A días de la votación en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público llamada, comúnmente “Ley Hinzpeter”, Amnistía Internacional y la Asociación Chilena de ONGs Acción AG lanzan una acción online de recogida de firmas en rechazo a este proyecto.
El proyecto, dicen las organizaciones, con su actual redacción, podría vulnerar derechos humanos fundamentales establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Esta iniciativa irá acompañada de diversas acciones comunicacionales y de activismo durante toda la tramitación de esta ley.
Las organizaciones convocantes han estado trabajando desde fines de 2011 para rechazar esta ley. La principal preocupación está en la norma que modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. El texto legal, al no contemplar una definición clara de “desórdenes”, podría implicar que la misma pena de tres años se aplique a conductas muy disímiles, algunas de las cuales constituyen el ejercicio de derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de reunión y de expresión. Llevado al extremo, quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto explosivo que puede causar daños a las personas.
“Aun cuando el ejercicio del derecho de reunión pacífica pueda colisionar con otros derechos – por ejemplo, la libertad de circulación – esto debe resolverse de la manera que afecte en menor medida todos los derechos involucrados, en lugar de resolverse criminalizando estas acciones en todos los casos”, plantea Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
Por su parte, Alicia Sánchez, Secretaria Ejecutiva de Acción ha señalado que “esta ley busca criminalizar la protesta social y vulnera el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse públicamente. Una Ley como esta limita nuestra democracia y no sintoniza con una ciudadanía que quiere abrir más canales de participación para que sus demandas sean escuchadas”.
Es sabido que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y, por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, si se llegase a aprobar este proyecto de ley, el Estado de Chile vulneraría ciertos derechos humanos fundamentales y estaría incumpliendo su obligación constitucional de alinear su legislación a tratados internacionales ratificados.
Para firmar en contra de esta ley, pinchar aquí