Una nueva expresión de la inequidad de la institucionalidad chilena surgió al hacerse pública la condonación de deudas de cien millones de dólares que la tienda Johnson’s mantenía con el Servicio de Impuestos Internos. Una operación oscura, que sin embargo deja entrever la íntima relación de conveniencia entre los que detentan el poder político y los gestores privados de la economía. Las leyes no sólo han sido diseñadas para su comodidad, sino también se adaptan y se evaporan, si es necesario.
El “perdonazo” del SII a Johnson’s, una operación que tiene varios niveles e interpretaciones, es también un buen símbolo del Chile neoliberal. No sólo es el arte de la prestidigitación, capaz de hacer desaparecer cien millones de dólares en un acto de ilusionismo, sino que revela por quiénes y para quiénes está diseñado este modelo. Mientras Impuestos Internos persigue y aplica intereses y multas a las personas y pymes morosas, condona una deuda millonaria a uno de los grandes agentes del retail y allana el camino para la consolidación de la inequidad. Tras la operación de saneamiento, Johnson’s quedó sin lastres tributarios que dificulten su venta, por eso posteriormente fue comprada por Cencosud, grupo que factura más de 15 mil millones de dólares anuales.
Durante las últimas semanas han sucedido una serie de eventos que apuntan a evidenciar lo que serán los últimos meses del gobierno de los empresarios. Además del “perdonazo” a Johnson’s, el gobierno informó que la explotación del litio la hará el sector privado, el que pagará sólo un royalty del siete por ciento. Más tarde se planteó el cumplimiento de un viejo deseo empresarial, la flexibilidad laboral, pero a última hora se suspendió por temor a un nuevo conflicto social. Tal vez es cosa de tiempo. A medida que avance la crisis y aumente la tasa de desocupación, se lanzará, como en tantas otras crisis, esta nueva agenda empresarial, hoy en boga en varios países europeos.
Ninguna de estas acciones apunta a ampliar o profundizar el modelo neoliberal. A partir de su consolidación, estas señales más bien responden a la continuidad, acaso la inercia. Son nuevas aplicaciones de un diseño ya probado. No hay innovación, simple repetición. A diferencia de los gobiernos pasados -como fue la agenda pro crecimiento durante los años de Ricardo Lagos, la privatización de puertos y sanitarias durante la administración de Frei Ruiz-Tagle o la concesión de casinos de juego por Michelle Bachelet-, el neoliberalismo ha tendido a su saturación. Un agotamiento del modelo que surge desde sus consecuencias. A diferencia de la década pasada, hoy los efectos del modelo, desde la concentración de la propiedad a sus efectos laborales, salariales y sociales, impiden su abierta expansión. Su continuidad parece realizarla entre la oscuridad y el ocultamiento de operaciones encubiertas, y a través de hechos consumados.
OPERACION TRIBUTARIA
“El Fisco jamás condona impuestos” dijo tras el escándalo Julio Pereira, director del SII, porque “este proceso sólo se da respecto de las multas e intereses que acumulan los contribuyentes frente a una deuda determinada”. Una afirmación que ha sido cuestionada por la opinión pública a través de las redes sociales y por diversos parlamentarios, que han instalado una comisión investigadora para esclarecer el caso. Uno de los impulsores de esta instancia, el diputado Pablo Lorenzini (DC), destaca la necesidad de transparencia.
Dijo a la prensa que se trata de “muchos miles de millones de pesos, justo cuando estamos debatiendo una reforma tributaria que es bastante escueta. Queremos ver los antecedentes y corregir a futuro, ver qué base tiene esto y quién toma las decisiones. Es un tema de claridad y transparencia de los métodos”. La participación de Cencosud en esta operación ha llevado a éste y otros parlamentarios a plantear públicamente todo tipo de sospechas. Recordemos un informe de la Contraloría sobre la venta a la Onemi, por parte de Cencosud, de alimentos ingresados al país como ayuda.
El senador Alejandro Navarro, otro de los gestores de la comisión, explicó “que existe una consideración exagerada a la gran empresa, que tiene los recursos para pagar, en desmedro del trato que se le da a las pymes, fundaciones y particulares”. Navarro agregó que en la reforma tributaria enfrentarán a fondo estas situaciones, por lo que buscan se modifique el artículo 53, inciso final del Código Tributario, para que el Estado pueda seguir aplicando intereses penales a los contribuyentes morosos, las grandes empresas, pero no a las pymes ni a las personas comunes. “No es posible que los cobros y embargos se apliquen sólo a los más débiles, y los perdonazos a los poderosos”.
