El juicio a dos coroneles en retiro de la Fuerza Aérea de Chile por torturas con resultado de muerte en la persona del general Alberto Bachelet pone en evidencia que el golpe de estado significó no sólo un crimen contra la población civil sino, y en primer lugar, al interior mismo de las fuerzas armadas. Todos los oficiales y suboficiales que no adhirieron a la asonada golpista fueron destituidos, torturados y, en muchos casos, asesinados por sus propios compañeros de armas. De hecho, hubo muchos uniformados “constitucionalistas” que en un gesto patriótico colaboraron lealmente con el gobierno del presidente Salvador Allende, siguiendo la llamada “doctrina Schneider”
La responsabilidad por tales crímenes no alcanza solo a quienes ejecutaron las órdenes sino, y muy especialmente, a los autores intelectuales que las dictaron. En el caso de la muerte por tortura del general Alberto Bachelet detenido en la Academia de Guerra, es necesario recordar que el director de dicha institución, en ese entonces, era el general Fernando Matthei, quien fuera después miembro de la junta de gobierno. La red de terror tejida por los golpistas alcanzó a los más altos mandos de las instituciones armadas, comprometiendo a muchos uniformados en crímenes deleznables.
El juicio por el caso del general Bachelet abre un ignominioso y doloroso expediente de la dictadura, sin embargo, constituye un signo en el sentido adecuado. Como toda tragedia, la nuestra linda con la muerte y la vergüenza. Una tragedia anunciada por el coro vocinglero e insolente de un sector que sintió amenazados sus privilegios y que culminó con la Moneda en llamas y la muerte del presidente constitucional. Una inmolación que marca a sangre y fuego la historia de nuestro país hasta la fecha.
La justicia chilena no puede hacer oídos sordos a la demanda ciudadana, precisamente, por justicia y verdad. Hasta la fecha, los caminos establecidos han sido más bien tortuosos e ineficaces. Mientras en otras latitudes se ha llevado a los tribunales a los cabecillas de atrocidades similares a las cometidas en nuestro suelo, se advierte entre nosotros una cierta indolencia, acaso una negligencia, respecto al tema de los Derechos Humanos.
El reclamo de los familiares de las víctimas, sea que se trate de uniformados o civiles, no puede ser desoído por el Chile actual. La democracia que anhelamos debe construirse sobre las sólidas bases de una justicia cierta que devele toda la verdad de lo acontecido, por sórdido o triste que resulte. A las nuevas generaciones les asiste el derecho moral de conocer todos los pormenores relativos a la dictadura militar. Solo de este modo seremos capaces de superar los traumáticos efectos de nuestra tragedia colectiva en el presente.
Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS