Como siempre ha ocurrido cada vez que se acerca una elección, el cogobierno de la Alianza y la Concertación, -ese improbable monopolio de la política parasitaria-, inventa un tema de debate para dar la impresión de que existe alguna diferencia significativa, y mostrar que esta pseudo democracia ofrece alternativas. El resultado no cambia: después de más de 20 años de mangoneo y tongo, el sistema binominal y toda la institucionalidad heredada de la dictadura siguen incólumes. Alianza y Concertación juegan al “un, dos, tres, ¡momia!”
De ahí que la veleidad concertacionista de modificar el sistema electoral binominal, y la excusa de que tal osadía es siempre bloqueada por la Alianza, sean un mal chiste demasiado repetido. La condición del pinochetismo civil y militar para cederle el gobierno a la Concertación fue que éstos mantuvieran intacta su obra: es decir su modelo económico y su institucionalidad política. La Concertación no solo aceptó esas condiciones de buen grado, sino que además hizo suyo el modelo económico profundizándolo, sacando provecho del uno y del otro.
Como dijo Jaime Guzmán, “(…) había que asegurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
El abogado Fernando Atria resume muy bien la metáfora del ideólogo de la UDI cuando afirma que la cancha diseñada por Guzmán para la transición es una trampa: el equipo que gana está designado de antemano. Quienes aceptaron participar de esta trampa son igual de tramposos que quienes la diseñaron. Con un sistema electoral binominal (para no mencionar la inicua ley de partidos políticos) que le da poder de veto a la UDI en el parlamento, con el poder de veto que ostenta el Tribunal Constitucional, y con la imposición de mayorías parlamentarias imposibles de reunir para reformar leyes relevantes, Jaime Guzmán cerró con un triple candado cualquier posibilidad de realizar un cambio estructural significativo en Chile.
Ese poder de veto que le dejó a la Alianza, -y muy especialmente a la UDI-, es similar al que tienen los EEUU en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en el seno del FMI. El Consejo de Seguridad es el único organismo de la ONU que importa pues a diferencia del resto, -que se limita a ofrecer “recomendaciones”-, el Consejo de Seguridad puede obligar a los países miembros a acatar sus decisiones (con la notable excepción de Israel).
Con nuestra Constitución pasa algo parecido. Las disposiciones que sustentan el actual modelo económico, político e institucional están contenidas en las llamadas “leyes orgánicas”. Reformarlas requiere tener el voto favorable de 70 de los 120 diputados y 22 de los 38 senadores. Sistema binominal mediante, quién se proponga hacer algo distinto a lo que haría Guzmán en el poder necesitaría la anuencia de estos 92 parlamentarios.
En la práctica los parlamentarios son designados a dedo, -fifty-fifty Alianza/Concertación-, lo que hace casi imposible disponer de una mayoría parlamentaria simple, y sencillamente inimaginable el disponer de una mayoría calificada. Esta trampa hizo inevitable el cogobierno Alianza-Concertación, y nos legó un Parlamento ilegítimo e impotente, cuyo papel es mayormente decorativo.
El principal objetivo del sistema electoral binominal, -único en el mundo-, consiste en darle poder de veto a los unos contra los otros y a ambos en contra del pueblo soberano, condenando al país a una crisis institucional permanente. Jaime Guzmán tomó tantos resguardos para conservar intacta la obra de Pinochet y la dictadura cívico-militar que, aún modificando el sistema binominal o alcanzando las mayorías calificadas para modificar estas “leyes orgánicas”, se termina chocando contra el Tribunal Constitucional que es el enemigo mortal de lo que logra pasar los dos filtros anteriores. ¿Hay un órgano más antidemocrático que el Tribunal Constitucional?
La soberanía concentrada en diez abogados que nadie ha elegido. Los miembros del Tribunal Constitucional no son electos popularmente: tres son ministros de la Corte Suprema elegidos por ella misma; tres son designados por el Presidente de la República; dos son elegidos por los 2/3 de los miembros del Senado, y los dos últimos son propuestos por la Cámara de diputados y designados por el Senado. Todos sus miembros deben ser obligatoriamente juristas. Su principal tarea consiste en eternizar la Constitución ilegítima.
El show que monta la Concertación cada vez que hay una elección es un mal chiste no sólo porque nunca logró ningún cambio significativo, sino porque gracias al dry cleaning que le hizo a la derecha y los arreglines institucionales, RN y la UDI no necesitan disponer de una mayoría para ejercer un derecho a veto. En virtud de esa estafa se podría incluso maquillar el binominal, -como quieren hacerlo ahora-, sin eliminar ninguno de los tres candados institucionales de Jaime Guzmán. Peor aún, cada nuevo maquillaje gatopardista, -como la firma de Lagos a la Constitución de Pinochet el año 2005-, posterga aún más el retorno a una democracia digna de ese nombre.
Sólo una Constitución democrática, elaborada por una Asamblea Constituyente y aprobada por el pueblo soberano, puede restituirle a Chile su calidad de República, y al pueblo los derechos que le arrebataron con un golpe de Estado.
Salvador Muñoz K. – Cientista Político y Presidente del Partido de Izquierda PAIZ. Twitter: @SalvadorMunozK (publicado en POLITIKA nº30)