Lo que esta irregular condonación ha dejado nuevamente al descubierto es no sólo la tremenda inequidad tributaria del sistema chileno, sino que también cómo los más poderosos practican de manera casi regular la elusión y evasión tributaria. Mientras las personas y las pymes son perseguidas por no pagar, los poderosos se las arreglan a través de todo tipo de subterfugios para eludir el pago y quedar indemnes.
Es así como ha salido a luz la abierta relación de funcionarios del SII con las empresas contribuyentes. Ante el escándalo, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) publicó una declaración que rechazaba el “montaje para esconder a los verdaderos/as responsables, no reconocer el conflicto de intereses en juego y el trato preferencial que esta Dirección del SII le ha dado a los grandes empresarios de este país”. Más aún, la declaración instaba a Julio Pereira a admitir que la aprobación de una condonación “de esa naturaleza emana desde su gabinete”.
Aquí hay un abierto conflicto de interés, según los funcionarios de carrera del SII, que envuelve al subdirector jurídico, Mario Vila y a Pereira. Vila asesoraba a Johnson’s en materias tributarias a través de PricewaterhouseCoopers desde el Departamento de Asesoría Legal y Tributaria en el que trabajó hasta 2010 junto a Pereira.
PIÑERA ENTREGA LA EXPLOTACION DEL LITIO AL SECTOR PRIVADO
El caso del litio es aún más grave. Es la incorporación de un nuevo sector extractivo y sus potencialidades a la lógica neoliberal. Sin más debate, el gobierno decidió llamar a una licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la extracción del litio a condición, tal como en la minería del cobre, del pago de un royalty que equivale al siete por ciento de las ventas. La determinación del gobierno, que no ha pasado por el trámite legislativo, es especialmente grave por las implicaciones estratégicas que tendrá en el futuro este mineral. Chile, junto a Bolivia y Argentina concentran aproximadamente el 80 por ciento de las reservas mundiales, situación que para muchos analistas podría cambiar las expectativas económicas futuras del país, si la explotación la hiciera una empresa del Estado.
La Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc) declaró en un comunicado que el mismo Codelco “debe y puede liderar la explotación del litio en nuestro país, de forma que esos recursos queden en manos de todos los chilenos y no en manos de empresas privadas, sean éstas chilenas o extranjeras”.
Según esta Federación, Codelco posee pertenencias de litio que puede perfectamente explotar y también hacerse cargo de otras, dado que cuenta con expertos mineros de clase mundial, algo que fue demostrado en el rescate de la mina San José. Sólo se necesita que los Ministerios de Hacienda y Minería entreguen recursos de sus propios excedentes para ello. “No entendemos se llame a otras empresas para explotar el combustible del futuro, dado que el petróleo se está acabando”.
Hoy Codelco es la primera empresa de cobre del mundo; entregó en los últimos ocho años 55 mil millones de dólares al país y puede ser la primera compañía especializada en explotar litio a nivel internacional.
La Federación llama a avanzar a un acuerdo nacional en torno al litio. Tal como en 1971 se pusieron de acuerdo todas las fuerzas del espectro político representadas en el Parlamento para nacionalizar el cobre, hoy debieran hacerlo para que por ley sea el Estado, a través de Codelco, quien se haga cargo de este desafío que puede permitir en el futuro algo más que financiar una educación gratuita y de calidad y una salud digna. “Chile no puede perder esta oportunidad. Es el momento que todos nos pongamos la camiseta de Chile”, enfatizan.
CONDONACION, ELUSION Y EVASION
Volviendo al escándalo tributario, lo cierto es que no se trata de una excepción. En ningún caso. Al observar el comportamiento tributario, esta parece ser la regla. Los grandes poderes se las arreglan de una u otra manera para no pagar o pagar mínimos impuestos.
Chile es el país latinoamericano con los impuestos corporativos más bajos de la región, concluye un estudio de PriceWaterhouseCoopers y el Banco Mundial publicado en diciembre del año pasado sobre un modelo teórico que considera impuestos a las ganancias, laborales y otros más específicos. En Chile una empresa paga 25 por ciento en estos diversos impuestos, en tanto en países de la región van desde un 40 por ciento en Perú, un 50,5 por ciento en México, un 69 por ciento en Brasil, a un 108 por ciento en Argentina.
No sólo las empresas gozan de bajos impuestos. Numerosas organizaciones disfrutan de exenciones tributarias, las que van desde las iglesias a las universidades privadas. Por ley, la Iglesia Católica, pese a disfrutar de numerosos bienes, no paga impuesto a la renta ni contribuciones territoriales. Está eximida del pago tributario en la construcción de templos, en su reparación, en toda su operación económica e, incluso, por las donaciones.
Está también la educación. Al observar los resultados de las universidades privadas, este negocio se eleva como uno de los más rentables en el país, amparado por franquicias tributarias. Hacia finales de diciembre, en pleno proceso de postulación a las universidades, el Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES), publicó que las 58 casas de estudio que entregaron sus datos obtuvieron ingresos por ventas, en 2009, por más de cinco mil millones de dólares.
Pese a la baja tasa impositiva, en Chile existen altos niveles de elusión, pergeñados por los contribuyentes bajo cláusulas de beneficios tributarios. Por la ventana de las franquicias tributarias se elude el pago de muchos impuestos. Cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII) han establecido en unos tres mil millones de dólares lo que el Estado deja de percibir cada año por estos intrincados mecanismos. Un cálculo que no considera la evasión, que es simplemente el no pago de los impuestos. Según el SII, en 2009, estimulado por los efectos recesivos de la crisis financiera global, sólo por la evasión del IVA el Fisco dejó de percibir unos 3.200 millones de dólares.
Aun cuando la evasión es un delito, la elusión es un territorio opaco de la legalidad. Es una acción al interior o en la frontera de la norma, que tiene como objetivo reducir el pago de impuestos a través del uso de los espacios vacíos u oscuros de la regulación. Pese a ser un acto legal, es una ventanilla para no cumplir justamente con las obligaciones fiscales. Se trata de una acción totalmente extendida, que va desde la creación de sociedades de papel por parte de profesionales, hasta grandes operaciones de traspasos de propiedad. Cuando el presidente Sebastián Piñera vendió sus activos en LAN el año 2010, utilizó una de estas fórmulas para eludir el pago de impuestos. La operación, empleada como una práctica natural, de pleno sentido común por el mismo jefe de Estado y empresario, es obviamente un incentivo para el resto de los contribuyentes, que buscan este agujero para canalizar hasta el sencillo, como ocurre con el vuelto en supermercados y farmacias destinado a donaciones. Aquí el truco para la evasión es acogerse al beneficio tributario de la ley 19.885 de donaciones, lo que hacen con el dinero de sus clientes.
La doctrina neoliberal busca eliminar todo tipo de excepciones en el pago de impuestos y aranceles, como ha sido con el histórico rechazo de los gobiernos a eliminar el IVA a los libros o en el subsidio al pan. Pero en los hechos, hay grandes contradicciones: hay numerosos beneficios tributarios a grandes y poderosos sectores, como el de la construcción, y también innecesarios subsidios, como el que reciben las empresas forestales.
Las empresas constructoras gozan de un crédito especial, equivalente al 65 por ciento de los débitos del IVA determinados en la venta de los bienes inmuebles. La franquicia se estableció en 1975 con la creación del impuesto a las ventas y servicios (IVA), y se revisó en 1987 para incentivar la construcción de viviendas sociales. Pero el beneficio se ha desvirtuado, y se emplea para la edificación de viviendas caras, lo que ha significado un suculento subsidio del Estado a este poderoso sector de la economía.
En el sector forestal existe algo similar desde los primeros años de la dictadura. El DL 701, dictado en 1974, ha subsidiado desde entonces a los mayores grupos económicos chilenos, cuya última revisión y extensión data del gobierno de Michelle Bachelet. Tal como en las constructoras, el lobbying de los grandes grupos económicos del sector forestal (Matte y Angelini) ha convertido estos subsidios en permanentes.
En Chile existe un impuesto a la herencia que prácticamente no funciona. El sistema tiene tantas filtraciones, que hacen de la elusión parte de su naturaleza. Sólo la herencia del multimillonario Anacleto Angelini es recordada como una fortuna que pagó más de 200 millones de dólares en impuestos. Pero es la excepción.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 760, 22 de junio, 2012