones, es decir con normalidad, por estas carreteras que “le pertenecen a la nación toda”, según el DL 1.939 del Ministerio de Bienes Nacionales.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”