Dentro del ejercicio de nuestra actividad fiscalizadora ciudadana en el ámbito de la Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, hemos llegado a la conclusión de que el proyecto inmobiliario más impúdico, por su generación, desarrollo e intento de blanquear las malas prácticas cometidas, es el mall que está construyéndose en la zona patrimonial de Castro, la tercera ciudad más antigua de nuestro país.
Ahora bien, el viernes 10 de agosto de 2012, inmediatamente después de recorrer en lancha la bahía de Castro, observando desde la distancia los característicos palafitos y obviamente el esperpento, se llevó a efecto en esa ciudad una denominada “Jornada de Reflexión Técnica de Intervención Urbana”, nombre que consideramos excesivamente inocuo, en donde se trató en exclusividad la irrupción de ese proyecto de equipamiento comercial en el sector menos apto, desde el punto de vista de la trama urbana, de los disponibles en esa localidad chilota.
Vesna Yurac, presidenta de la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile, por lo que conozco del episodio, me invitó a participar en ese encuentro que congregó a 30 personas íntimamente relacionadas con el tema. También estuvieron de forma pasiva en la reunión, la que duró un día completo, tres representantes de la empresa Pasmar, titular del polémico proyecto.
Expusieron con sólidas presentaciones, además de haber sido muy entretenidas, el arquitecto argentino Rubén Pesci, hombre comprometido hasta la médula con el desarrollo sustentable en las ciudades; Marcial Echenique, urbanista de renombre internacional, especialista en transporte, quien después de haber conocido las implicancias del proyecto, propuso interesantes soluciones viales; y el antropólogo Esteban Figueroa, conocido profesional de la zona y académico universitario.
La introducción la hizo el arquitecto Edward Rojas, especialista en patrimonio histórico, afincado en esa zona, quien fue el que dio la voz de alarma al país y al mundo sobre esta atrevida edificación. La mayor crítica al mall es su irrespeto por la escala del sector y por la ruptura del estilo de las construcciones allí emplazadas, vitales aspectos que fueron despreciados por las autoridades municipales y que, como era lógico, el empresario los pasó por alto porque su interés, como buen hombre de negocios, era solo rentabilizar al máximo su capital invertido.
Después de las charlas de los expositores se formaron cuatro grupos de trabajo que en comisiones abordaron los diferentes aspectos tratados en el seminario. En el transcurso de estos días los organizadores de la jornada darán a conocer en un documento público el resultado concreto del encuentro, con el propósito de que la municipalidad, exigiendo las correcciones de rigor y adoptando un criterio apegado a derecho, autorice más adelante la reanudación de faenas de las obras del mall. Entendemos que Pasmar, por las evidencias de la investigación, se allanará sin chistar a modificar su equipamiento comercial.
Las irregularidades detectadas por los arquitectos de Chiloé, por lo demás denunciadas por el propio Colegio de Arquitectos de Chile en la Contraloría General de la Repúblicas (CGR), son variadas y algunas de ellas ya se han conocido por informaciones parciales de prensa.
Estas irregularidades son, entre otras:
1) La municipalidad, después de haber otorgado el permiso de edificación en abril de 2008, modificó en noviembre del mismo año su Plan Regulador Comunal (PRC) para que ese equipamiento comercial no colisionara con la muy angosta vía que lo enfrenta -la calle Serrano, definida como vía local-, lo que considero en extremo caricaturesco.
2) Ese permiso no cuenta con un informe favorable de cálculo estructural y se han construido seis pisos, a pesar de que el permiso autoriza solo cuatro, con el agravante de que uno de esos pisos tiene una altura de ocho metros, en circunstancias que la altura máxima legal entre los distintos pisos es de 3,5 metros.
3) Al otorgarse el acto administrativo no se habían fusionado los cuatro predios que debieron originar el resultante, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.
4) Para evitarse el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) se declaró que el mall necesitaba menos estacionamientos que los efectivamente requeridos por su carga de ocupación.
5) Se han edificado mayores superficies que las permitidas en el permiso de edificación.
6) Hubo cambios fácticos de destino mientras se ejecutaba la construcción: seis mil metros cuadrados en el 2º y 3er piso, asignados inicialmente a bodegas, ahora contemplan locales comerciales, lo que cambia radicalmente la categoría del mall.
7) Se otorga un segundo permiso de edificación en diciembre de 2011, en un pequeño terreno colindante, para bodegas y archivo del mall. Pero en la práctica, de acuerdo al deseo de Pasmar, en esta construcción se contemplan los ingresos y descargas de camiones, lo que técnicamente es irrealizable por los ángulos de giro. Esta situación fue oportunamente rechazada en febrero de 2012 por la institucionalidad regional de Transportes.
8) Este nuevo permiso se declara independiente del anterior, a pesar de que los edificios están conectados interiormente.
9) El Consejo de Monumentos Nacionales, en abril de 2012, se dirigió al alcalde Nelson Águila, representándole el proceder municipal con respecto al mall y exponiéndole que esta invasiva construcción altera significativamente la conformación de la ciudad que él regenta.
Para no cansar a los lectores omitiremos otras tantas irregularidades cometidas, pero sí destacamos que, por razones obvias, el arquitecto del proyecto no es chileno y que para solucionar los “inconvenientes” detectados Pasmar -propiedad de Jacob Mosa- contrató a “Imaginacción”, del ex ministro Enrique Correa, la más competente de las empresas cabilderas existente en el país. En todo caso esta relación comercial terminó en junio de 2012 por razones que el autor de este compendio desconoce.
Nos llama la atención que, a la fecha, ninguno de los dos diputados del distrito ni los dos senadores de esa región hayan expresado sus opiniones respecto a este indecoroso episodio que deja muy mal tanto al sector privado de la construcción, como a las instituciones públicas que, de una u otra forma, con sus débiles actuaciones, han convalidado el temerario comportamiento del dueño de la empresa Pasmar.
Lo anterior ha quedado reflejado en un imprudente Contrato de Transacción firmado por la autoridad local y el representante legal de la sociedad dueña del mall, en donde las partes mutuamente se brindan loas y se comprometen a dejar en el olvido todas las malas prácticas pasadas.
En una columna publicada en El Mostrador, nos hemos referido a este intento de apariencias que evidentemente carece de todo valor y por ello su texto íntegro se lo entregamos oportunamente a la CGR con el objeto de que fuera analizado y confrontado con el cúmulo de ilegalidades cometidas en el proceso administrativo.
Asimismo, este acomodaticio convenio judicial fue objetado por el íntegro arquitecto que ejerce el cargo de asesor urbano de la Municipalidad de Castro, quien tuvo el coraje funcionario de llevarlo no solo ante la CGR, sino también al ministro de Vivienda y Urbanismo, máxima autoridad sectorial que quisiéramos emita algún juicio al respecto.
Es difícil vislumbrar cómo se resolverá este intríngulis, pero se podrían morigerar las cosas si Pasmar, en un arranque extemporáneo de responsabilidad social empresarial, de la cual tanto se habla en seminarios ad hoc y en los círculos del poder, reconociera sus malas prácticas, haciendo públicamente un sincero mea culpa.
El problema de fondo que vemos en este tipo de negocios es que las autoridades sucumben ante las grandes inversiones y por ello son sumisas con los actores que prometen maravillas con sus dineros. Esta deplorable intervención nos ha dejado una pésima experiencia y sería aconsejable que el gobierno central tome cartas en el asunto para que, a partir de ahora, todos los actores del mercado que se desenvuelven en el ámbito de la construcción se ciñan escrupulosamente a las reglas del juego.
En sentido contrario y si continuamos con servicios públicos serviles, en donde el Estado mira para el lado cuando se trata de poderosos, nunca llegaremos a ser un país serio y confiable. Graciosamente recordamos cuando el ex Presidente Ricardo Lagos decía, con excesiva compostura y publicidad, que aquí “las instituciones funcionan”, a sabiendas de que ello no era así. Esperaríamos que a partir del incidente relatado nos pongamos formales para que el mercado funcione con criterios parejos para todos, lo que no es mucho pedir.
Pero conociendo de cerca al dúctil sistema que nos rige, estoy seguro que nada cambiará para así no incomodar a los grupos de poder, quienes son los que dan las pautas a seguir.