Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, dos de los cinco miembros del Grupo El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI), expresaron que “las investigaciones judiciales y condenas por desapariciones forzadas son importantes hitos del Estado y la sociedad chilena en el combate a la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos”.
Las declaraciones las hicieron en una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile.
Los expertos en Derechos Humanos visitaron Chile entre el 13 al 21 agosto del presente, para examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del pasado, en particular en temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Sin embargo, a juicio de los investigadores aún persisten en Chile importantes desafíos ya que “muy pocos de los victimarios condenados con sentencia firme están efectivamente cumpliendo penas, debido a las bajas penalidades que se les impone o los beneficios que se les otorga”.
Agregaron que “la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, exige que sea sancionada considerando la gravedad del delito.
Desde el retorno a la democracia en Chile se han dado importantes pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar.
“Los diferentes memoriales constituyen reconocimientos sociales colectivos sobre las violaciones ocurridas en el pasado así como un rechazo y repudio a las mismas”, subrayaron. Entonces, el Estado debería reforzar su responsabilidad y liderazgo para asegurar que estas iniciativas, que hoy son lideradas principalmente por familiares de la víctimas, sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”, añadieron Dzumhu y Dulitzky .
Entre los desafíos que Chile debe enfrentar están la vigencia del Decreto Ley de Anmistía y la lentitud de los procesos judiciales, la permanencia de de la jurisdicción militar, la ausencia de la titpificación exclusiva del delito de desaparición forzada y que no exista un plan nacional de búsqueda de las personas desaparecidas.
“La vigencia del Decreto-Ley de Amnistía de 1978 representa un peligro latente y debe anularse. Otros desafíos importantes que Chile tiene que enfrentar, son la lentitud de los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos actuales de violaciones de derechos humanos, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas,”
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo.
El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo es el Sr. Oliver de Frouville (Francia). Los otros miembros del Grupo de Trabajo son el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano), y el Sr. Jeremy Sarkin (Sudáfrica).
El GTDFI fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para asistir a los familiares de personas desaparecidas en la averiguación de su paradero o la suerte que hubieren corrido. Actúa como un canal de comunicación entre las familias y los Gobiernos involucrados a fin de asegurar que los casos individuales sean investigados, con el objetivo de esclarecer el paradero de las personas que, habiendo desaparecido, se encuentran fuera de la protección de la ley y los continúa tratando hasta que son resueltos.
Asimismo, presta asistencia a los Estados para la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Durante su misión en Chile, el Grupo de Trabajo visitó Santiago, Valparaíso y Paine. El análisis de la información recibida durante y antes de la visita será considerado en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su sesión de marzo 2013.