Los jefes de las bancadas de los partidos de oposición informaron a través de un oficio dirigido al Presidente Sebastián Piñera, el inicio de un proceso de “fiscalización parlamentaria”, a raíz de las declaraciones de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, en relación al fallo de la Corte Suprema que ratificó la ilegalidad del proyecto termoeléctrico Castilla.
El oficio emplaza al Presidente a pronunciarse sobre los dichos de la secretaria de Estado e incluye una solicitud para que responda, además, “sobre la declaración pública que adoptó el Pleno de la Corte Suprema el pasado 11 de septiembre de 2012, precisamente respecto de esta materia, manifestando su total, absoluto y decidido rechazo a las mismas”.
En esa línea, el subjefe de la bancada DC, Ricardo Rincón señaló que “la Concertación y sus jefaturas de bancada inician el proceso de fiscalización a la ministra Benítez; no descartamos ninguna herramienta de fiscalización y ya hemos firmado todos este oficio al Presidente de la República en conformidad de las facultades Constitucionales del artículo 52 numeral, primero para que el Mandatario, de quien dependen los ministros de Estado, responda sobre lo que ha dicho el pleno de la Corte Suprema porque fue clarísimo al señalar que las manifestaciones de la ministra Benítez escapan a la sola crítica y constituyen una afectación directa de la independencia y autonomía del poder judicial: Por ello, lo que corresponde es que el Presidente responda a esta cámara fiscalizadora”.
La jefa de la Bancada PPD, Adriana Muñoz, señaló que con este oficio “queremos establecer que ésta es una intromisión inaceptable de una Ministra de Estado en las facultades de otro Poder del Estado, como es el Poder Judicial. También si este desparpajo con que el gobierno ha defendido a la ministra Benítez es consciente, o es una intervención bastante desproporcionada en los medios para defender lo indefendible y generar un mal referente en la relación de los poderes del Estado”.
El Presidente tiene un plazo de 30 días para responder a este requerimiento y, de no prosperar, no se descarta una acusación constitucional.